Diez vidas que no debieron perderse: los bloqueos y la deuda pendiente con el derecho a la vida y la salud

Derechos humanos, salud y conflicto social en Bolivia

Las muertes registradas durante los bloqueos de mayo y junio de 2026 reabren un debate urgente sobre los límites de la protesta, la responsabilidad del Estado y el deber colectivo de proteger la vida por encima de cualquier confrontación política.

Wilfredo Pomar Miranda*

8 de junio de 2026

Las sociedades democráticas maduras reconocen el derecho a la protesta como una herramienta legítima para expresar demandas, visibilizar conflictos y exigir respuestas a las autoridades. Sin embargo, ningún derecho es absoluto cuando su ejercicio pone en riesgo otros derechos fundamentales, especialmente aquellos relacionados con la vida, la salud, la educación y la integridad de las personas.

Durante los bloqueos de carreteras registrados en Bolivia entre mayo y junio de 2026, sobre todo en la parte occidental, el país fue testigo de una situación que trasciende el debate político y se instala en el terreno de los derechos humanos. Diversos reportes de medios de comunicación, autoridades sanitarias y organizaciones sociales documentaron casos de personas que fallecieron mientras esperaban atención médica, intentaban llegar a un hospital o vieron interrumpidos tratamientos indispensables para preservar sus vidas.

Detrás de las cifras existen historias humanas, no son simples estadísticas, ni números utilizados en la confrontación política. Se trata de personas con familias, sueños, responsabilidades y proyectos de vida que quedaron truncados en medio de un conflicto social que terminó afectando a quienes menos capacidad tenían para defenderse: los enfermos, los niños, los pacientes crónicos y las poblaciones alejadas de los centros urbanos.

La reflexión sobre estos hechos exige preguntarnos como sociedad si hemos llegado a normalizar situaciones que jamás deberían ser aceptadas como parte de la vida democrática y menos en un Estado de derecho.

El derecho a la protesta y sus límites humanitarios

Las normas internacionales de derechos humanos reconocen el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión como pilares fundamentales de cualquier sistema democrático. Sin embargo, los mismos instrumentos jurídicos establecen que el ejercicio de estos derechos debe ser compatible con la protección de otros derechos igualmente fundamentales.

Cuando una ambulancia no puede llegar a un hospital, cuando un paciente con cáncer pierde la posibilidad de continuar su tratamiento o cuando una persona en estado crítico no logra acceder a un centro de salud debido a la interrupción de caminos, el problema deja de ser exclusivamente político para convertirse en una cuestión humanitaria.

Las carreteras no son únicamente vías de transporte. Constituyen corredores de vida por donde circulan medicamentos, oxígeno, sangre para transfusiones, equipos médicos, alimentos y pacientes que luchan por sobrevivir. Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en la legitimidad de una protesta, sino también en la responsabilidad colectiva de garantizar que ninguna medida de presión, cualesquiera sean sus motivos, termine convirtiéndose en una sentencia de muerte para terceros ajenos al conflicto.

También se debe cuestionar el hecho de que grupos o sectores sociales realicen bloqueos violentos con la intención de privar elementos esenciales para la vida y el normal desarrollo de la población de La Paz y El Alto exigiendo varias demandas al Estado, las mismas que, con el desarrollo del conflicto de ser legítimas reivindicaciones sociales, se están tornando en exigencias con marcada connotación política.

Diez proyectos de vida truncados que interpelan a la conciencia colectiva

Detrás de cada nombre existe una persona cuyo proyecto de vida se vio interrumpida en medio de un conflicto que no logró garantizar condiciones mínimas para la protección de la vida, la salud y la educación.

1. Anna Enns, de 56 años, sufrió una descompensación médica cuando retornaba desde Perú por la ruta de Desaguadero en La Paz (13 de mayo). Según reportes difundidos por autoridades y medios de comunicación, las dificultades para su traslado oportuno impidieron que recibiera atención especializada a tiempo.
2. Mujer de 40 años, padecía insuficiencia renal crónica y edema pulmonar (13 de mayo). Provenía de la comunidad de Candelaria, en Guanay, y necesitaba atención médica de mayor complejidad en la ciudad de La Paz. La demora en el traslado agravó irreversiblemente su salud.
3. Mujer joven de 20 años de la ciudad de El Alto sufrió convulsiones prolongadas mientras su familia buscaba asistencia médica (14 de mayo). Cuando finalmente logró ser ingresada a una unidad de terapia intensiva, su condición era extremadamente crítica y falleció poco después.
4. Niño de 12 años que requería atención especializada en Llallagua Potosí (21 de mayo). Diversos reportes señalaron que la ambulancia que lo trasladaba enfrentó dificultades para avanzar.
5. Joven de 24 años producto de impacto de bala en la comunidad de Vilaque cerca de la ciudad de El Alto (24 de mayo). No se estableció a la fecha las circunstancias del deceso.
6. Mujer de 24 años, paciente oncológica, que necesitaba continuar sesiones de radioterapia en Oruro (1 de junio). La interrupción del tratamiento y las dificultades de traslado contribuyeron al deterioro progresivo de su estado de salud hasta provocar su muerte.
7. Conductor de transporte pesado permaneció durante semanas atrapado en una carretera interdepartamental en La Paz (1 de junio). La falta de atención médica oportuna, medicamentos y condiciones básicas de bienestar terminó agravando su condición física hasta provocar su fallecimiento.
8. Niña de 12 años que luchaba contra el cáncer, en Tambo Quemado (1 de junio). Las restricciones para desplazarse impidieron la continuidad de su tratamiento especializado, situación denunciada por organizaciones vinculadas a la atención de pacientes oncológicos.
9. Maestro rural del municipio de Tapacarí, quien padecía una enfermedad que requería seguimiento médico constante (1 de junio). Las dificultades para acceder a servicios de salud especializados fueron señaladas como un factor que agravó su situación.
10. Mujer adulta de 47 años, con problemas de vesícula en El Alto (3 de junio). La ambulancia donde estaba quedó retenida una hora en un punto de bloqueo en Senkata, falleció durante el traslado.

Nueve de estas diez historias poseen contextos distintos, pero comparten una misma realidad: la imposibilidad de acceder oportunamente a servicios de salud durante una crisis de movilidad provocada por los bloqueos. Más allá de las responsabilidades que puedan determinar futuras investigaciones, cada una de estas muertes plantea una pregunta incómoda para toda la sociedad: ¿qué mecanismos fallaron para que personas vulnerables quedaran atrapadas entre la enfermedad y la imposibilidad de recibir atención oportuna producto de los bloqueos? Por otra parte, queda la cuestionante de cómo se produjo el fallecimiento del joven de 24 años por impacto de bala, aspecto que debe ser esclarecido con una investigación seria, responsable e independiente.

El derecho a la vida y a la salud no puede quedar en pausa

La Constitución Política del Estado y los tratados internacionales suscritos por Bolivia reconocen la salud y la vida como derechos fundamentales que deben ser protegidos en toda circunstancia. Sin embargo, los diez fallecimientos reportados durante los bloqueos muestran que, en contextos de conflicto social, estos derechos pueden verse seriamente vulnerados cuando pacientes, ambulancias y suministros médicos encuentran obstáculos para acceder a los servicios de salud.

La protección de la vida no es una responsabilidad exclusiva de los gobernantes, aunque también es una responsabilidad colectiva; sin embargo, los primeros tienen la obligación de prevenir riesgos, garantizar corredores humanitarios efectivos y actuar con rapidez ante situaciones de emergencia.. Ninguna demanda social, por legítima que sea, debería impedir el paso de una ambulancia, interrumpir un tratamiento contra el cáncer o dificultar la atención de una persona en estado crítico.

Los hechos ocurridos durante los bloqueos de este año evidencian la necesidad de construir acuerdos mínimos que permitan preservar la vida humana por encima de cualquier confrontación política, extremando el dialogo como forma de solucionar conflictos. Una sociedad democrática debe ser capaz de defender simultáneamente el derecho a la protesta y el derecho a la salud, sin que uno anule al otro.

La responsabilidad del Estado

Los acontecimientos ocurridos durante los bloqueos también plantean preguntas legítimas sobre la capacidad del Estado para proteger derechos fundamentales en contextos de conflicto.

La obligación estatal no se limita a reaccionar después de una tragedia. Incluye prevenir riesgos previsibles, garantizar corredores humanitarios efectivos y coordinar acciones que permitan el traslado seguro de pacientes, ambulancias y suministros médicos. Cuando existen alertas sobre personas en riesgo, el Estado debe actuar con rapidez, eficiencia y proporcionalidad. La protección de la vida constituye una obligación jurídica y ética que no admite excusas derivadas de disputas políticas o limitaciones administrativas.

Corresponderá a las instituciones públicas investigar de manera transparente cada fallecimiento relacionado con la interrupción de servicios de salud, estableciendo responsabilidades cuando corresponda y garantizando verdad para las familias afectadas. También corresponderá al Estado que realice una investigación responsable para establecer claramente las circunstancias y el escenario de la muerte por impacto de bala.

Grandes sectores de la sociedad boliviana están demandando al Estado que cumpla con la Constitución Política del Estado y que garantice el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la libre transitabilidad; si bien se prioriza el diálogo para solucionar los conflictos, también debe hacerse uso de los mecanismos que la ley le brinda para restituir plenamente el Estado de Derecho.

Conclusión

Los diez fallecimientos reportados en el contexto de los bloqueos constituyen mucho más que una cifra estadística: representan vidas truncadas, familias afectadas y preguntas que el país no puede ignorar. Más allá de las responsabilidades individuales o colectivas que puedan establecer las investigaciones, estos hechos obligan a reflexionar sobre los límites éticos de la conflictividad social y sobre la capacidad del Estado para proteger a la población en situaciones de crisis.

La muerte de pacientes que esperaban atención médica, de personas que no pudieron llegar a un hospital o de ciudadanos que quedaron atrapados en medio del conflicto, interpela a toda la sociedad boliviana. Interpela a quienes ejercen medidas de presión, a las autoridades responsables de garantizar derechos fundamentales y también a una ciudadanía que no puede acostumbrarse a que la pérdida de vidas humanas sea considerada un daño colateral de las disputas políticas y conflictos sociales.

La tragedia de la pérdida de vidas muestra la necesidad urgente de construir una cultura de respeto irrestricto a la vida. Ninguna causa política, económica o social debería situarse por encima del derecho de una persona a recibir atención médica oportuna. La verdadera fortaleza de una democracia no se mide únicamente por su capacidad para gestionar conflictos, sino por su capacidad para proteger los derechos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, respetando por sobre todas las cosas el derecho a la vida.

*El autor es educador, activista de la APDHLP y miembro del Comité Ejecutivo de la APDHB