Buscando explicaciones al conflicto del TIPNIS

Jenny Ybarnegaray Ortiz (*)

La Paz, 22 de septiembre de 2011

Para el Semanario “La Época”

 A más de un mes de iniciada la VIII Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad en defensa del TIPNIS y ante el agravamiento de la situación, con heridos de por medio, no debe de haber una sola persona en este país que pueda quedar indiferente ante un conflicto que pudo haber sido evitado oportunamente y que, por el contrario, tiende a profundizarse.

Suman pronunciamientos y acciones de apoyo a la marcha, mientras el gobierno porfía en su intención de llevar adelante el proyecto de la carretera a través del TIPNIS esgrimiendo argumentos cada vez menos convincentes, utilizando recursos innobles como el amedrentamiento y la descalificación de la dirigencia de la marcha y alentando la confrontación entre sectores antes unidos en ese “Pacto de Unidad”[1] que lo condujo a la alta responsabilidad de dirigir los destinos del país muñido de una nueva Constitución Política del Estado.

El gobierno procura descalificar este movimiento social acusándolo de “político” ¿puede considerarse ese un argumento descalificador? Toda acción destinada a modificar el orden establecido es político, lo fueron las jornadas de la “guerra del agua” en 2000 y la “guerra del gas” en 2003, también lo es este movimiento que procura defender el TIPNIS; por lo tanto, la acusación resulta absolutamente desatinada y absurda: por supuesto que es un movimiento político y los que menos debieran utilizar ese argumento es quienes en el pasado fueron “acusados” de lo mismo.

Lo que se debe reconocer ahora es que, desde su fundación, el “Pacto de Unidad” contenía un conflicto de intereses prácticamente insalvable: las organizaciones indígenas reunidas en la CIDOB buscan preservar sus modos de vida controlando sus territorios, mientras que la CSUTCB, la CNMCIO-BS y sobre todo la CSCB (ahora denominada CSPIB) procuran abrir frontera agrícola avanzando sobre esos territorios. Es ese el conflicto que hoy se hace evidente y no otro, la prueba de ello es que es justamente la CSPIB, a través de la Central de Yucumo, quien procura frenar la marcha con amenazas temerarias.

Una vez más, surge con fuerza el conflicto por la tierra, lo lamentable es que en esta oportunidad el conflicto se dé entre pequeños productores pobres (en su mayoría), quedando en suspenso el saneamiento de tierras de descarados latifundistas que hoy baten palmas observando el curso del conflicto, que se rasgan las vestiduras en “defensa de los pueblos indígenas” y la Constitución Política del Estado, cuando son precisamente ellos quienes acumulan fortunas explotando a esos pueblos y depredando los recursos naturales. Hoy resulta que los “mimados” de las dictaduras “se ponen del lado” de quienes procuran defender sus territorios a fuerza de caminar con rumbo a La Paz. Sin embargo, “el primer gobierno indígena del continente”, en lugar de denunciar esta actitud oportunista, no encuentra mejor “prueba” de que ésta es una marcha “promovida por la derecha”, cuando el propio gobierno le regaló la oportunidad. Esta marcha es la expresión legítima de los pueblos indígenas del oriente que ven en el proyecto de la carretera sobre le TIPNIS el riesgo de avasallamiento de territorios penosamente legalizados a su favor.

Pero, lo más grave de este conflicto es que el propio gobierno está “interpretando a su modo” la CPE y si éste lo hace perderá toda autoridad moral para esgrimirla como instrumento del “pacto social” al que se debe someter la sociedad en su conjunto. El periodista Andrés Gómez ha identificado “35 artículos de la Constitución, tres decretos, tres leyes y cuatro tratados, en su afán de imponer “quieran o no quieran” una carretera hacia el desarrollo capitalista por el TIPNIS”[2].

La pregunta es ¿por qué el gobierno, cuyas autoridades toman posesión de sus cargos jurando cumplir y hacer cumplir la Constitución, hace caso omiso ella? Ante la incongruencia de la argumentación gubernamental a favor de esta carretera, sólo resta la especulación y no voy a entrar en ese terreno deleznable. Lo que se puede observar claramente es, por un lado, que el presidente Evo Morales no termina de ubicarse en el lugar que lo colocó la historia, que sigue actuando como presidente de las federaciones del trópico de Cochabamba y frecuentemente olvida que es el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Por otro lado, se observa en el gabinete una absoluta incapacidad de autocrítica, de reconocer y rectificar sus errores ¿tanto les cuesta asumir con la debida responsabilidad que se equivocaron, que este proyecto fue mal concebido y peor gestionado? Finalmente, cuesta seguir la argumentación del “más lúcido” representante gubernamental, Álvaro García Linera ha señalado cuatro “razones” en justificación de este proyecto:

—Social: unir los departamentos de Beni y Cochabamba para que la gente que no cuenta con servicios básicos, pueda atender sus demandas ¿Nos está diciendo que no se puede instalar servicios básicos en las comunidades sin carretera “bioceánica” de por medio? Tendría que darse un paseo por el territorio boliviano para constatar que existen escuelas, postas sanitarias y otros servicios en lugares donde no existen esas carreteras.

—Histórica: “Tenemos que unir nuestro territorio, es una obligación unir el territorio”. De acuerdo, pero ¿debemos hacerlo a costa de destruir nuestros parques nacionales? ¿Acaso la preservación de nuestros bosques no es una razón histórica de mayor peso?

—Económica: “La participación del Beni en el producto interno bruto (PIB) es del 2,5%... Beni necesita vías carreteras…”. Si esto es tan evidente ¿por qué no mejoran las carreteras que conectan al Beni con La Paz y Santa Cruz que constituyen su mercado más importante?

—Geopolítica: “Esta carretera es la decisión estratégica y geopolítica más importante de Bolivia de estos últimos 50 años, permitir que no haya una región muy rica y  otras muy pobres”. Una vez más ¿por qué la carretera tiene que atravesar un parque nacional y territorio indígena reconocido por el Estado Plurinacional?

En suma, el vicepresidente se explica y se complica, busca justificaciones que dejan demasiadas dudas sin aclarar y parece suponer –al igual que otros que ocuparon los altos cargos del país– que a excepción de su digna autoridad, nadie más tiene capacidad de raciocinio en este país. El “señor autoridad” debería recordar que quienes despreciaron de manera similar a este pueblo hoy están “refugiados” en el norte.

(*) Psicóloga social, feminista y activista por los derechos de las mujeres