Del 21060 al 5503: cuarenta años después, nuevamente, el pueblo pagará la crisis

Editorial 355

Bolivia enfrenta actualmente una crisis que va más allá de las cifras económicas. La escasez de carburantes, el encarecimiento del costo de vida, la falta de dólares y la creciente incertidumbre social llevaron al Gobierno a declarar la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social mediante el Decreto Supremo N.º 5503. La medida que pretende estabilizar la economía abre un debate de fondo sobre quién asumirá el costo de la crisis y cuáles serán sus efectos inmediatos sobre la vida y los derechos de la población.

Cuarenta años separan al Decreto Supremo 21060 (emitido en el gobierno de Víctor Paz) del Decreto Supremo 5503 (del actual gobierno de Rodrigo Paz), pero ambos nacen de un mismo punto de quiebre: la incapacidad del Estado para sostener el equilibrio económico y garantizar condiciones mínimas de vida a su población. En 1985, el 21060 impuso un shock neoliberal para frenar la hiperinflación, sacrificando empleo, salarios y derechos sociales en nombre de la estabilidad, como fue la relocalización de más de 30 mil trabajadores mineros.

En 2025, el 5503 emerge en medio de una crisis multidimensional marcada por la escasez de carburantes, la fragilidad fiscal y el desgaste social, proponiendo una nueva intervención de emergencia que, aunque envuelta en un lenguaje de protección social, vuelve a trasladar a sectores empobrecidos de la sociedad el costo de la crisis multidimensional. La historia advierte que cuando la estabilización económica se impone sin justicia, sin consenso, ni participación plena de la sociedad, el remedio puede resultar más traumático que la propia enfermedad.

Bolivia atraviesa hoy una crisis que no es solo económica: es social, moral, institucional, económica, energética: es una crisis profundamente humana. El propio Estado lo reconoce al declarar la Emergencia Económica, Financiera, Energética y Social mediante el Decreto Supremo 5503. Las filas por diésel y gasolina, la paralización del transporte, el encarecimiento de alimentos y servicios, las interrupciones productivas y una creciente incertidumbre demuestran que la vida cotidiana de miles de familias está en crisis. Frente a este escenario, el Gobierno opta por una respuesta de urgencia que prioriza la estabilización macroeconómica, la liberalización de mercados, la flexibilidad laboral con el fin de beneficiar a grupos económicos poderosos como también para atraer inversiones extranjeras.

Para la mayoría de los bolivianos, la emergencia no se mide en indicadores macroeconómicos, sino en la dificultad diaria para trabajar, movilizarse, alimentarse y acceder a servicios básicos de salud y educación. La falta de carburantes afecta directamente el derecho al trabajo, a la salud y a la educación. Cuando el transporte se encarece o se detiene, toda la economía doméstica se ve comprometida.

El decreto establece precios transitorios para los combustibles y flexibiliza su importación, con el objetivo declarado de garantizar el abastecimiento. Sin embargo, la experiencia demuestra que en contextos de escasez, el mercado no garantiza acceso equitativo. Quien tiene más recursos económicos accede primero; quien no los tiene queda relegado y por tanto ingresa en un proceso de precarización. El riesgo de acaparamiento, especulación y desigualdad territorial no es una posibilidad teórica, sino una realidad conocida por la población.

El D.S. 5503 contempla el incremento al Salario Mínimo Nacional, en los sectores público y privado, a Bs 3.300, lo que puede favorecer a sectores públicos asalariados del sector gubernamental, legislativo y judicial, de gobernaciones y municipios, pero que no favorecerá al 85 % de la población que es parte de la informalidad y su economía es del día a día.

Las medidas sociales incluidas en la norma, como son bonos, incrementos salariales y ajustes a la Renta Dignidad que no llega al grueso de la población, solo funcionarán como paliativos, pero no compensan el impacto estructural del aumento del costo de vida. El alivio será momentáneo, pero la presión económica será permanente.

Toda crisis profunda genera tensiones sociales y esta no será la excepción. El Decreto Supremo N.º 5503 redefine reglas económicas, energéticas y tributarias en un corto periodo de tiempo y con escasos mecanismos de deliberación pública, alejado de la realidad social.

Las medidas económicas dispuestas benefician a poderosos grupos económicos del país (banqueros, agroindustriales), los que consiguieron la eliminación de impuestos a grandes fortunas, dejando en la precariedad a la gran mayoría de las familias bolivianas; asimismo, el D.S. de Emergencia Económica también beneficia a los sectores que fueron favorecidos en los pasados 20 años, como cooperativitas mineros y cocaleros, quienes tributan poco o nada por sus jugosas actividades económicas, pues el no decir nada sobre esos privilegios, significa que los mantiene.

Transportistas, trabajadores informales, pequeños productores, pobladores rurales y de regiones alejadas del eje central enfrentan impactos diferenciados. Cuando el acceso al combustible se percibe como desigual o discrecional, la emergencia se convierte en protesta. A ello se suma el régimen extraordinario de inversiones, que otorga estabilidad normativa y tributaria por largos periodos (15 años) a grandes capitales, en un país con una historia marcada por conflictos territoriales, ambientales y laborales.

El aspecto más preocupante del Decreto Supremo N.º 5503 no radica solamente en su contenido económico, sino en sus implicaciones para los derechos humanos. La Constitución Política del Estado es clara: ni siquiera en situaciones de emergencia pueden sacrificarse los derechos fundamentales.

El acceso a energía y carburantes está directamente vinculado al derecho a una vida digna. Cuando una persona no puede trasladarse a su trabajo, acceder a un centro de salud o garantizar la alimentación de su familia, la afectación deja de ser económica y se convierte en una vulneración de derechos.

Los sectores más vulnerables —personas con discapacidad, adultos mayores, familias en situación de pobreza y trabajadores informales— cargarán un impacto desproporcionado sobre sus espaldas; otro grupo vulnerable son los rentistas (jubilados), pues el decreto no dice cómo podrán recuperar, en algo, el valor adquisitivo perdido de sus mensualidades, las que son ahorros propios juntados durante años de trabajo. Para ellos, la liberalización del mercado no ofrece soluciones reales y las compensaciones estatales resultan insuficientes.

El alto costo de los precios de los artículos de la canasta familiar seguirá subiendo debido al incremento sustancial de los carburantes: 86% en gasolina especial (de Bs 3,74 a 6,96) y del 163% en diésel (de Bs 3,72 a 9,80), situación que afectará a todas las acciones ligadas con el transporte público y privado, cuyas consecuencias siempre son pagas por la mayoría de la población.

Además, la experiencia histórica demuestra que las crisis económicas mal gestionadas suelen derivar en restricciones indirectas a derechos civiles y políticos. La protesta social corre el riesgo de ser tratada como un problema de orden público, y no como una señal legítima de malestar social. La percepción de que las decisiones se toman sin participación ni consulta, profundiza la desconfianza y erosiona el vínculo entre Estado y ciudadanía.

Bolivia necesita respuestas urgentes, pero también justas y equitativas. La estabilización económica es necesaria, pero no puede construirse a costa de la coerción social ni del debilitamiento de derechos de las poblaciones más vulnerables. La experiencia del Decreto Supremo 21060 dejó una lección clara: el ajuste sin protección social genera cicatrices profundas y duraderas.

El Decreto Supremo N.º 5503 se encuentra en una encrucijada similar. Puede convertirse en una herramienta transitoria para enfrentar la crisis o en un nuevo punto de quiebre social si sus costos recaen, una vez más, sobre quienes menos tienen. Todo dependerá de su implementación, de la capacidad de los gobernantes para garantizar acceso equitativo a bienes esenciales y de su disposición a dialogar con la sociedad; asimismo, las medidas también deben ser asumidas por sectores de la empresa privada, empresas transnacionales, los agroindustriales, quienes históricamente siempre se favorecieron en tiempos de crisis.

La verdadera salida a la crisis multidimensional no se medirá en la confianza de los mercados ni en la llegada de inversiones, sino en la capacidad de proteger la economía y la dignidad de la población. Porque un país que normaliza la precariedad, incluso en nombre de la emergencia, compromete no solo su estabilidad económica, sino su democracia y su futuro.

Sin embargo, no es posible que quienes administraron el Estado durante 20 años, los que despilfarraron los recursos económicos en el periodo de mayor bonanza tuvo el país, hoy gocen de impunidad e incluso tengan el atrevimiento de dar recomendaciones, consejos y ultimátum en caso de no aceptar sus puntos de vista.

Sería justo que ese dinero mal habido a través de contratos irregulares y con sobreprecios, obras mal ejecutadas y/o innecesarias y otras formas de corrupción sea recuperado tras procesos que identifiquen a los responsables de dichos desvíos; así también se debe procesar a los administradores irresponsables que con subvenciones demagógicas e irreales generaron un falso bienestar social.

Si bien el D.S. 5503 está circunscrito al tema económico, el gobierno Paz-Lara debía manifestarse concretamente, con disposiciones que proyecten la investigación e identificación de los responsables de la crisis que hoy padece el país.