Del decreto cuestionado al pacto social: La necesidad de subir una pendiente inclinada

Javier Aliaga Lordemann*

11 de enero de 2026

Fuente: Inesad

La abrogación del Decreto Supremo 5503 debería leerse, antes que nada, como una oportunidad institucional. Gobernar por decreto en temas estructurales —régimen fiscal y reglas de inversión, etc.— suele ser una práctica incierta en democracias con instituciones frágiles, porque concentra decisiones, reduce deliberación y genera reformas débiles y fácilmente reversibles. La historia regional ofrece lecciones claras – el uso intensivo de decretos de urgencia en el Perú de los años noventa, las leyes habilitantes en Venezuela o la proliferación de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) en Argentina terminaron erosionando contrapesos, alimentando conflictividad social y produciendo políticas inconsistentes. La abrogación abre la oportunidad de volver al cauce legislativo y al acuerdo social, condición necesaria para reformas duraderas.

Este giro no implica negar la urgencia económica, sino reconocer que la urgencia no gestiona con caminos rápidos. Gobernar por decreto puede alguna vez resolver coyunturas, pero rara vez construye legitimidad. En cambio, trasladar el debate al Parlamento y a mesas técnicas amplias obliga a transparentar costos, impactos y compensaciones, y permite que las decisiones tengan respaldo político y social. En ese sentido, la abrogación del DS 5503 es una oportunidad para recomponer la relación entre Ejecutivo, Legislativo y sociedad organizada.

Dicho esto, hay que ser claros – la política económica que motivó el decreto no desaparece – se mantiene la eliminación parcial del subsidio a los carburantes, lo que constituye solo la primera nivelación de precios. Este ajuste inicial corrige una parte de las distorsiones y reduce presiones fiscales inmediatas, pero no resuelve el conjunto del problema energético ni el peso estructural de las subvenciones. La agenda pendiente es extensa, aún falta: el sinceramiento completo de las importaciones de gasolina y diésel, la revisión de la subvención al GLP, el tratamiento del precio del gas para generación eléctrica y la fundamental “nivelación” del precio interno de referencia del barril local de petróleo que está en 27 USD/barril para la producción nacional, mientras el mercado internacional está en 60 USD/barril. Cada uno de estos elementos tiene implicaciones fiscales, productivas y sociales, que no pueden resolverse con una sola medida ni con una lógica uniforme; ¿Se aceptarán con la misma relativa facilidad estas medidas más adelante?

A estos desafíos se suma un riesgo macroeconómico del tipo de cambio y el déficit estructural. Si la estabilidad cambiaria se ve presionada y el tipo de cambio se ajusta sin una adecuada sintonía, la brecha entre precios internos y precios internacionales puede volver a ampliarse, incluso después de la primera nivelación. En ese escenario podrían reaparecer los incentivos al contrabando, se erosionan los ahorros fiscales logrados y se reaviva la conflictividad social. Por ello, el ajuste de precios energéticos solo es sostenible si va acompañado de una estrategia creíble de generación de divisas vía exportaciones, servicios e inversión, y no de un uso indefinido de endeudamiento o crédito interno – sin negar la necesidad de préstamos frescos y refinanciación de deuda – que son necesarios para aliviar la crisis de moneda.

El país necesita, en paralelo, estabilizar la economía y reactivar la inversión. El margen de tiempo es reducido: la incertidumbre prolongada desalienta proyectos productivos, encarece el financiamiento y frena la generación de empleo. Sin embargo, reactivar inversiones sin reglas claras y sin una visión de largo plazo equivale a construir sobre bases endebles. La urgencia no debe conducir a reformas fragmentadas, sino a decisiones estructurales bien ancladas. En este contexto emerge una necesidad estratégica: una Ley de Emergencia Económica y una Lay Marco de Recursos Naturales, que abarque tanto recursos renovables como no renovables. Esta ley no sería un instrumento sectorial más, sino el marco ordenador que defina principios, objetivos y límites para la gestión de la riqueza natural del país. Su propósito central debe ser sacar a Bolivia de la llamada maldición de los recursos naturales y orientar el país hacia una senda de desarrollo sostenible e inclusivo.

La maldición de los recursos naturales describe la paradoja de países ricos con recursos que, pese a ello, presentan bajo crecimiento económica —i.e. de largo plazo—, alta volatilidad, instituciones débiles y conflictos recurrentes. Esto ocurre cuando las rentas se usan para gasto de corto plazo, subsidios generalizados o decisiones discrecionales, en lugar de inversión productiva, diversificación económica y fortalecimiento institucional. Bolivia no ha sido ajena a este patrón, sesgando su estructura productiva hacia bienes no transables, por eso hay que romper con reglas claras y con una mirada de largo plazo. A partir de una Ley Marco de Recursos Naturales deberían desprenderse, de forma coherente, las leyes sectoriales: una ley de inversiones con criterios de sostenibilidad, nuevas leyes de hidrocarburos y electricidad, marcos para energías verdes, minería y evaporíticos (litio), así como políticas para una agricultura moderna y sostenible. La clave es que todas estas normas respondan a un mismo norte estratégico y no a lógicas aisladas o contradictorias.

El problema histórico ha sido justamente ese: reformar leyes sectoriales sin cambiar la visión de país. Así, se han aprobado normas que empujan en direcciones opuestas. Un ejemplo claro es la promoción de generación eléctrica basada en gas sin una ruta de transición energética clara, lo que puede chocar con objetivos de sostenibilidad ambiental —por ejemplo, Tariquía—, compromisos climáticos y sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Sin un marco claro que priorice la gestión responsable del territorio, estas decisiones se vuelven focos de conflicto social y de desgaste institucional. En el ámbito productivo, la agricultura ofrece otro contraste. Sin una política integral, se la concibe solo como sector social, cuando en realidad puede aportar seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y escala exportable. Integrar agricultura, energía y recursos naturales bajo una misma visión permitiría impulsar bioenergía, eficiencia hídrica y cadenas de valor sostenibles. Lo mismo ocurre con la minería y el litio: sin reglas claras, estándares ambientales y esquemas de captura de valor local, la actividad puede reproducir enclaves extractivos de bajo impacto en desarrollo. Con un marco adecuado, en cambio, puede convertirse en motor de inversión, innovación y empleo, compatible con la protección ambiental y la estabilidad fiscal.

La gran oportunidad de la abrogación del DS 5503 es, entonces, construir un pacto social y político que permita ordenar estas discusiones y encarar un presente muy desafiante, en el que nos jugamos el bienestar presente y de futuras generaciones. Un pacto que no se puede limitar a salvar la coyuntura fiscal, sino que redefina cómo el país gestiona su riqueza natural, distribuye sus rentas y planifica su desarrollo productivo. Ese pacto implica fortalecer instituciones debilitadas: devolver centralidad al Parlamento, transparentar decisiones, incorporar criterios técnicos y abrir espacios de participación real. Si la discusión se limita a reformar lo existente, salvar el momento, traer algo de recursos, pero sin cambiar la dirección estratégica, solo se estará ganando tiempo. Si, en cambio, se aprovecha la abrogación para acordar leyes marco, visión de país y reglas estables, Bolivia puede transformar una crisis en una oportunidad.

Bolivia se encuentra hoy “como un auto” que intenta hacer un puente para subir una pendiente prolongada. El motor aún funciona, pero el peso acumulado de distorsiones, subsidios mal diseñados y reglas inciertas reduce la potencia disponible. Acelerar sin dirección —gobernar por decreto o aplicar medidas parches— puede hacer patinar las ruedas o incluso llevar a una salida del camino. Frenar en exceso, por otro lado, paraliza el vehículo. La clave está en secuencializar correctamente: primero estabilizar, luego invertir y, finalmente, ganar tracción suficiente para subir la pendiente hacia la sostenibilidad.

La estabilización es el primer tramo del puente: ordenar precios clave, reducir presiones inflacionarias, contener riesgos cambiarios y restablecer expectativas mínimas de previsibilidad. Sin este paso, cualquier inversión será frágil. Pero estabilizar no es un fin en sí mismo. Una vez asegurada la plataforma, el siguiente cambio de marcha es la reactivación de la inversión, pública y privada, nacional y extranjera, orientada a sectores que generen divisas, mejores empleos y productividad: energía, agroindustria sostenible, minería responsable, litio, turismo, servicios asociados y otros con ventajas potenciales.

Solo cuando estos sectores comienzan a producir, exportar y generar ingresos, el auto gana la fuerza necesaria para enfrentar la pendiente. Esa fuerza es la que permite reducir déficits, sostener políticas sociales, financiar la transición energética y agrícola, consolidar la sostenibilidad fiscal y ambiental. Sin este orden —estabilizar, invertir, producir— el país queda atrapado en ciclos de emergencia, con decretos de coyuntura que no pueden solucionar la estructura. Con una visión clara, un marco legal coherente y un pacto social renovado, la pendiente no desaparece, pero se vuelve transitable.

*El autor es Investigador Senior asociado de INESAD, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.