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Cadena de mentiras e impunidad en la conducta de gobernantes

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Miembros o ex miembros del actual gobierno mienten tanto que ese es un rasgo de su comportamiento que ya los caracteriza. Ahora esas mentiras, casi diarias o diarias de los gobernantes, se mezclan o se propagan para asegurar la impunidad, por ejemplo, del ex ministro de Gobierno que ha sido nombrado, por el Presidente, como embajador de Bolivia en la ONU o como su representante en ese organismo internacional.

En esta nota referimos las más notorias mentiras de ese ex funcionario público, ahora representante diplomático. La ex autoridad, antes fue nombrado embajador de Bolivia ante el gobierno de Estados Unidos, pero no asumió ese cargo por razones personales, informó.

Se dijo que cuando el ex ministro de Gobierno ocupaba el cargo de Viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, poco o nada hacía, lo que confirmó hace horas uno de los dirigentes de esos movimientos sociales.

El ex servidor público, desde las oficinas del Ministerio de Gobierno, en una entrevista con el diario La Razón de La Paz, dijo que a esa cartera llegó para “revolucionar” a la Policía Boliviana (PB) y que los policías iban a ser los verdaderos defensores de los derechos humanos. En este momento, incluso funcionarios del gobierno admiten que “metieron la pata” al aprobar la ley que norma la disciplina de los efectivos, especialmente subalternos de la institución policial; proyecto de ley que fue al menos presentado por el ex Ministro de marras. La práctica ayuda a confirmar o a desmentir dichos y/o hechos, por lo que afirmamos que lo dicho por S. Llorenti sobre la PB se constató como falso.

Ante el bloqueo del camino La Paz-Caranavi, en demanda de la instalación de una planta procesadora de cítricos en Caranavi, el entonces Ministro de Gobierno mintió cuando dijo que en esa capital de provincia operaba un grupo político armado, sobre el que nunca se intentó una investigación; que a los dos estudiantes que murieron allí, a pesar de ser evistas, les dispararon francotiradores y no policías como ocurrió según testigos y aseguró que el desbloqueo mediante el uso de la fuerza pública fue para evitar un enfrentamiento entre bloqueadores y cooperativistas auríferos de Guanay, lo que se estableció como mentira porque los cooperativistas auríferos aclararon que jamás se enfrentarían con los caranaveños. Apoyado en esas mentiras, sin embargo, el ex ministro de Gobierno consiguió que se lo excluya del proceso por los muertos en Caranavi (2010), con lo que consiguió avanzar hacia la impunidad la que, sin embargo, esperamos que no sea eterna.

Es bueno recordar que los únicos imputados dentro de un proceso por los hechos luctuosos de Caranavi son jefes policiales los que sí recibieron órdenes para operar, tanto del Presidente como de su Ministro de Gobierno. El Presidente señaló que antes de un viaje que hizo a las Naciones Unidas, él había instruido el desbloqueo del camino La Paz-Caranavi. Desde esta columna nunca dijimos que el Presidente dio la orden para matar a los estudiantes de Caranavi, pero es cierto, según declaraciones de testigos, que fueron policías los que dispararon contra ellos, como constató una investigación de expertos, informe que consta en el expediente del proceso indicado.

Al ex Ministro de Gobierno le sirve como coartada (otra mentira) su afirmación: que se rompió la “cadena de mando”, lo que habría dado lugar a que estalle la represión en Chaparina contra los indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS.

Respecto de este caso, los gobernantes han propagado mentira tras mentira. El Presidente, inmediatamente después de la represión, pidió disculpas y añadió que él no dio la orden para reprimir a los marchistas. Luego el Vicepresidente anotó que él sabía el nombre del que ordenó la acción policial del 25 de septiembre de 2011 en Chaparina; sin embargo, hasta hoy no revela el nombre del presunto autor, lo es un acto de encubrimiento, según normas.

De acuerdo a una carta del que fue Viceministro de Seguridad Interior y Policía, él fue el portador de la orden del que en ese momento ejercía el cargo de Ministro de Gobierno para “intervenir” la marcha. Sin embargo, es imprescindible anotar que antes del 25 de septiembre, el gobierno decidió impedir que la VIII marcha indígena llegue a la sede de gobierno, de modo que la represión sólo fue un episodio brutal en pos de ese objetivo, aunque frustrado.

La orden para la represión a los indígenas (incluidos niños y ancianos) la dio y/o la retransmitió el ex Ministro de Gobierno. Innumerables personas, dirigentes de distintas agrupaciones, especialmente los indígenas, en esta publicación virtual, estamos convencidos de que el Presidente dio la orden para la acción represiva para acabar con la VIII marcha indígena. El entonces Ministro de Gobierno fue un eslabón y no hubo tal ruptura de la cadena de mando.

Todo lo que se diga con el propósito de liberar de responsabilidad al Presidente, Vicepresidente y ministros, como el de Gobierno de ese momento, no conseguirán que la gente olvide y/o perdone a los autores intelectuales y materiales de la represión de Chaparina. Al revés, exigimos y exigiremos sí, justicia, como plantean los organismos que de veras defienden, difunden y promocionan los derechos humanos en nuestro país.

Fiscales y jueces obedientes, que se comportan según las exigencias de los gobernantes, han excluido de la investigación sobre los sucesos de Chaparina nada menos que al que dio la orden o que la recibió del Presidente o que cuando menos la consultó al primer mandatario.

Además, será difícil conseguir que a ese ex funcionario se lo reincorpore al caso Chaparina, como piden dirigentes indígenas, representantes de las víctimas de esos hechos.

Esa exclusión del ex Ministro de Gobierno de un proceso en el que él debe formar entre los principales imputados, acusados y procesados es un paso, al menos por ahora, hacia el disfrute de una impunidad la que, sin embargo, tiene pasos cortos. En este tiempo en el que el ex Ministro de Gobierno goza de protección, sobre todo del Presidente y del Vicepresidente, al menos tendrá algún cargo de conciencia, entre otras cosas, porque sus crímenes deben investigarse, procesarse y sancionarse; es decir, la impunidad que le favorece en este momento acabará, esperamos que más temprano que tarde.

Los más probable es que el ex funcionario público asuma la delegación boliviana y del Presidente en la ONU. Allí tendrá rango diplomático y en apariencia vivirá libre de polvo y paja. Así se habrá materializado lo que dijo el Presidente cuando sustituyó al ahora Embajador en Naciones Unidas. El Presidente boliviano dijo que uno de los responsables de la represión en Chaparina fue uno de sus mejores ministros y que asumiría otras responsabilidades.

El Vicepresidente añadió que el ahora Embajador en la ONU tiene todas las condiciones para asumir esa delegación diplomática. Así también se hará cargo de nuevas responsabilidades, las prometidas.

El Presidente y Bolivia, lamentablemente, tendrán en la ONU un embajador con muchas sombras y con pocas luces.

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