Editorial de Aquí 342
La gente actúa frente a otros de acuerdo a sus intereses y sus simpatías, y especialmente en política muchas personas se alinean hacia quienes les facilitaron el logro a sus aspiraciones.
Esta forma de ganar adeptos es muy practicada por los gobernantes populistas, quienes no sólo atraen militantes con discursos sino, sobre todo, con beneficios económicos: empleos, bonos, subsidios, rebajas a tarifas de servicios, becas de estudio, etc.
Varios de estos gobernantes, además, en lugar de servir al país han desviado recursos estatales a través de la ejecución de “obras para el pueblo”, de manera que en el último tiempo varios gobernantes y exgobernantes populistas se han visto envueltos en denuncias de corrupción, denuncias que gracias a la “habilidad” de sus abogados antes que demostrar la inocencia del acusado encuentran el error procedimental jurídico para invalidar la denuncia o en otros casos, con su viveza (criolla) minimizan el hecho con recursos “son errores, no delitos”, como lo hizo un expresidente que se decía de izquierda… recurso parecido al expresado por el presidente estadounidense que con motivo del espionaje político y encubrimiento del Escándalo Watergate señaló “cuando el presidente lo hace, eso significa que no es ilegal”.
La condena a la expresidenta argentina por el delito de administración fraudulenta, ha movilizado a cientos de sus adherentes, posiblemente muchos de buena fe, que se niegan a creer que su jefa haya actuado ilegalmente; más al contario, muchos dicen estar agradecidos por los beneficios recibidos, beneficios que son migajas en comparación a la enorme fortuna acumulada (desviada) por la exmandataria y sus testaferros, según el proceso y la sentencia judicial. ¿Por qué los seguidores de la exmandataria se niegan a conocer la realidad? ¿Qué mecanismos articulan los especialistas en propaganda para deslumbrar a multitudes con falacias, convirtiendo los delitos en virtudes?
En nuestro país tras casi 20 años de populismo autocrático con varias denuncias de corrupción, varios responsables de esos delitos hoy gozan de libertad, acciones realizadas a sabiendas de los mandatarios.
Hoy el exmandatario que controló el Estado en forma absoluta por casi 14 años, ha movilizado a sus defensores para que presionen al Órgano Electoral para que lo habilite como candidato en las próximas Elecciones Generales, por encima de la Constitución Política del Estado y las leyes. Y para colmo, las movilizaciones de los defensores del “eterno presidente” no solo han bloqueado carreteras, sino que también han sembrado violencia y luto.
¿Por qué esa muchedumbre se niega a conocer cómo su jefe y sus allegados dilapidaron las arcas del Estado, dilapidación que es la causa de la crisis económica por la atraviesa el país? ¿Serán suficientes para defenderlo la ejecución de unas obras (costosas por los sobre precios que favorecieron a los gobernantes y a los contratistas) como un puente, una carretera, una escuela, una cancha o un coliseo, las que ahora van deteriorándose por haber sido mal construidas? ¿Por qué esas migajas encandilan a algunas personas? ¿Dónde está el dinero desviado del Fondo Indígena, solo por nombrar uno de los desfalcos más infames? ¿Y qué se pueden decir de los montos millonarios que nunca fueron depositados en las arcas estatales como los provenientes de los envíos del presidente venezolano fallecido o los “aportes voluntarios” mensuales de los funcionarios públicos?
Estas preguntas han sido respondidas, recientemente, por una organización internacional que ha clasificado a Bolivia como el segundo país más corrupto del mundo, aseveración que, con seguridad, los gobernantes y exgobernantes rechazarán y sus defensores se negarán a creer.
Parece que la gente que defiende a corruptos y a otros delincuentes que fueron gobernantes actúa como creyente de una religión, pues consideran a su jefe como perfecto, infalible y por cuestión de fe, por dogma, tienen que defenderlo.