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Ofensiva electoral del MAS y respuesta defensiva de políticos

Editorial de Aquí 319

Ofensiva electoral del MAS y respuesta defensiva de políticos

La nueva postergación de las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre de este año, decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y fundada en la Constitución, ha reactivado acciones políticas y electorales de los masistas, en algunos lugares del país más que en otros.

Dirigentes de movimientos sociales, cooptados por el MAS, con pronunciamientos que incluyen amenazas y ultimátums, han realizado dos marchas: una que culminó en El Alto y otra en Cochabamba. Ambas acciones exigieron que el TSE revise su decisión y mantenga el 6 de septiembre como fecha de los comicios postergados.

La marcha efectuada en El Alto resolvió una huelga general indefinida y bloqueo de caminos para que el TSE revise la postergación de las elecciones.

Allí los marchistas agredieron a periodistas, apedrearon a una ambulancia, destruyeron cámaras de seguridad, jardineras y derribaron postes de conducción eléctrica.

Ante la declaratoria de la huelga, por una resolución que asume como suya la Central Obrera Boliviana (COB), un dirigente de la delegación potosina de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) señaló que verán qué hacer frente a la huelga indefinida determinada; un vocero de la COD-Potosí afirmó que no acatarán dicha huelga porque es política; el principal dirigente de los trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro (UTO) añadió que ese sector no apoyará la huelga de la COB porque es una medida al servicio de los que gobernaron 14 años en el país, y un chofer que aclaró que es de base dijo que ellos necesitan trabajar y que no se sumarán al paro de la COB porque es político. También decidieron no acatar el paro el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq), la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), dos federaciones de Juntas Vecinales (Fejuves) de El Alto; lo mismo hizo saber el Consejo de las Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), un representante de cooperativistas mineros de Huanuni y un dirigente de l Central Única de Artesanos de La Paz y El Alto, hasta el cierre de esta edición.

El Ministro de la Presidencia demandó a Evo Morales, Betty Yañíquez (jefa de los diputados masistas) y Juan Carlos Huarachi (COB), sindicados como autores intelectuales de los destrozos ocasionados por marchistas en El Alto. Inmediatamente Huarachi recibió mensajes de solidaridad de masistas.

La realidad se encargará de mostrar si ese proceso criminal avanza y llega al final que persiguen los demandantes o es de utilidad política de los demandados que se sienten perseguidos políticos.

Luego del encuentro entre vocales del TSE y dirigentes sindicales, el máximo ejecutivo de la COB informó que los sindicalistas entregaron a los miembros del TSE las resoluciones aprobadas en el cabildo abierto de El Alto y que esperan que se los convoque para hablar de la postergación de la consulta electoral y que sigue convocada la huelga y el bloqueo de caminos. Ese dirigente agregó que no está descartado un acuerdo entre el TSE y la COB sobre la postergación de las elecciones.

Los masistas que marcharon en Cochabamba demandaron democracia y definieron como dictadora a la Presidenta interina y señalaron que los gobernantes fracasaron en la campaña antipandemia.

Los masistas buscan que los bolivianos creamos ese discurso, sobre todo que admitamos que ellos son democráticos. Sin embargo, tenemos derecho a dudar de que los masistas postulen una democracia como régimen político del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, al menos del alcance de la democracia planteada por Washington.

Es que la democracia que ejerció el régimen depuesto por el alzamiento popular de noviembre del año pasado fue autoritaria, desconoció la decisión mayoritaria de los bolivianos en el 21F, a pesar de que Morales decía que prefería las urnas a las armas.

Antes de aquellas marchas, voceros masistas dieron 72 horas de plazo para que los vocales del TSE retiren su resolución y ratifiquen el 6 de septiembre como día de realización de los comicios pendientes.

Otros dirigentes del MAS dijeron que impulsarían acciones, como aquellas marchas, para impedir la postergación de la consulta electoral, sin considerar el momento actual de más infectados y de más muertos por coronavirus.

Frente a la emergencia sanitaria, los masistas afirman que todos los días los bolivianos se aglomeran en los bancos para cobrar bonos y que allí también las y los ciudadanos corren el riesgo de contaminarse con el virus mortal, pero que ante esa realidad callan los gobernantes.

Las movilizaciones de los masistas de los últimos días son un accionar político y electoral propio de ellos, son una especie de ensayo que seguramente les cae muy bien a los seguidores del exiliado en Argentina; accionar que tiene los rasgos de una guerra de nervios que provoca la furia de los gobernantes actuales y de otros políticos que sin que ese sea su propósito, alienta a los masistas o éstos se deben sentir temidos, y eso también les sirve a los movilizados.

Además, es probable que los masistas crean que el 6 de septiembre será el mejor momento para que ellos venzan en las elecciones, por eso insisten en que la consulta electoral sea el 6 de septiembre.

En cambio, y para graficar, los gobernantes actuales y otros políticos se comportan como quienes miran el partido de entrenamiento masista.

Para que se entienda mejor la comparación recurrimos a Xabier Azkargorta, quien decía:

Estamos jugando al fútbol (no que vamos a jugar al fútbol). Y cuando le preguntaban sobre el equipo de fútbol rival reiteraba que sus dirigidos y él estaban concentrados en el próximo partido, para el que ellos se entrenaban con mucho empeño y para ganarlo.

Respecto del movimiento actual de los masistas, el ministro Murillo denunció que los exgobernantes quieren “convulsionar” el país, resultado que probablemente pretenden, pero ese punto de llegada podría estar ahora entre sus deseos.

Los masistas no persiguen convulsión del país, según Andrónico Rodríguez, dirigente cocalero del Chapare, aunque aclaró que obedecerán las decisiones de sus organizaciones naturales, es decir, de los movimientos sociales.

Los masistas, sin cuidar las formas, están movilizados y pasan a la ofensiva política y electoral. Y en sus marchas de los últimos días no se protegieron con barbijo, no guardaron la distancia física entre los asistentes y quizá ni se lavaron las manos. ¿Y qué?, podrían decir esos marchistas, y quizá añadan para sus adentros: el fin justifica los medios.

A riesgo de que algunos consideren tarde, se debería compartir la convocatoria del líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos D. Mesa Gisbert, a un diálogo nacional a políticos, gobernantes, empresarios, sindicalistas y otros para buscar acuerdos sobre la campaña anticoronavirus, respecto de la crisis económica y las elecciones.

Sobre la campaña anticoronavirus, el aporte de la inmensa mayoría de los bolivianos y de los médicos y trabajadores en salud sigue invariable, pero algo más podría hacerse. Sobre la crisis económica, CC propone que los pequeños empresarios, con dinero de los bolivianos, produzcan millones de barbijos de buena calidad, sugerencia para la reactivación económica, o la una aplicación de “una nueva economía”, como propuso un economista y docente de la UMSA. Sobre las elecciones, y en base a criterios científicos, se tendría que mantener como fecha, definitiva o no, el 18 de octubre.

Es probable que los masistas se nieguen a conversar y a concertar. Sin embargo, en un editorial como éste dijimos que un acuerdo como el sugerido sería mejor si incorpora a los masistas, pero que si es necesario ese acuerdo sea sin ellos e incluso que ese pacto se lleve a cabo contra ellos, si esto fuera inevitable.

En cuanto a los gobernantes si éstos enmendaran sus evidentes deficiencias en la campaña anticoronarivus, ese acuerdo sería un avance mucho mayor que la retórica de que ellos se ocupan de la salud y de la vida de los bolivianos y que otros sólo ejercen la política.

Candidato masista en campaña electoral facilitada por sus adversarios políticos

Editorial de Aquí 319

Candidato masista en campaña electoral facilitada por sus adversarios políticos

Luis Arce Catacora comentó una encuesta según la cual él ganaría las elecciones del 6 de septiembre próximo.

De acuerdo con la ley electoral, ese comentario puede inducir a que los electores voten por él, por lo que está prohibido por esa norma.

Arce Catacora, por ese comentario, que confirmó haber realizado, hasta el cierre de esta edición ha sido denunciado por cinco actores, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para que este órgano del Estado boliviano procese y defina, probablemente, la cancelación de la personería jurídica del MAS y, por tanto, anule las candidaturas masistas a la Presidencia, Vicepresidencia y a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

El candidato masista, con ese comentario, habría cometido una falta electoral. Sin embargo, voceros masistas dicen que no hubo ni hay esa transgresión a la norma electoral por parte de su candidato.

Los masistas van lejos en la defensa de sus candidatos y de su personería partidaria: plantearon ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una demanda de inconstitucionalidad del artículo de la ley electoral que prohíbe a los candidatos propagar encuestas fuera del calendario electoral y de los plazos que correspondan.

Vale recordar que aquella ley electoral fue aprobada por la mayoría masista de los parlamentarios.

La norma que comentamos fue aplicada contra candidatos de los demócratas, ahora en el gobierno interino, porque el que en ese momento era candidato a gobernador de Beni difundió una encuesta sobre preferencias electorales, supuestamente, favorable al candidato señalado.

Los entonces miembros del tribunal electoral, amigos del MAS según se supo, inhabilitaron electoralmente a los demócratas y a más de 200 candidatos en Beni.

Esa resolución se considera una jurisprudencia, es decir, que la demanda contra Luis Arce debe ser resuelta por el TSE como ocurrió respecto de los demócratas en Beni.

La primera demanda, presentada antes de las otras cuatro, fue admitida por el TSE y en consecuencia corren los plazos en un trámite sobre el que se espera una resolución que anule la personería jurídica del MAS.

Arce Catacora, al parecer, quiso provocar a los políticos antimasistas, los que han iniciado los procesos citados.

Desde el comentario del candidato Arce, sobre esas encuestas, de acuerdo a los dichos y los hechos, los gobernantes durante 14 años, hasta este momento ganan porque han conseguido situarse en la coyuntura (“momento de la lucha de clases”): los últimos días y en distintos tonos se habla de ellos y, especialmente, del candidato Arce Catacora.

En las filas masistas sirve mucho que se los agreda, como afirman ellos, incluso algunos de sus voceros han dicho que otra vez los “racistas” quieren anular la personería del MAS.

Como acostumbran los masistas, el candidato Arce envía mensajes a sus partidarios, a quienes mantiene en movimiento.

Entre los políticos bolivianos no se debe olvidar que los masistas, y sobre todo su jefe, en diferentes momentos representaron el papel de víctimas, lo que les dio buenos resultados.

Arce aparece ahora como víctima, rol con el que espera ganar, y seguramente ya ganó entre sus conmilitones con la tercera parte o menos del electorado en Bolivia. Arce Catacora no debe estar seguro de ganar las elecciones en la primera vuelta y tendría que esperar sólo la derrota en una posible segunda vuelta electoral.

Si el TSE estableciera que, con su comentario, Arce cometió falta electoral debería aplicar la ley, pero las consecuencias políticas sólo pueden advertirse en sus rasgos más generales. En ese caso, los masistas rechazarían una eventual anulación de su personería jurídica con movilizaciones, es decir, los masistas serían llamados a su juego: a un quehacer sociopolítico en el que tienen fortalezas más que debilidades.

Es que los masistas sueñan con reconquistar el poder político en las elecciones o más allá de las elecciones.

Es posible que el MAS, sin personería jurídica, se batiría en las calles y en los caminos para recuperar el poder antes que su registro en el TSE.

Especialmente a los de Juntos les interesa que el MAS y sus candidatos salgan de la carrera electoral porque, eventualmente, podrían buscar una victoria electoral en una probable segunda vuelta, si las encuestas que se conocen se las toma como muestras que señalan tendencias.

Sin embargo, parece difícil o imposible que Juntos se reponga en lo que resta de la campaña anticoronavirus como para contar con mayor apoyo electoral.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, declaró para el diario El Deber de Santa Cruz que su gobierno está desgastado, confesión que da pistas para entender que los gobernantes interinos no consiguen el respaldo que todos los días persiguen en su campaña electoral cada vez que dicen que ellos se ocupan de la salud y de la vida de la gente y que otros ejercen la política.

Asimismo, los gobernantes interinos probablemente constatan que los planes que ellos ofrecen, de reactivación de la economía y de una aparente defensa del trabajo de la gente, no arrojarán los resultados en semanas.

La propuesta-decisión de la presidenta interina Jeanine Áñez de conceder el bono salud de Bs.500 tiene miras electorales antes que la preocupación por los escasos ingresos de asalariados y no asalariados. El complemento de esa movida electoral de la Presidenta interina es el pedido a la mayoría de asambleístas del MAS para que aprueben un crédito del FMI, con el que se pagaría ese nuevo bono.

Frente a esa propuesta-decisión, el candidato masista a la Presidencia del país, también como parte de su campaña electoral, ha dicho que él cree que el bono ofrecido por Áñez es insuficiente y que ese bono de salud debe ser de Bs.1.000 y que los parlamentarios masistas aprobarán un bono de este monto.

No cesa, pues, la acción política ni se registra cuarto intermedio en la campaña electoral, ni en el momento de más contagios y de más muertos por el coronavirus.

Los masistas, facilitados por sus adversarios políticos, se sitúan en el centro de la coyuntura y se comportan como referencia ineludible,

Los juntistas consiguen prorrogar el mandato de Áñez, tiempo en el que creen que enmendarán sus fallas evidentes en la campaña anticoronavirus y que conseguirán más apoyo electoral para la Presidenta y candidata.

La salud y la vida de la gente, primero; las elecciones, después

Editorial de Aquí 316

La salud y la vida de la gente, primero; las elecciones, después

Las elecciones deben realizarse el 6 de septiembre si en ese momento se advierte que los electores correrían menos riesgos de contagio con coronavirus.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe organizar las próximas elecciones con las medidas de bioseguridad, según protocolos, para evitar una crecida abstención electoral, la que sería un derecho ejercido por los electores, reconocido por el TSE, en avisos que se difunden por medios,

Es decir, no se sancionaría a los que eviten salir de sus casas, el día de los comicios, para autoprotegerse del virus letal.

Sin embargo, una crecida abstención electoral provocaría un entredicho de esas elecciones y de éstas surgiría un gobierno cuya legitimidad sería cuestionable.

Además, una de las obligaciones constitucionales del TSE es garantizar el ejercicio del derecho a elegir (y a ser elegido) en igualdad de condiciones y sin factores que dificulten o impidan la realización de esos derechos. Ningún candidato ha dicho que las elecciones se realicen aquella fecha, a pesar de todo y lo más probable es que ninguno se anime a decir algo similar ni en voz baja.

Un político que ha retornado del exilio, Mario Cossío Cortez, ha sugerido postergar las elecciones hasta marzo del próximo año. Similar pedido han hecho varios ciudadanos al TSE.

Asimismo, los oficialistas mienten cuando dicen que se ocupan de la salud y de la vida de los bolivianos y que no tienen tiempo para la política, no obstante de que ellos ejercen la política cada vez con más sombras y con pocas luces, cada día que emprenden acciones en la campaña anticoronavirus. Campaña que, para los oficialistas actuales, es parte de su quehacer por votos para la Presidenta y candidata.

Los masistas, con un doble discurso y dos prácticas, apuntan a la realización de aquella consulta el 6 de septiembre, en la que ganarían en la primera vuelta, agregan, como parte de su propaganda para reafirmar, en primer lugar, a sus electores que, según ellos, son la tercera parte de los inscritos en los registros electorales del país.

Los gobernantes, además, por intermedio de la Ministra de Salud, proponen que una comisión de científicos proponga la fecha de las elecciones, distinta a la del 6 de septiembre.

Respecto de las elecciones convocadas para aquella fecha, se consideran sugerencias de diálogos y búsquedas de acuerdos para aprobar una nueva postergación de aquéllas, ante la posibilidad de que los contagios y las muertes, por coronavirus, continúen como ocurre en este momento o que la pandemia sea aún más gigantesca.

Candidatos, médicos y dirigentes de organizaciones sociales han sugerido diálogo y acuerdos sobre las elecciones que comentamos,

Carlos D. Mesa Gisbert, líder de Comunidad Ciudadana (CC), propuso a la Presidenta interina, mediante carta, que convoque a un diálogo nacional a políticos, empresarios y trabajadores sobre la pandemia, la crisis económica y las elecciones.

La semana anterior, el actual Ministro de Gobierno declaró, para un medio, que la Presidenta interina iba a convocar al dirigente de la CC para conversar, pero no hubo ni hay tal convocatoria.

Algunos, sin embargo, creyeron que la mandataria Áñez respondería a Mesa, aunque sea con demora.

No obstante, un vocero de Juntos dijo, para un medio de difusión, que el anuncio del Ministro de Gobierno fue una opinión personal.

Los actores políticos, médicos y trabajadores en salud, parlamentarios, gobernantes interinos, gobernantes subnacionales, vocales del TSE, comités cívicos, instancias ciudadanas, dirigentes sindicales, trabajadores del agro, cocaleros de los yungas paceños y del Chapare y otros sectores que se sientan convocados o que se autoconvoquen deben apurar un acuerdo respecto de la realización de las elecciones. Ese acuerdo, imprescindiblemente, debe considerar la opinión de médicos y científicos sobre la previsión que ellos tengan acerca de la evolución de la pandemia en nuestro país.

Con la anticipación constitucional, TSE, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional y la Presidenta interina, además de aportar en la articulación de aquel consenso (consentimiento), deben facilitar la aprobación de la ley que postergue las elecciones y fije la nueva fecha de realización de aquéllas.

Quizá ese nuevo acuerdo modere el discurso y las acciones de los oficialistas que aseguran que sólo están ocupados en la lucha por la defensa de la salud y de la vida de los bolivianos; así talvez se calmen los masistas que mezclan mentiras con quehaceres violentos, como extensión de un comportamiento político y electoral cotidiano.

Es necesario, asimismo, diálogo y acuerdo respecto de las medidas para enfrentar la crisis económica, consecuencia de la pandemia en Bolivia, una fase de lo que ocurre en el mundo.

Los planes de reactivación económica y en defensa de los puestos de trabajo, aprobados por los gobernantes interinos, tendrían que ser considerados, sobre todo porque aquéllos se muestran como una política económica destinada a ganar votos para la Presidenta y candidata.

El economista Alberto Bonadona Cossío ha dicho que de la actual crisis debía surgir una nueva economía, idea novedosa en tiempos de coronavirus, que podría debatirse entre los trabajadores, y quizá también entre los políticos y otros sectores.

Otro criterio rescatable de aquel profesional es que deben tomarse medidas económicas ya, sugerencia que en un diálogo y probable acuerdo, que sugerimos, podría ser un elemento para el intercambio.

Acerca de la campaña anticoronavirus, ahora tendría que estar más claro para los gobernantes interinos que al comienzo de la emergencia sanitaria, debieron asumir la iniciativa o escuchar la propuesta de Mesa y convocar a un diálogo nacional para la aprobación de tareas a desarrollar dentro de la campaña antipandemia.

Ahora, ante el colapso de varios hospitales públicos y de las cajas de salud, debido a la escasez y falta de personal especializado en terapia intensiva, por la carencia de salas de aislamiento para sospechosos de contaminación con el virus mortal, por la escasez de médicos y de enfermeras por las dolencias de éstos o porque muchos de ellos son eventuales, ante la falta de laboratorios o reactivos, debido a la falta de remedios y al menos frente a dos maneras de tratar a los pacientes con coronavirus —la sugerida por la OMS y la llamada alternativa— y sobre todo respecto del aumento de los infectados y los muertos por coronavirus, todavía hay necesidad y tendría que haber tiempo para que gobernantes interinos, gobiernos subnacionales, médicos y enfermeras, dirigentes políticos, dirigentes sindicales, entre otros, acuerden tareas anticoronavirus y formas de materializarlas.

Hasta este momento, la Presidenta interina y sus ministros, sin decirlo expresamente, se han negado a compartir actividades en la dirección de la campaña anticoronavirus, quizá porque creen que los réditos políticos y los votos, que sumarían en su favor, no los deben compartir. Sin embargo, los reveses que sufren los gobernantes interinos, en la campaña que encabezan para vencer al coronavirus, tendrán que recogerlos muy a pesar suyo.

No hay caminos, hay que hacerlos al andar (“protocolos”), para seguir tras de salidas convenientes, dentro de la actual situación boliviana, por ello urge conversar y concertar.

Respaldamos la búsqueda de diálogo y acuerdos que tengan en cuenta los intereses de la inmensa mayoría de los bolivianos respecto de las elecciones que deben llevarse a cabo en condiciones que aseguren el ejercicio del derecho al voto y con los menores riesgos de contagio con coronavirus; que al menos se intercambien criterios sobre medidas que realmente reactiven la economía y aseguren los puestos de trabajo y que se definan más tareas para compartirlas en la campaña anticoronavirus.

Clases por internet, ¿camino al fracaso?

Editorial de Aquí 317                                    

Clases por internet, ¿camino al fracaso?

Profesores, padres de familia, estudiantes, la comunidad educativa, afirman que las clases virtuales o por internet van rumbo al fracaso.

Se refieren a las clases decididas mediante decreto supremo (DS) por los gobernantes interinos de manera unilateral y sin participación de ni consulta a los actores de un proceso educativo normal o prepandemia coronavirus.

En las clases virtuales, según el DS citado, se desarrollarán programas y temas imprescindibles para un período de tiempo reducido.

Han sido entrenados los profesores que conducirán esas clases con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las que emplean las redes sociales.

Son clases no presenciales ni semipresenciales, que se imparten por primera vez en las escuelas y colegios públicos de Bolivia, debido a que son imposibles las clases presenciales, como consecuencia del coronavirus, por lo que a la vez se determinó la suspensión de las clases en primaria, segundaria, universidades e institutos.

A las clases por internet no pueden acceder muchos estudiantes porque carecen de los medios para usar el internet o esos estudiantes no cuentan con internet porque la pobreza de sus hogares les impide comprar ese servicio y quizás, en muchos más casos, esos estudiantes ni siquiera tienen energía eléctrica en sus domicilios. Esas carencias son mayores en el agro y también en provincias, donde además no llega la señal de internet, contrariamente a lo prometido por los gobernantes del MAS cuando se puso en órbita el satélite Tupak Katari cuyo costo llegó a la astronómica suma de 302 millones de dólares.

En la sede del gobierno, en este momento, hay barrios a los que no llega el internet.

En consecuencia, las clases virtuales segregan (separan) a una indeterminada cantidad de estudiantes.

Aquel DS dispone, además, las clases semipresenciales y a distancia. Las clases presenciales se supone que retornarán cuando venzamos al coronavirus.

Los profesores, especialmente de La Paz, aseguran que ellos han presentado un plan de emergencia para las clases presenciales, a desarrollarse el momento en que haya condiciones para emprenderlas.

Los mismos profesores, muchos de los que serán separados de su oficio cotidiano, dicen que ellos volverán a clases presenciales incluso en el tiempo en el que habitualmente se decretan los descansos pedagógicos.

En ese contingente de educadores se anota que las clases por internet lesionan y desconocen principios de la escuela pública, como la gratuidad, universalidad, e incluso el carácter único y democrático de la escuela boliviana.

Asimismo, los educadores paceños ponen el acento en que las clases virtuales impiden la interacción entre profesores y estudiantes, y entre éstos, destinatarios y actores principales de un verdadero proceso educativo

Sin embargo, aquellos profesores no dicen que un maestro enseña y, además, aprende al

mismo tiempo, y así se torna en proceso educativo pleno.

De ello se deduce que las clases por internet no serán integrales: con ellas no se logrará alcanzar a plenitud el proceso enseñanza-aprendizaje y, por otra parte, las evaluaciones bajo esa modalidad no gozarán de credibilidad, en las que puede haber fraude; esto no lleva a afirmar que las clases por internet serán, sobre todo, excluyentes para los empobrecidos.

Se nota que los gobernantes interinos y el Ministro de Educación, especialmente, no toman en cuenta ni anteriores ni actuales experiencias de las clases a distancia, de las semipresenciales y por internet.

Nos referimos a las clases de alfabetización radiales, por Erbol y por radio Santa Cruz, que son ejemplos señeros.

Un profesor recordó, hace días, que durante el gobierno de Alfredo Ovando Candia se emprendió una campaña de alfabetización y que viven profesores que participaron en esa campaña alfabetizadora.

De la campaña de alfabetización emprendida en el gobierno de Evo Morales, con apoyo de cubanos y de venezolanos, algo se podría recoger si se dejaran a un lado los peros políticos e ideológicos.

Sobre las experiencias últimas, los gobernantes deben estar enterados de que profesores rurales distribuyen lecciones entre sus alumnos, para ello viajan a pie o en los medios a su alcance.

En una localidad chuquisaqueña imparten clases por televisión para grupos de estudiantes.

El Concejo Municipal de Potosí aprobó una ley que dispone que el servicio de internet debe ser gratis para los estudiantes de aquella ciudad que ha dato tanto a nuestro país y al mundo.

Las universidades públicas y privadas tienen un camino recorrido en el despliegue de clases virtuales.

Se pasan clases por internet, entre otras, en la UMSA y en la San Francisco Xavier de Sucre.

De la UMSA es posible decir que sólo parcialmente los estudiantes, algo así como la mitad, accede a esas clases.

Algunos docentes de la UMSA no participan de las clases virtuales, pero con seguridad cobran sus sueldos.

Un grupo de trabajo de Naciones Unidas, en La Paz, realizó un muestreo que dio cuenta de que aproximadamente la mitad de los estudiantes bolivianos participan de las clases virtuales y que la mayoría de ellos aprenden poco o nada en ese proceso.

Con una huelga de hambre, sostenida sobre todo por profesores rurales y padres de familia, a la que se suman profesores urbanos, se rechazan las clases virtuales porque se las considera privatizadoras de ese servicio público y exige la renuncia del Ministro de Educación.

Los profesores de La Paz, que han realizado marchas para que se atiendan sus demandas, además de otros puntos exigidos por la huelga de hambre, piden que se dote de servicio de internet gratis a estudiantes y docentes, y que los encargados convoquen a exámenes para el ascenso de categoría de los educadores.

Más de un vocero de esos profesores ha planteado que se estaticen o nacionalicen los servicios privados de internet. Habrá que entender ese castellano como que deben nacionalizarse las empresas que venden servicios de internet en Bolivia. Sea o no serio este planteamiento, tiene importancia registrarlo.

El Ministro de Educación, llamado a decir poco y hacer más, sobre las clases ha dicho: Fue una precipitación la cuarentena decretada en Oruro, de escuelas y colegios, días antes de la cuarentena decidida por los gobernantes interinos.

Ese funcionario público, antes de anunciar las clases por internet, señaló que se reabrirían las escuelas y colegios en junio; luego guardó silencio sobre un asunto destacado como las clases presenciales.

En tercer lugar, ese Ministro anunció que el gobierno dotaría de computadoras a los estudiantes.

En cuarto lugar, ese mismísimo funcionario, sin que se le pregunte, afirmó que para las clases virtuales fueron sacados los contenidos destinados al adoctrinamiento de los estudiantes, de acuerdo al marxismo, incluidos en la reforma educativa de Evo Morales.

El ministro Cárdenas, asimismo, negoció sólo con los propietarios de los colegios privados una rebaja de las pensiones escolares en porcentajes que oscilan entre el 6 y el 28 por ciento por las clases virtuales que se transmiten desde esos colegios particulares, las que ahora están suspendidas por vacaciones de invierno.

Padres de familia de esos colegios particulares rechazan esos rangos de posibles descuentos y dicen que a lo sumo ellos pagarían la mitad de esas pensiones por clases virtuales desarrolladas sin reglamentación, añaden.

Desde los cuatro costados del país se propagan opiniones que apuntan a un punto: será difícil y hasta imposible “salvar” el año escolar 2020.

Sin embargo, los actores del proceso educativo deben buscar una salida a las escuelas y colegios fiscales sin clases porque, además, se trata de un problema único en su género el que se debe resolver.

Desde esta página virtual apuntamos algunos criterios que quizá ayuden a encontrar una forma de “funcionamiento” de las escuelas ahora sin clases presenciales.

Cualquier salida debe asegurar el derecho al estudio de niños, adolescentes y jóvenes, el derecho al trabajo de los profesores, el derecho de los padres de familia a participar de la tarea de coeducación de sus hijos desde la comunidad educativa.

La educación para todos tiene que ser una consigna que no se debe soslayar y que se debe defender y materializar, no obstante la pandemia.

A esta altura del conflicto y a julio del año 2020, se advierte que los gobernantes no tienen la fuerza para imponer las clases virtuales, aprobadas sin consulta y sin participación alguna de los principales actores del proceso enseñanza-aprendizaje.

Los miembros de la comunidad educativa, asimismo, podrán dificultar más aún las clases por internet, pero no conseguirán que sean reemplazadas por las clases habituales de ayer, es decir, las presenciales ya.

Sin perder de vista estas clases, las presenciales, será posible, como parte de un acuerdo, organizar las clases virtuales, con internet, equipos, programas de estudio y temas, profesores y otros, hasta que una vacuna sea utilizada para inmunizar a la humanidad boliviana y a la humanidad universal.

Clases semipresenciales y clases a distancia podrían ser ensayadas apenas sean posibles y podrían impulsarse y ampliarse las clases de profesores rurales que van al reencuentro de sus educandos.

El momento que sea posible, mejor si así se acuerda, se realizarían cursos de verano de recuperación de las clases que no se tendrían este año.

En la gestión 2021 se desarrollarían dos cursos en vez de uno, es una sugerencia que se la hace todavía en voz baja en varios lugares del país.

La situación que detiene el proceso educativo tradicional debe encontrar una salida, con los menores sacrificios, además de los que tuvieron lugar hasta este momento.

Incluso en este tiempo de campaña para vencer al coronavirus, la educación debe ser para todos en Bolivia. Los estudiantes no deben ser afectados con más frustraciones.

Urgencia de un acuerdo político sobre pandemia, crisis económica y elecciones

Editorial de Aquí 315

Urgencia de un acuerdo político sobre pandemia, crisis económica y elecciones

Ante la guerra contra el coronavirus, la crisis económica que se agrava y las elecciones sobre las que hay miradas contrapuestas, es urgente dialogar y acordar entre los actores políticos, gobernantes, candidatos a la Presidencia del país, vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), parlamentarios, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sindicalistas, empresarios, médicos, trabajadores en salud, gobernadores, alcaldes, campesinos, indígenas de las tierras bajas, cocaleros (de Yungas de La Paz y del Chapare), obispos católicos y de otras iglesias cristianas, dirigentes cívicos, delegados de juntas de vecinos, universitarios (docentes y estudiantes), profesores (urbanos y rurales), estudiantes de secundaria, padres de familia, artistas, representantes del Comité de Defensa de la Democracia (CONADE), delegados de Naciones Unidas, Defensora del Pueblo, entre otros, los que deben ser convocados por la Presidenta interina o en su defecto tendrían que autoconvocarse para dialogar y buscar un acuerdo para continuar la campaña anticoronavirus, respecto de las medidas urgentes para enfrentar la crisis económica y para ratificar la fecha de realización de las elecciones o definir una nueva postergación de esa consulta.

La urgencia de ese diálogo nacional no tendría que ponerse en duda y para los que crean que es tarde esa convocatoria, la respuesta es que, aunque demorada, todavía sería a tiempo ese diálogo y el posible acuerdo.

Carlos D. Mesa Gisbert, candidato a la Presidencia de Bolivia, de la Comunidad Ciudadana (CC), en dos ocasiones y mediante una carta, le pidió a la presidenta Jeanine Áñez Chávez que convoque a un diálogo nacional, para considerar los tres temas sugeridos en esta nota editorial de Aquí virtual.

Antes, el exsenador del MAS, Adolfo Mendoza, propuso que la Presidenta interina organice un gabinete para discutir las tareas de la campaña antipandemia.

El diputado Víctor Gutiérrez, también del MAS, aconsejó la “reconciliación nacional”, ante la crisis sanitaria. En esa ocasión, ese parlamentario, incluso habló de una autocrítica que debía hacerse el masismo.

El expresidente Tuto Quiroga también ha dicho que se debe buscar un acuerdo para enfrentar la crisis, en las tres dimensiones, que interpela o debe interpelar a los actores que expresamente citamos en esta sugerencia.

Con el irrefutable argumento de que primero está la salud de los bolivianos, el exministro de Salud, Guillermo Cuentas, ha opinado que se debe propiciar aquel diálogo para establecer acuerdos, cuya iniciativa tendría que haber sido de la mandataria Áñez, pero ella mantiene el silencio frente a este asunto de primerísimo importancia. Además se advierte que los gobernantes creen que ellos se bastan solos en la dirección de la campaña anticoronavirus, respecto de la administración de la crisis económica cada vez más devastadora y de las elecciones respecto de las que las discrepancias sobre la fecha de su realización se acentúan.

Sin embargo, la campaña anticoronavirus requiere de un acuerdo entre los actores señalados para continuar la guerra contra el llamado enemigo invisible: el coronavirus.

Los gobernantes hablan de que los bolivianos estamos unidos para vencer al coronavirus, pero esa unidad si es real, con el diálogo y el acuerdo que se sugiere, se fortalecería y realmente sería de todos o de casi todos los bolivianos, la que ayudaría a seguir la campaña anticoronavirus, con más posibilidades de vencer al virus mortal.

Respecto de las medidas económicas anunciadas podría haber y no haber acuerdos, entre los participantes del diálogo del que se escribe. Eso mismo ayudaría a los gobernantes a enmendar sus errores o a conseguir apoyo a las medidas que aprobaron.

Si el desacuerdo de los asistentes al diálogo nacional fuera mayoritario respecto de la abreviación del trámite para los cultivos de semillas transgénicas de soya, caña de azúcar, maíz, trigo y algodón, los gobernantes tendrían que derogar ese decreto supremo el que, además, se contrapone a la Constitución.

Acerca del plan para la reactivación económica y la preservación del empleo, empresarios han hecho conocer su acuerdo, pero otros no tienen certeza de que, la Asamblea Legislativa Plurinacional, apruebe pronto los créditos como es de rigor. Parte del financiamiento interno, para ejecutar este plan, estuvo y está destinado para la industrialización del gas natural en el chaco tarijeño, dinero reasignado para ejecutar el plan lanzado, mediante decreto supremo, hace horas, pero voceros de esa región chaqueña rechazan, es decir, no aceptan que aquel dinero sea reasignado para financiar un proyecto distinto al de los chaqueños .

Otro tema para el diálogo y posible acuerdo que se adjunta, es el de las clases por internet, las que la mayoría de los profesores y padres de familia rechazan porque de ese servicio y por los medios anotados serían excluidos muchos estudiantes.

El diálogo y la concertación que aquí se sugiere, podría ser una oportunidad para que los gobernantes complementen las medidas dictadas y/o corrijan su desacierto inconcebible en un plan de reactivación económica y de preservación de los empleos señalado.

Sobre la fecha de realización de las elecciones, a pesar de los desencuentros que se conocen y más allá de que los gobernantes aseguran que los masistas buscan desestabilizar e incluso deponer al gobierno interino, ningún dirigente político, ningún vocal del TSE, ha dicho que las elecciones deben realizarse el 6 de septiembre, aunque en ese momento sean más los infectados y más los decesos, por el coronavirus y a riesgo de que haya más infectados por la aglomeración en los recintos electorales.

Al revés, son más las voces de los que sugieren una nueva postergación de las elecciones si la pandemia sigue el curso de los últimos días en el país.

Si se interpreta correctamente el cauce de la pandemia en Bolivia, será posible un acuerdo de los convocados al diálogo propuesto sobre este asunto esencial.

Un aditamento a la sugerencia: especialmente los dirigentes políticos, candidatos, asambleístas y vocales del TSE deben ser consultados acerca del diálogo y del acuerdo propuesto.

Estos actores, en el menor tiempo posible debieran realizar consultas y buscar acuerdos preliminares, en el camino hacia el diálogo nacional, con los que se sientan convocados porque, para un encuentro como el sugerido, nadie tendría que esperar quórum, pues, debe realizarse con los asistentes; esta es otra razón por la que se aconseja conversaciones iniciales o declaraciones de aprobación de los actores, convocados al diálogo, las que ayudarían a que se instale el diálogo y a que se establezcan acuerdos, aunque éstos fueran parciales.

La propuesta es dialogar y acordar tareas para seguir la campaña anticoronavirus, para la administración de la crisis económica y para la realización de las elecciones el 6 de septiembre o en otra fecha y, como yapa, medidas para asegurar la educación para todos.

Los bolivianos que, en este momento, creamos en el diálogo nacional y en el acuerdo sugeridos debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los actores citados dialoguen y acuerden según los intereses de la inmensa mayoría de los bolivianos, los que tendríamos que ganar con el diálogo nacional y el acuerdo propuesto.

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