Los yacimientos mineros de Colquiri son de los bolivianos

Editorial

La experiencia boliviana nos debe llevar a proponer que la reversión de minerales al dominio del Estado, como los que explota la empresa Sinchi Wayra (SW) en Colquiri mediante un contrato dañino a Bolivia, debe ser el camino hacia la constitución de un sector social de la economía. A la vez es urgente divulgar que las cooperativas mineras, en cambio, en un porcentaje abultado son empresas capitalistas, como lo demuestran varios ejemplos.

Sin embargo, de acuerdo a la información de la que disponemos, lo esencial de la disputa que se desarrolla en Colquiri son los intereses de SW a la que por acción u omisión le sirve una "nacionalización", como plantearon los gobernantes y/o su continuidad, como propusieron los cooperativistas, a los que esa empresa les ofreció una veta y cuya producción sería vendida a SW para que ésta la comercialice con las ventajas que logran esas compañías en el mercado internacional.

SW explota, en Colquiri, especialmente estaño y zinc: parajes mineros que han sido concedidos en alquiler por el Estado. Una fuente creíble nos hizo saber que SW debe no menos de $us. 100 millones (por una parte de sus operaciones) y que sus ejecutivos tratan de liquidar esa empresa y constituir otra para que continúe en la extracción de los yacimientos mineros de Colquiri. Para esclarecer este asunto, ayuda lo dicho por el Viceministro de Desarrollo Productivo Minero, a medios de difusión, que los minerales que extrae SW, en Colquiri, son de propiedad de COMIBOL. Ese funcionario, además, calificó como "leonino" ese contrato que autoriza las operaciones mineras de SW en Colquiri.

El enfrentamiento entre asalariados y cooperativistas mineros, en Colquiri, es una consecuencia de la disputa de intereses, de la lucha por el pan. Los primeros tratan de asegurar el trabajo por el que reciben un salario (el que en Huanuni es de Bs 10.000 en promedio); en tanto que los más de 100.000 cooperativistas mineros, perciben montos variados, pero sobre todo un grupo muy pequeño de ellos se queda con la parte del león, es decir, como los empresarios privados, ganan mucho más que la mayoría que integra ese sector laboral.

Es cierto que los cooperativistas mineros trabajan sin medidas de seguridad industrial y que saquean los yacimientos en los que laboran. Y porque carecen de dirección técnica y operan desprotegidos, al comienzo del auge de esa actividad, luego de la denominada "relocalización", se los denominó "nuevos mitayos" de esos tiempos neoliberales.

De ese grupo socio-laboral han surgido los nuevos ricos que son los menos. Uno de ellos financiaba al club deportivo de fútbol Nacional Potosí, lo que hacía, dijo, por sus "hermanos mineros". Otro de esos nuevos ricos es dueño del hotel más lujoso de Santa Cruz de la Sierra. Potosinos, mejor informados, identifican a esos nuevos explotadores de recursos mineralógicos con mano de obra de supuestos cooperativistas, muchos de los que en realidad son asalariados.

Además, esos cooperativistas prósperos casi siempre son socios o al menos se comportan como facilitadores de los empresarios que comercializan minerales y que exportan, incluidos los minerales resultado del "juqueo", es decir, del robo de esa materia prima.

Esos nuevos ricos integran los sectores sociales dominantes (explotadores y opresores), básicamente, como los otros patrones y allí la apropiación de las ganancias es de tipo individual.

En cambio, los asalariados, por muy bien pagados que estén, nada tienen de propietarios privados. Ese es un rasgo esencial que diferencia a los trabajadores de empresas, como la SW, respecto de los cooperativistas. Los asalariados mineros son explotados y oprimidos con lo que sólo en parte, con su trabajo, aseguran parte significativa de los salarios de los bolivianos y aunque no tengan la capacidad de decisión de otro tiempo.

Sin embargo, sólo en momentos como ahora, que demandan del gobierno la "nacionalización" (conclusión del contrato de arrendamiento es mucho más apropiado) de SW y de todos los yacimientos mineros de Colquiri, tratan de comportarse como vanguardia de las luchas sociales y políticas de los trabajadores bolivianos. Todos los cooperativistas serán incorporados a la empresa nacionalizada y en ese centro minero no habrá cooperativistas en el futuro inmediato, dijo uno de los voceros de los trabajadores regulares en medio de los enfrentamientos de Colquiri, los que lamentamos. Y aunque no dijeron expresamente, los que proponen la "nacionalización" de SW, quizá se apoyen en el ejemplo de Huanuni, empresa en la que casi todos los cooperativistas del lugar fueron absorbidos por ese centro minero, actualmente con las mayores reservas de estaño en explotación del país.

El conflicto por intereses económico-sociales y, en particular, los enfrentamientos de los que resultaron heridos (cuatro de gravedad) son la demostración de que los mineros asalariados dejaron de ser lo que fueron, cuando al mismo tiempo de luchar por sus demandas legales y legítimas, lo hacían por el conjunto de los trabajadores, precisamente, porque las peticiones de unos y de otros coincidían en lo principal. Y es también esencial decir que esos enfrentamientos tienen como telón de fondo los intereses de la SW, la que si se rescinde el contrato referido, cobraría una indemnización, cuyo derecho se anticiparon en reconocer las autoridades bolivianas.

El conflicto de Colquiri debe ser leído sin anteojeras el que, entre otros factores, se debe a la despolitización y a la desideologización de los nuevos contingentes de trabajadores del subsuelo. Al revés de lo que antes se decía y se hacía, en este último tiempo no existe partido político alguno que influya al menos entre los asalariados mineros (y también entre los cooperativistas) para que otra vez se consiga la "fusión" de ideas avanzadas con el movimiento obrero minero. Con la relocalización, fueron sacadas de allí las formas revolucionarias de ver el mundo y la vida, así como los instrumentos para el análisis de las condiciones de vida y de trabajo, por lo que no existe la propuesta para que los trabajadores luchen por su emancipación que será obra de ellos.

Además, actualmente se ve que hay mucho de revuelta y poco de revolución entre los mineros asalariados y entre los cooperativistas predomina el interés de la apropiación individual del trabajo que es el que despliega la mayoría de ese creciente contingente de trabajadores por cuenta propia, incluidos los pocos que viven del trabajo asalariado de esa mayoría laboral.

Los asalariados mineros, en su último congreso realizado en Potosí, aprobaron como propuesta política la nacionalización de las minas, como primordial tarea de este período. Sin embargo, respecto de ese planteamiento, miembros de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) tienen un comportamiento dual: rechazaron la nacionalización de la empresa San Cristóbal cuando el actual ministro de Minería dijo que una aspiración de potosinos y bolivianos es la recuperación de los recursos mineros que esa compañía explota. Antes, otros dirigentes sindicales mineros del sector privado, incluso en ampliados de la COB, dijeron que a los trabajadores del subsuelo no les convenía la nacionalización porque el Estado era incapaz de mantener la producción y, por tanto, sus puestos de trabajo. Hace poco, el Presidente señaló que son los dirigentes sindicales mineros los que se oponen al rescate de las riquezas mineralógicas para las regiones, el pueblo y el país, lo que dijo que le extrañaba.

Desde Aquí celebramos que asalariados de las minas exijan la "nacionalización" total de los recursos mineros de Colquiri, aunque con propiedad debe hablarse de conclusión del contrato y reversión de esos yacimientos mineros al dominio del Estado. Sería una medida de veras avanzada si su destino fuera la articulación de un sector social de la economía boliviana; en el que los trabajadores participen de las decisiones políticas, económicas y administrativas, y en el que la propiedad sea colectiva.

Lo que reprobamos es que el gobierno firme un convenio con los cooperativistas para ampliarles sus parajes mineros, para una explotación en beneficio particular (incluidos créditos, maquinaria, liberación de impuestos y otras gangas) y a la vez prometa la "nacionalización" de las pertenencias mineras de las que extrae esas riquezas SW, en Colquiri, las que son de propiedad de los bolivianos.

¿A eso se denominará complementariedad, equilibrio de intereses, coexistencia de dos grupos humanos que tienen intereses contrapuestos, aunque no sean irreconciliables?

Lo más grave: así se simula un servicio adicional a SW, cuya conclusión de su contrato para la explotación de los recursos mineros de Colquiri, procedería por su deuda al Estado y a los bolivianos. Deuda que SW debió pagar hace tiempo y los gobernantes con certeza que están enterados de esa obligación y no la emplazan legalmente a esa empresa para que la cubra.

Deducimos, sin embargo, que los gobernantes sobre todo en aras de una tercera elección del actual Presidente traten de atender las demandas de los cooperativistas y al mismo tiempo pretendan contentar a los que creen (o creemos) en la recuperación de las riquezas naturales para las regiones, el pueblo y el país. ¿El llamado Estado plurinacional le debe algún servicio a SW?

Los más de 100.000 cooperativistas mineros, potenciales electores del Presidente, son los que cuentan más que otras consideraciones, pensamos, el momento de buscar una salida al conflicto de Colquiri.

El gobierno debe decidirse, con claridad y sin dobles intenciones, por la reversión al Estado de los recursos mineros de Colquiri, en el camino hacia un sector social de la economía del país. Y, como en Huanuni contratar, proletarizar, a los cooperativistas mineros.

Lo que no tienen que hacer los gobernantes y el Presidente es intentar un viaje en dos cabalgaduras la vez, sobre todo porque muestran que son jinetes tramposos frente a potros que se desbocan, es decir, que emprenden el galope por vías poco o nada conocidas.