¿Defender la vida o el Servicio Militar Obligatorio?

Editorial Aquí 366

La tragedia de Viacha en el municipio de La Paz —ocurrida el 4 de septiembre de 2026 tras dos fuertes explosiones consecutivas en el Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada RAM-2 "Bolívar"— no solo dejó numerosas víctimas mortales y severos daños materiales en las zonas aledañas, sino que vuelve a poner en entredicho el rol de las fuerzas militares en nuestro país y, por añadidura, la justificación y vigencia del servicio militar obligatorio.

Desde el nacimiento de Bolivia como república, los mandos militares, jefes y oficiales, estuvieron en manos de la élite de la sociedad; pero, la tropa de los regimientos se nutrió de mestizos e indígenas, aunque legalmente los indígenas estuvieron exentos de prestar servicio militar en el Ejército boliviano hasta comienzos del siglo XX; sin embargo, durante la Guerra del Pacífico su reclutamiento fue forzoso.

El Servicio Militar Obligatorio se estableció oficialmente desde 1907, mediante la Ley de Servicio Militar del 16 de enero de 1907, con lo cual el reclutamiento en las poblaciones indígenas a un comienzo fue forzoso, pero luego, sobre todo después de la Revolución de 1952, y más aún después de la firma de la Reforma Agraria en 1953, los indígenas que pasan a llamarse campesinos, según el léxico impuesto por el nacionalismo gobernante, se enrolan paulatinamente, de manera que con los años, aquel que no se alistaba al cuartel, además de entrar legalmente en la categoría de rezagado o remiso, en su comunidad no es reconocido como ciudadano pues quien no hace el servicio militar aun “no es persona”.|

Alistarse al cuartel está muy arraigado en los pueblos indígenas, porque ese sentimiento o tradición o costumbre de “hacerse persona”, sobre todo en el occidente andino, es el aval para considerarse ciudadano pleno, aunque muchas veces, en la realidad, no goce de todos los derechos debido a la latente discriminación que existe; de todas maneras, el ingreso a los cuarteles como el licenciamiento de los conscriptos es uno de los actos que más enorgullece a las familias de las comunidades agrarias del área andina.

Pero, además del orgullo de “servir a la patria”, de vestir el uniforme militar, de portar armamento de guerra y desfilar con ella, de soportar los rigores —por no decir abusos— de los oficiales y suboficiales, incluidos los del escalón superior, de cumplir con ese requisito para ejercer funciones públicas o para acceder a determinados derechos civiles ¿qué beneficios reales lleva hacer el servicio militar?

En febrero de 2024 se publicó en este Semanario una nota titulada “Servicio militar obligatorio, una obligación anacrónica e incongruente en el Estado pacifista de Bolivia” https://www.semanarioaqui.com/index.php/a-rajatabla/4841-servicio-militar-obligatorio-una-obligacion-anacronica-e-incongruente-en-el-estado-pacifista-de-bolivia donde se cuestiona esa obligación constitucional y se recuenta, además, las víctimas que ocasionó en 14 años, entre el 2010 y comienzos del 2024.

Desde entonces se siguen sumado los atropellos. En febrero de 2025 la Defensoría del Pueblo emitió un pronunciamiento donde denunció que en el Regimiento de Infantería 29 “Capitán Echeverría”, en Casarabe (Beni), se vulneró la integridad y los derechos humanos de ocho conscriptos, cuyo presunto autor, un sargento, estaba detenido en Trinidad (Beni) en espera de la imputación por parte de la Fiscalía; en ese mismo documento la Defensoría señaló que durante el año 2024 “tomó conocimiento de cuarenta y cinco hechos de vulneración de los derechos humanos de soldados al interior de recintos militares”

En marzo de este año, un conscripto de 19 años, Reynaldo Javier Charca, que cumplía el servicio militar en el municipio Bella Flor (Pando), en el Regimiento de Infantería 35 “Bruno Racua”, perdió la vida en las proximidades del río Rapirrán, presuntamente por ahogamiento.

Con los sucesos de Viacha, a comienzos del presente mes, se multiplicaron las protestas y los lamentos de los padres y familiares de las víctimas; pero, todo seguirá como antes: el servicio militar seguirá siendo obligatorio, muchos jóvenes y sus familias se volcarán a los cuarteles en cada llamamiento y, desgraciadamente, tendremos más damnificados que entrarán a las estadísticas.

Si Bolivia se define constitucionalmente como un Estado pacifista, surge una contradicción fundamental: ¿por qué se mantiene la obligatoriedad del servicio militar? Sería más sensato optar por un reclutamiento voluntario enfocado en la profesionalización de los soldados, dotándolos de especialidades técnicas y útiles para la sociedad. Aún es tiempo de ser sensatos y dejar atrás discursos patrioteros demagógicos y evitar cargas y pesadumbres innecesarias a las familias bolivianas.