Unos cumplen la ley y son asesinados; otros la violan y viven amenazando impunemente

Editorial de Aquí 344

Hay políticos que cumplieron lo prescrito en el ordenamiento jurídico, pero les fue mal e incluso fueron asesinados; hay otros que violan las leyes, incluso las que promovieron, y viven amenazando constantemente y exigiendo “respeto a sus derechos”, pero se niegan a cumplir sus deberes ni respetar los derechos de otras personas.

Asesinados por cumplir la ley

El 17 de julio de 1980, la fuerza bruta se hizo dueña del poder en Bolivia, asesinando, persiguiendo, apresando, torturando y haciendo desaparecer a quienes se opusieron a sus dictados. Ese día los golpistas iniciaron su festín inhumano irrumpiendo una reunión de dirigentes de la Central Obrera Boliviana y políticos progresistas agrupados en el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), quienes pretendían organizar la resistencia a la asonada militar que se había iniciado en Trinidad (Beni); pero la avanzada golpista no solo apresó a los asistentes, sino que asesinó a tres de ellos: al dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, al diputado Carlos Flores Bedregal y al trabajador minero Gualberto Vega.

El golpe militar tuvo dos motivos: 1) evitar la asunción al poder del frente Unidad Democrática Popular (UDP) que había triunfado en las elecciones recientes; 2) evitar la continuidad del Juicio de Responsabilidades contra el militar Hugo Banzer Suárez y su régimen dictatorial que controló el poder entre 1971 y 1978, iniciado en el Parlamento por Marcelo Quiroga Santa Cruz.

Uno de los motivos —evitar el Juicio de Responsabilidades— fue cumplido satisfactoriamente, pues el dictador y sus partidarios nunca fueron juzgados ni por sus violaciones a los derechos humanos ni por el manejo del erario público para beneficio propio; más bien el exdictador lavó sus delitos convirtiéndose en “demócrata”: participó en los procesos electorales y convivió con sus víctimas, las que prefirieron “cruzar los ríos de sangre” y abrazarse con sus verdugos y sin que se haga justicia a los asesinados, desaparecidos, presos, torturados, exiliados que hubo durante el régimen autoritario y dictatorial del banzerismo.

En agosto de 1979 los diputados nacionales del Partido Socialista-1 (PS-1) —Marcelo Quiroga Santa Cruz, Jaime Taborga Torrico, José María Palacios, Justo Pérez, Armando Roncal— presentaron al Congreso Nacional el pliego acusatorio del “Juicio de Responsabilidades,en su fase sumarial, contra el ex presidente de la república, general Hugo Banzer Suárez y los ministros de Estado, embajadores y contralores generales de la república que él designó y prestaron servicio bajo sus órdenes, que resultaren corresponsables en la comisión de delitos…”

Dicho texto titulado “Bolivia recupera la palabra: Juicio a la dictadura banzerista. Juicio de responsabilidades” realiza una radiografía al régimen de Banzer, desentrañando temas sensibles como la represión sistemática de la dictadura, los delitos de lesa humanidad cometidos en Tolata y Epizana (La matanza del Valle), los asesinatos de correligionarios (Selich y Zenteno Anaya), casos de desaparecidos y exiliados, violaciones a la libertad de prensa y de asociación; así también denuncia delitos contra la seguridad, soberanía e integridad nacional, la intromisión extranjera en asuntos internos del país, las negociaciones con Chile, la venta de tierras fiscales a allegados al régimen, los delitos contra la economía nacional y popular, la venta de hidrocarburos, entre otros.

Este documento esclarecedor lo detallamos en otro texto del presente número de Aquí, desde donde se lo puede descargar.

Los ilegales que amenazan

A 45 años de ese funesto episodio de nuestra historia, hoy nos encontramos con personas y grupos que se niegan a cumplir las leyes, leyes que algunos de ellos las promovieron; pero, además de incumplirlas, amenazan a toda la población generando violencia, muerte e incertidumbre.

La Ley 1096 o ley de Organizaciones Políticas, promulgada por Evo Morales el 1 de septiembre de 2018, en su artículo 58 (Cancelación de Personalidad Jurídica), inciso b) parágrafo 1 dice: “El Tribunal Electoral correspondiente cancelará la personalidad jurídica de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, por las siguientes causales: No haber obtenido al menos el tres por ciento (3%) del total de votos válidos en la última elección a la que concurrieron.” Esta disposición fue aplicada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante una Resolución contra el Partido de Acción Boliviano – PANBOL, el cual en las elecciones del año 2019 solo obtuvo el 0,65 % de los votos válidos. Sin embargo, dicho partido consiguió que una Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordene al TSE emita una nueva Resolución, de modo que hoy PANBOL estaría gozando de todos “sus derechos” que se les ocurra, incluidos los de amenazar y hacer apología de violencia, con el fin de obligar al TSE la pretensión de Evo Morales de ser inscrito como su candidato para participar en las próximas elecciones nacionales, pese a estar impedido.

La dirigente de PANBOL y Evo Morales se jactan de incumplir las leyes, amparados por discursos en los que se autodefinen como la encarnación del pueblo y en consecuencia sus acciones serían sagradas, aunque en realidad su atrevimiento es tal, gracias a estar atrincherados en una región, protegidos por muchedumbres que aplauden sus arbitrariedades, donde no se respetan las leyes, además de estar protegidos por grupos de choque que también están fuera de la ley.

Estos casos de actores que delinquen y viven amenazando no son los únicos, ni ahora ni en la historia de nuestro país. Golpistas, violadores de los derechos humanos, defraudadores, corruptos hubo muchos y casi todos, con excepción de Luis García Meza y Luis Arce Gómez, gozaron y hoy gozan de libertad e impunidad.

Esperamos que llegue el día en que los operadores de justicia obren apegados a las leyes, con independencia y sin subordinación al poder político.