Editorial de Aquí 326
Elección de Arce en primera vuelta es propaganda, la de Mesa en segunda vuelta es vista como una esperanza
sábado, 17 de octubre de 2020
Apoyados en las encuestas, los masistas afirman que ganarán las elecciones del domingo 18 en la primera vuelta o que en esta fecha elegirán a una mayoría de senadores respecto de Comunidad Ciudadana (CC) y de Creemos.
Tal afirmación es una posibilidad verificable o no por las elecciones, aunque es una propaganda política y electoral que contiene una crecida dosis de mentira.
Arce, candidato a la Presidencia del país, y voceros de los que gobernaron 14 años dicen que si no ganaran, como desean, sería porque ocurrió un fraude electoral y, en consecuencia, acabaría el cuarto intermedio decretado por los que bloquearon caminos y calles de El Alto y rechazarían el supuesto fraude con acciones de fuerza de los llamados movimientos sociales.
En unas ciudades más que en otras, los últimos días la gente compra víveres y se forman colas de transportistas que demandan más gasolina que la que utilizan cada día, sobrecompra que genera escasez del carburante.
El rumor dominante es que luego de las elecciones habrá bloqueos o convulsión sociopolítica.
La convocatoria a mantener la calma y a respetar el resultado de las elecciones es escuchada, creída incluso, pero no se dejan de señalar dichos y hechos que han provocado al menos 40 muertos por falta de oxígeno en las salas de terapia intensiva en las que trataban a contagiados graves con coronavirus y a la vez se recuerdan las cuantiosas pérdidas económicas.
Mientras se escribe este editorial se convoca, asimismo, a los que aparentemente no han definido su voto, para que concurran a las urnas y voten con inteligencia y/o sufraguen contra el binomio masista.
Voceros de CC, también optimistas, esperan ganar en la primera vuelta, o en la segunda, en cuyo caso contarían con menos senadores.
Sin embargo, las elecciones serán las que determinen la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La formación de un gobierno Mesa-Pedraza es vista por una mayoría con esperanza para impedir que el masismo retome el poder, aunque sería débil si se confirmaran las tendencias electorales menos favorables a CC, que no agrupa a ningún partido con organización e influencia visibles.
Mesa, asimismo, para no pocos electores es una representación del pasado político aliado otrora al gonismo, razón o sinrazón que impediría la votación de una parte de los indecisos. No obstante, el candidato principal de CC es el mejor situado ante la consulta previa al 18 de este mes.
Se advierte que el también posible gobierno de CC ejercería un poder político debilitado desde sus orígenes; un gobierno asediado por el masismo. Éste buscaría la derrota del gobierno de CC desde su instalación en el Palacio Quemado.
Luis Fernando Camacho, candidato de Creemos, ha dicho que sus electores no votarían por Mesa en una eventual segunda vuelta. Sin embargo, en base a la experiencia, en este espacio periodístico nos animamos a suponer que los intereses de los empresarios cruceños y de los propietarios de San Julián, Cuatro Cañadas, Yapacaní, entre otros, llevaría a los camachistas a pactar con los masistas, como pactaron éstos con los miembros de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
En Santa Cruz se difunde con especial énfasis que Mesa es enemigo de los cruceños, en tanto que empresarios cruceños sí son amigos de la dueña de tierras Nemesia Achacollo, exministra de Morales.
Esos empresarios cruceños son los que callaron y callan la concesión de tierras con vocación forestal a 50.000 dudosos agricultores o improvisados colonizadores que son poseedores de esas tierras en la Chiquitania, de las que cinco millones de hectáreas ardieron el año pasado, cual holocausto que acabó con el bosque seco y los animales silvestres del lugar.
Se asegura que el 70 por ciento de los bolivianos no quiere otro gobierno masista o de Evo Morales como jefe real.
Se sabe que los hechos se dan una vez como tragedia y se repiten como comedia, según Marx.
Arce-Choquehuanca no podrían repetir el gobierno del que fueron ministros la mayor parte de los 14 años.
Sin embargo, un nuevo gobierno masista reproduciría ese poder en las condiciones de la pandemia, la crisis económica que sigue y la crisis política en curso.
Un gobierno de Arce-Choquehuanca se presentaría como de izquierda, pero en la práctica sería de la alianza de cocaleros del Chapare con narcotraficantes, con cooperativistas-empresarios mineros que privatizarían más los recursos mineros fiscales; de los colonizadores que aumentarían sus tierras; de dirigentes sindicales con ingresos extralegales; de campesinos receptores de plata a cambio del respaldo al régimen masista que se reproduciría hasta donde sea posible en este tiempo; de funcionarios públicos que para conservar su cargo tendrán que volver a dar, mensualmente, sus aportes “voluntarios” al partido gobernante.
Sin embargo, en esta publicación virtual confiamos en que el pueblo explotado y oprimido, que no está sometido al masismo, se comportará sabio y votará para impedir que aquel régimen impostor retome el poder por la vía electoral.
Editorial de Aquí 325
Masistas pretenden retomar el poder con elecciones o con violencia
La estrategia u objetivo fundamental de los masistas y de Juan Evo Morales Ayma (JEMA) es retomar el poder político en Bolivia.
Los movimientos tácticos que apuntan hacia esa estrategia fueron y son: el último bloqueo de caminos y de calles de El Alto, la participación en las elecciones del 18 de este mes con los candidatos Arce y Choquehuanca, y tienen en vista acciones de fuerza cuyos actores serían principalmente los operadores de los bloqueos de más de 10 días.
Los ejercicios parlamentarios de los masistas en la Asamblea Legislativa Plurinacional con sus dos tercios de votos y los trámites de jueces y fiscales también configuran movimientos tácticos de militantes masistas y/o de sus aliados, aunque los últimos son acciones de menor envergadura.
Los bloqueos, a pesar de que impidieron la llegada oportuna de oxígeno para enfermos de coronavirus en terapia intensiva y que causaron muertes, no causaron los reveses electorales en el MAS que esperamos la mayoría de los bolivianos.
Esos bloqueos fueron un ensayo político-electoral de los masistas y de sus amigos. Éstos ganaron en esas jornadas drásticas debido a que además hubo cuantiosas pérdidas económicas.
Ahora está más claro o debe quedar más claro que con esos bloqueos los masistas y sus electores marcharon hacia la retoma del poder. Aunque en ese momento los masistas ocasionaron muerte y hambre de muchos bolivianos, los electores masistas se fortalecieron, recogieron estímulos que ellos necesitan, no obstante de que es un contingente humano sobornado y por eso cautivo.
Hasta el cierre de esta edición las encuestas dan como posible ganador al binomio Arce-Choquehuanca el próximo 18.
Apoyados en esos datos, cuya comprobación sólo la darán las elecciones, los masistas creen que ellos ganarán en la primera o en la segunda vuelta, como ha dicho su principal candidato.
Los masistas dicen que si perdieran en la consulta sería porque se cometió fraude electoral en su contra, y ante esa derrota electoral los que gobernaron 14 años desconocerían los resultados electorales y desencadenarían acciones de fuerza, las que empezarían con bloqueos y de las que se habla entre la gente del pueblo en barrios paceños.
En Oruro, los dirigentes sindicales Orlando Gutiérrez (asalariado minero) y Andrónico Rodríguez (cocalero chapareño) han reiterado que si el binomio masista pierde en las urnas será porque hubo fraude electoral, ante el que responderán con acciones de fuerza para hacer respetar una supuesta victoria de los masistas el 18 de este mes.
Si la victoria electoral fuera de Comunidad Ciudadana (CC), con Mesa y Pedraza, y los masistas reconocieran ese triunfo también posible, el riesgo es que ese gobierno consiga una minoría parlamentaria y por tanto constituya un gobierno que tenga al frente una oposición masista en el desayuno, almuerzo y cena de todos los días.
No se debe sobrevalorar el papel opositor de los masistas, pero apoyados en que parece que no detendrán su marcha hacia la retoma del poder político no se debe perder de vista cuanto hicieron y cuanto hacen en esa dirección.
Algo más sobre las elecciones. Para esta publicación virtual, los que han hecho, hacen estos días y harán fraude electoral son los masistas y sus amigos.
Votarían los masistas y sus electores que tienen más de un carnet de identidad, con los que se han inscrito en un padrón que no ha sido depurado como se ha reclamado que haga el Tribunal Supremo Electoral.
Los masistas compran votos directa e indirectamente y tienen dinero para esa operación electoralmente dolosa.
En las mesas electorales en las que no haya control de otros partidos y frentes los masistas anotarían los votos ajenos en favor de sus candidatos.
Podría funcionar el llamado voto comunitario para Arce-Choquehuanca, es decir, comunarios votarían por sus hermanos masistas bajo presión política o a cambio de dinero.
Esas formas del fraude electoral que ejecutarían masistas y cofrades suyos ya han ejecutado en otras ocasiones, las que son muy difíciles de comprobar.
Arce y Choquehuanca tendrán la mayoría de los votos de los siguientes sectores sociales y por qué:
De cocaleros, porque éstos con un nuevo gobierno del MAS asegurarían la producción de coca que se destina a la elaboración de cocaína.
De los cooperativistas-empresarios mineros y de los dependientes de éstos, así esperan recibir más parajes mineros para explotarlos, más créditos, más regalos, como los concedidos por el otrora presidente Morales Ayma.
De los colonizadores, con la esperanza-certeza de ser favorecidos con más tierras, como 50.000 de ellos fueron dotados en la Chiquitania antes de que el bosque seco ardiera el año pasado.
De los campesinos, que recibieron regalos en varias ocasiones o dejaron el agro y se reubicaron en las ciudades, desde donde atienden algunas de sus chacras que prevalen y así constituyen los nuevos abscentistas: viven en ciudades y cuidan a control remoto sus tierras, labradas en muchos casos por proletarios y/o semiproletarios.
De muchos servidores públicos que continúan trabajando en las instituciones del Estado desde el régimen anterior, con la promesa de que si votan por el MAS y éste retoma el poder, no serán echados de sus puestos de trabajo.
Entre los candidatos del MAS a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) hay dirigentes sindicales, así como candidatos que son empresarios.
Especialmente fuera de Bolivia se informa que aquí la disputa electoral se da entre la izquierda que representarían los candidatos masistas y la derecha aliada a Comunidad Ciudadana que postula al binomio Mesa-Pedraza.
Estas dos candidaturas que se advierte que concentran la mayoría de las preferencias de los electores, según las encuestas conocidas, son las que suman el apoyo de sectores populares o de movimientos sociales, la primera, y de las capas medias la segunda.
La candidatura de los empresarios es la del binomio Camacho-Pumari, ambos exdirigentes de comités cívicos (Santa Cruz y Potosí).
El MAS no es ni instrumento ni frente ni partido, pero es una masa electoral que abarca una tercera parte del electorado, caudal político-electoral que le permitiría reconquistar el poder en las urnas. Sin embargo, tal victoria no es segura. Otra tercera parte de los electores no parece haber definido por quiénes votar. Entre esos electores se supone que muchos no votarán por los candidatos masistas ni por otro candidato que represente el pasado político de nuestro país. Sin embargo, se espera que una parte de los actuales indecisos voten por los candidatos de CC, cuya verificación sucederá el 18 de octubre, reiteramos.
La práctica social, electoral y política será la que demuestre cómo se realiza o no la estrategia masista, es decir, su operación retorno al poder y cómo funciona su táctica: su participación en las elecciones y un posible accionar violento del que no se debe descartar la proclamada guerra civil, bloqueo de caminos, enfrentamientos armados o una oposición cotidiana que prolongue la crisis política al extremo de dificultar y/o impedir la llamada gobernanza de un también posible gobierno de Mesa-Pedraza de CC.
Compañeros del campo popular consideran que los masistas tienen tales deseos, pero que no existen las condiciones para que venza un accionar violento como el que al parecer ellos buscan. A esos compañeros les invitamos a leer cuidadosamente la realidad y a conocer realmente a los masistas y a su jefe, y que de éstos creamos cuanto hacen más que cuanto dicen. Entre los integrantes del acuerdo político y simpatizantes de CC hay quienes apuestan a la victoria electoral en la primera vuelta. Otro deseo que está por verificarse.
En Bolivia de este tiempo, si se materializa un gobierno de CC, que sea para continuar la campaña para vencer al coronavirus o por la salud y la vida de los bolivianos; para administrar la crisis económica y para reactivar si fuera posible una “nueva” economía, y para superar la crisis política.
En esas condiciones, el pueblo-pueblo debe tener una nueva unidad y una dirección política propia: un frente antiimperialista y revolucionario para la segunda y definitiva liberación de Bolivia.
Para caminar por ese cauce, en esta publicación virtual, asimismo, confiamos en que el pueblo-pueblo, los explotados y oprimidos que no tuvieron ni tendrán privilegios como los concedidos por Evo Morales, con plata de los bolivianos, votarán por sus intereses.
Editorial de Aquí 323
Amparo que busca habilitar a Morales como candidato es parte de campaña electoral del MAS
Un episodio de la campaña política y electoral de los masistas —con ayuda de sus adversarios— es la demanda de amparo constitucional que buscó que un tribunal de garantías constitucionales disponga que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) revise la inhabilitación de Juan Evo Morales Ayma como candidato a senador en las listas del MAS por Cochabamba y, en consecuencia, reinscriba a ese ciudadano-postulante en los registros como candidato sin haber vivido en Cochabamba y en Bolivia de manera continua los dos últimos años.
El otrora Presidente depuesto por la fuerza de la mayoría del pueblo fue inhabilitado como candidato dentro de los plazos legales y según la Constitución Política, que dispone que quienes postulen a la Asamblea Legislativa Plurinacional deben acreditar con documentos su residencia en la circunscripción electoral por la que postulan: residencia ininterrumpida los dos últimos años respecto de la fecha de las elecciones.
En la demanda de amparo del exPresidente y en la fundamentación de sus abogados, los demandantes del amparo constitucional alegaron que el candidato inhabilitado vivió en Bolivia durante aquel tiempo en forma intermitente, es decir, de modo discontinuo, debido a un supuesto golpe de Estado que acabó con su mandato, el que le habría obligado a salir de Bolivia en contra de su voluntad.
En aquel alegato se omitió la renuncia y la salida al exilio a México y a la Argentina por decisión del ahora refugiado en el país vecino.
Un abogado y parlamentario masista, a manera de resumen, dijo que con ese recurso de amparo su jefe político buscaba ejercer su derecho a ser elegido en las urnas.
Abogados contrarios al MAS afirman que el tribunal de garantías no debió admitir esa demanda de amparo.
El Presidente del TSE señaló que ese organismo respeta el estado de derecho y que esperaba la resolución del tribunal en el que se tramitó el amparo para pronunciarse en Sala Plena, como es de rigor.
Los masistas, con variaciones y en tonos distintos, se pronunciaron frente a la demanda constitucional referida.
Dirigentes de los cocaleros del Chapare se declararon en emergencia, otros dirigentes de movimientos sociales en el gobierno de 14 años señalaron que acatarían el fallo, que estuvo empatado y que el último lunes fue resuelto con el voto de un vocal dirimidor. Los dirigentes de otros movimientos sociales cooptados por el MAS, como la COB y colonizadores, permanecieron callados frente a ese amparo.
Gobernantes interinos, políticos, miembros de plataformas ciudadanas, dirigentes cívicos, unos más que otros, descargaron sus furias contra Morales, al extremo de que por éste dijeron que es un pedófilo, estuprador, delincuente, olvidando que se presume la inocencia de un encausado mientras no se demuestre lo contrario.
Morales ha sido denunciado por la supuesta comisión de varios delitos, incluida la presunta autoría intelectual de un crimen de lesa humanidad, es decir, que ofende a la humanidad y cuya culpabilidad no prescribe.
Pero esas denuncias y querellas en contra del exPresidente no son investigadas, y el denunciado ni siquiera ha sido notificado, como ha dicho uno de sus abogados y exministro del régimen de14 años.
Esas descargas de políticos en contra de Morales le ayudan a convertirse en víctima, papel que ejerce y con el que casi siempre gana el nacido en Isallavi-Orinoca.
Vistas bien las cosas, cerca de la tercera parte de los electores respaldan a Morales frente a ese amparo, y la mayoría de los bolivianos estuvimos y estamos pendientes respecto de ese trámite con el que el entonces Presidente sacado de la Casa Grande del Pueblo pretendió la citada candidatura a senador.
Ahora, entre los políticos, incluidos redactores de este medio virtual, hablamos del exiliado en Argentina.
Respecto del citado amparo y los dichos y los hechos en favor y en contra, sería un desacierto mirar con indiferencia y pasar, como decía y hacía Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia y el primer exiliado político del mundo.
La gente del pueblo, vale decir los explotados y los oprimidos que no están sujetos a la oferta y a la demanda por plata o por la reconquista de privilegios concedidos por Morales para sus jaleadores, como vigía y con argumentos, debe aguardar un fallo constitucional sin esperar que se vulnere la Constitución y las leyes, y sin tolerar que jueces prevariquen. Ante un prevaricato —a pesar de los riesgos— se tiene que demandar al o a los prevaricadores. Sin embargo, especialmente los políticos y por cierto gente del pueblo, no deben dejar el campo político para que los masistas se movilicen a sus anchas.
Ahora que formalmente empezaron las campañas electorales se espera la difusión de programas que contengan las demandas de la gente empobrecida en primer lugar, respecto de la política, la economía, la sociedad y la cultura y/o sobre la triple crisis actual: de la salud, la económica y la política.
De los candidatos debemos esperar, asimismo, debates que esclarezcan y en ningún caso que encubran.
No debemos bajar la guardia respecto del empeño cotidiano de los masistas y su jefe que imponen incluso las cuestiones de las que debemos ocuparnos y que interesan sobre todo a ellos.
Citamos tres de esos asuntos que ya fueron lanzados:
— Circula el rumor de que en la sesión de honor de la Asamblea Departamental en homenaje del 14 de septiembre de 1810 participará, por zoom, el caudillo cocalero. Voceros antimasistas, con más fobias que sentido común, ya han dicho que no lo permitirán. ¿Sabrán como oponerse?
— Ante las encuestas difundidas el último domingo (06-09-20) por dos canales televisivos, los masistas se frotan las manos y dicen que esa intención de la votación anuncia su victoria.
— Entendidos en cuestiones jurídicas advierten que se debe esperar la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional sobre el amparo que nos ocupa y del que se debe esperar incluso una decisión que revise el NO a la candidatura de Morales. Tal la sugerencia de espera, a pesar de que esos abogados saben que un fallo dentro de un amparo es de ejecución inmediata.
En esta situación, qué se debe esperar de Comunidad Ciudadana (CC) que está en la carrera electoral con posibilidades de victoria frente a los candidatos masistas en la segunda vuelta, incluso en la primera vuelta de acuerdo con estimaciones más optimistas.
En una nota anterior, publicada en este espacio, dijimos y reiteramos: como en el ajedrez, en política y en la lucha electoral, la actitud defensiva conduce a la muerte.
Editorial de Aquí 324
Salud para todos, hacia una “nueva” economía y la crisis política que urge superar
1.
En este momento de la coyuntura electoral, desde esta publicación virtual nos animamos a sugerir la adopción de medidas destinadas a continuar la campaña para vencer al coronavirus.
Los buenos resultados de esta campaña anticoronavirus (nacionales, regionales y locales) deben aplicarse con los aportes de médicos, enfermeras y pacientes.
Brigadas de profesionales de la salud asisten a contaminados con el virus mortal en varios lugares. En Beni, enfermos con coronavirus se han curado con remedios caseros, con tratamientos de brigadistas voluntarios y en los hospitales.
En Potosí, según autoridades de la capital departamental, la mitad de los que se curaron de coronavirus tomaron remedios caseros y otros fármacos, como dióxido de cloro, aunque médicos aseguran que este último no es un remedio o que no hay certeza científica de que aquél sea remedio.
En San José de Chiquitos (Santa Cruz), de acuerdo con la información de su Alcalde, los infectados con el coronavirus se han curado con dióxido de cloro.
La asociación de alcaldías, con dinero propio, compró el antiviral Avifavir, elaborado en Rusia para combatir al llamado enemigo invisible, cuyas mutaciones al parecer se siguen manifestando, por ejemplo, en Trinidad-Beni. Allí y en otros sitios podrían ocurrir recaídas en vez de rebrotes del virus letal, así como se teme que se produzcan ambas: recaídas y rebrotes.
La vacuna anticoronavirus que se espera en el mundo, en Bolivia tiene que ser aplicada apenas sea posible, pero ahora es urgente que se la adquiera del lugar en el que haya oferta, sin las demoras frecuentes en compras de remedios por el gobierno transitorio.
Hospitales, ambientes para aislar sospechosos, ropa de bioseguridad para el personal médico y trabajadores en salud deben ser ampliados, mejor dotados, pagados regularmente, e incrementados los sueldos y salarios y los seguros de vida.
A la campaña antipandemia seguirá sumándose el aporte igualmente decisivo de la inmensa mayoría de las y los bolivianos con la aplicación de las medidas de bioseguridad (uso de barbijo, lavado de manos, distancia física), así como fue decisiva la cuarentena sostenida también por casi todos los compatriotas, cuya eficacia pocos ponen en duda, como fueron pocos los que dijeron que el coronavirus es una gripe fuerte, un invento del imperio o que no existe.
El 10 por ciento del presupuesto nacional para salud debe ser destinado, efectivamente, mediante una ley, la que los masistas no quieren aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en la que tienen dos tercios de sus integrantes.
Salud para todos, como servicio público y gratuito, debe ser un “sueño realizado” y no la “pesadilla” que es ahora y antes de la pandemia.
2.
En el área social y sin dilaciones debe materializarse la jubilación con rentas calculadas según la totalidad de los sueldos y salarios.
Todos los asalariados deben jubilarse en Bolivia como los militares.
Las rentas de los jubilados actualmente se pagan como si la esperanza de vida de los bolivianos fuera de 110 años. La sugerencia es que esas rentas se establezcan según la esperanza de vida estimada oficialmente en nuestro país. Así, los ahorros individuales serían mejor distribuidos (devueltos), de modo que sean mayores las rentas de los jubilados que merecen esos ingresos sin que le cueste nada al Tesoro General de Bolivia.
3.
Es necesaria una nueva reforma educativa que recoja los contenidos positivos de la que se aplica según la Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez.
La nueva reforma de la escuela boliviana debe ser discutida y aprobada por gobernantes, profesores, padres de familia y estudiantes.
La educación virtual y/o a distancia, la autonomía de la escuela pública, la escuela-trabajo y/o la unidad de la teoría con la práctica, la escuela para la vida y otras propuestas pedagógicas serían estudiadas, complementadas, asimiladas o desestimadas, por ejemplo, en un congreso pedagógico.
4.
Urge administrar la crisis de la economía boliviana que es una de las consecuencias de la pandemia, pero que tiene sus orígenes en el último tiempo del gobierno de Morales, derrotado por el alzamiento popular del año pasado.
Préstamos y donaciones cuyo monto debe calcularse según las necesidades y las posibilidades, para aplicarse como una inyección, como dice el candidato de Comunidad Ciudadana (CC) para reactivar la economía y para preservar los puestos de trabajo y conseguir el funcionamiento de la economía con los cambios posibles y necesarios en las condiciones de la crisis actual, la que en mucho es única en Bolivia y en el mundo.
De acuerdo con la Constitución, en nuestro país coexisten la propiedad pública, privada, cooperativa y comunitaria.
La propiedad pública, por su contenido social, tendría que predominar en el período pospandemia. Sin embargo, para coronar ese objetivo deben desarrollarse políticas públicas que apunten en esa dirección. En ese caso, los intereses de la mayoría de los bolivianos deben sobreponerse respecto de los intereses privados.
No se sugiere sacrificar los intereses de los empresarios privados, pero tampoco debe admitirse el crecimiento de las empresas privadas en detrimento del sector estatal o social de la economía o bien común, al decir de otros sectores como afirman los obispos católicos.
Debe buscarse una “nueva economía”, como propone el economista Alberto Bonadona Cossío.
Este planteamiento es un sentido común que se tendría que recoger porque la actual crisis económica, en tanto única en su género y por su alcance universal, muestra aprovechable una propuesta de economistas, anterior a la pandemia, los que sugieren que el capitalismo, para seguir su desarrollo, debe cambiar las fuentes de energía procedente del petróleo por la energía eléctrica.
El hierro del Mutún debe extraerse para producir acero; el litio debe industrializarse, es decir, deben elaborarse baterías para el mercado en condiciones que favorezcan a Bolivia, con capitales extranjeros y la tecnología de la que Bolivia carece.
Ahora está más claro que el gas natural no debe ser vendido para que ganen diez veces los compradores, como Brasil, con sólo extraer los recursos que contiene ese energético.
No debe suceder que los cooperativistas empresarios mineros sean los agentes de la privatización de los recursos mineros del país. Esta afirmación es demostrable por la concesión a cooperativistas empresarios mineros, de la mitad de las colas y desmontes de Catavi y Siglo XX, reservas estatales de minerales de estaño que fueron favorecidas por el entonces presidente Morales.
Tampoco debe ocurrir como en la Empresa Minera San Cristóbal, en la que todo es ganar, ganar y ganar (por capitalistas extranjeros), como dijo el Gerente de la empresa Sumitomo (japonesa y dueña de San Cristóbal) cuando visitó Bolivia y conversó con el entonces presidente Evo Morales, cuyo gobierno les dio facilidades propias del neoliberalismo.
5.
Bolivia tiene los suelos aptos para reproducir quinua y quinua real a una escala similar y/o mayor que Perú.
El destino de Bolivia no debe ser convertirse en el primer país que siembre semillas de trigo transgénico en el mundo.
Las semillas de maíz que se producen en todos los pisos ecológicos del país no deben ser desplazados y menos sustituidos por maíz transgénico, como ya está sucediendo en Santa Cruz por la permisividad del anterior gobierno y la autorización del actual.
Además, hace horas que los gobernantes interinos, en contra de la Constitución y mediante un decreto supremo, autorizaron la siembra de maíz transgénico, cultivos que tuvieron lugar durante el último gobierno de Morales (valga la reiteración), ocasión en la que indígenas guaraníes dijeron que iban a ocultar su maíz orgánico para que no se contamine.
Otra muestra de agricultura orgánica son los cultivos, la producción y la industrialización del cacao en Alto Beni (La Paz), lugar en el que no se queman árboles ni siquiera para convertirlos en abono.
La reposición del bosque y de la fauna de la Chiquitania, consumidos por el fuego el año pasado, es una prioridad, así como es otra prioridad la preservación de bosques como los del TIPNIS, Madidi, Bosque de chimanes, Pilón Lajas, Amboró, El Pantanal y otros.
6.
Es probable que las elecciones no resuelvan la actual crisis política.
Los masistas al parecer están empeñados en recapturar el poder político con elecciones o mediante acciones como la proclamada “guerra civil” u otro accionar de los movimientos sociales obedientes al expresidente Morales.
Los últimos días, voceros del MAS declararon que se organiza un fraude electoral para evitar la supuesta victoria de los candidatos Arce y Choquehuanca, que se busca una postergación de las elecciones y que se trama un golpe de Estado.
En ese mismo curso, los masistas desconocerían el resultado de las elecciones del 18 de octubre si fuese adverso al binomio Arce-Choquehuanca, y sobre la base de esa posible mentira impulsarían las acciones de fuerza más diversas por la recaptura del poder político.
Ese sería el esquema político-electoral masista, pero la realidad que viene inexorable promete ser distinta y contraria al masismo, que en el último tiempo se ha movido a sus anchas en el campo político boliviano ante un comportamiento sobre todo defensivo de otros actores de la política boliviana.
El Estado y el pueblo boliviano deben sostener y desarrollar relaciones diplomáticas con todos los Estados y pueblos del mundo, especialmente con los latinoamericanos y caribeños.
En suma, debe seguir la campaña para vencer al coronavirus en tierras bolivianas como una fase de la batalla universal antipandemia; otra prioridad es administrar y remontar la crisis económica que lacera en todo el mundo; y la crisis política boliviana, si no es resuelta con las elecciones, riesgo que se advierte, no debe quedar como un fenómeno sociopolítico sin freno y sin actores que se empeñen en resolverla.
Editorial de Aquí 323
La Presidenta interina favorece a los grandes empresarios
La Presidenta interina y los gobernantes actuales favorecen a los grandes empresarios, especialmente cruceños y benianos, con medidas económicas, cargos en el gobierno y con la mantención de las normas llamadas incendiarias, que son una herencia del régimen de 14 años.
Nos referimos al decreto supremo que dispone abreviar los trámites para los cultivos en Santa Cruz de semillas transgénicas de soya, maíz, caña de azúcar, trigo y algodón.
Organizaciones que defienden la agricultura orgánica o ancestral y del medio ambiente han presentado una demanda de Acción Popular para que un tribunal competente anule aquel DS porque, entre otras cosas, es anticonstitucional y porque lesionan los intereses legales y legítimos de los agricultores pequeños y medianos, es decir, de la mayoría de los trabajadores del agro.
Los empresarios grandes, especialmente los agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), defienden el DS firmado por Jeanine Áñez Chávez y sus ministros con el argumento, entre otros, de que las semillas transgénicas —ellos hablan de la biotecnología aplicable en la agricultura—acrecentarán la producción de granos para el consumo interno y para la exportación.
Los últimos días, los propietarios del transporte pesado que lleva carga a los puertos chilenos preferentemente están en emergencia y aseguran que defienden y defenderán el DS que busca acelerar los cultivos de las semillas transgénicas o genéticamente modificadas.
Apenas salió ese DS, el candidato a la Vicepresidencia de Comunidad Ciudadana señaló que esa norma es inconstitucional porque la Ley Fundamental determina que la importación, comercialización y cultivo de transgénicos en Bolivia debe ser autorizada mediante una ley.
Además, se debe rememorar que la Constitución Política aprobada por los constituyentes disponía la prohibición de los cultivos, importación y comercialización de semillas genéticamente modificadas en nuestro país.
Cabe añadir que los que esperan enriquecerse con el llamado agronegocio afirman que los productos transgénicos no hacen daño a la salud y que esos cultivos tampoco dañan al suelo. Otros anotan que cuando consumimos carne de gallina consumimos transgénicos porque los animales son alimentados con maíz importado que contiene organismos genéticamente modificados.
Los que objetan tales cultivos dicen, y estamos de acuerdo, que para cada cultivo de transgénicos se deben comprar las semillas a precios muy caros y con ganancias millonarias de pocas empresas que producen las semillas transgénicas.
Para asegurar los frutos, los agricultores deben utilizar defoliantes que degradan la tierra labrantía.
Indígenas guaraníes, tras el anuncio de que el entonces gobierno de Morales se comprometió a estudiar el cultivo de maíz transgénico, avisaron que iban a guardar el maíz que ellos siembran para evitar el “contagio” de la semilla transgénica de aquel cereal. Éste es el principal grano que producen los guaraníes en el chaco (cruceño, chuquisaqueño y tarijeño),
Ahora se conoce mejor que durante el gobierno derrotado por un alzamiento popular se autorizó el cultivo de soya transgénica y que sin autorización formal, en ese tiempo, se cultivaban semillas transgénicas de maíz y algodón.
Sobre el agronegocio es necesario un apunte adicional: la soya que producen los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas, también transgénica, es comercializada por los agroindustriales grandes de Santa Cruz, que son los que más ganan. Los colonizadores de San Julián y Cuatro Cañadas no tienen acceso directo al mercado internacional, según voceros de ese grupo de colonizadores, que están entre los agricultores con ingresos de sobrevivencia y no así con agricultores medios y prósperos y aliados del MAS. Pobladores de aquellas dos localidades cruceñas han bloqueado el camino Santa Cruz-Trinidad y, por tanto, están entre los corresponsables de la retención de oxígeno que ha causado que al menos 40 bolivianos murieran y además provocaron una parte de las pérdidas económicas.
Agradezcan o no, el anterior gobierno ayudó a la producción de la materia prima para la elaboración de biocombustible, sin considerar que los granos o los productos agropecuarios antes que nada deben asegurar la alimentación de los bolivianos.
Fidel Castro, tras del anuncio de la producción de biocombustible en la región latinoamericana y caribeña, dijo no se debía sacrificar los alimentos para la gente por los biocombustibles. El que el entonces gobernante autoritario no escuchara respecto del biocombustible a su aliado de la Mayor de las Antillas es muy demostrativo de que en esa materia, para Morales, fue políticamente preferible aceptar un acuerdo con empresarios antes que defender la soberanía alimentaria de la que parloteaban.
Áñez ha celebrado hace unos días la producción de biocombustible como señal de acuerdo pleno de los actuales gobernantes con los agroindustriales.
Se sabe que para producir más granos y otros para la elaboración de biocombustible se requieren más tierras, y para conseguir este factor de producción agrícola recurren al desbosque y a la quema, la que con frecuencia provoca incendios.
Ahora está más claro por qué los gobernantes interinos mantienen los denominados decretos supremos incendiaros que firmó Evo Morales en alianza con empresarios, algunos de los que se animaron a defender al exPresidente cuando ardía la Chiquitania y éste se negaba y se negó a declarar desastre nacional para que llegue a Bolivia la ayuda internacional y de la ONU para apagar el fuego que acabó con más de cinco millones de hectáreas de bosque seco y la vida de muchos animales.
Branco Marinkovic, ex Presidente del Comité Pro Santa Cruz y dueño de una industria de aceite comestible, que se apropió de laguna Corazón, cuyos dueños eran (en realidad seguimos siendo) los bolivianos, es ahora ministro de Planificación. Áñez ha incorporado al grupo de ministros a un representante orgánico de los grupos económicos cruceños, que son los que mandan en la región.
La mirada de los gobernantes hacia el exterior tiene como objetivo principal el desarrollo de relaciones (las mejores a su alcance) con los gobernantes de Estados Unidos. En esa dirección estuvo y está el rompimiento de relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, para lo que utilizaron un pretexto: la supuesta intervención de un posible combatiente de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FAR-EP) en un enfrentamiento ocurrido en Montero en octubre-noviembre del año pasado durante el alzamiento del pueblo contra el gobierno autoritario. Otro pretexto fue una aparente intromisión de los cubanos en ocasión del alzamiento, denominado golpe de Estado por los masistas y por su jefe.
Los gobernantes actuales buscan representar como el que más a los grupos sociales dominantes de Bolivia y especialmente de Santa Cruz y el Beni, y a esos grupos económicos sirven abiertamente.
Dicho sea a vuelapluma que el candidato Luis Fernando Camacho parece que perdió la pulseta frente a la Presidenta y candidata, quien parece recibir el respaldo político de los empresarios menos fachos, en tanto que Camacho (facho se le dice en ámbitos políticos) al parecer cuenta con el apoyo de los dirigentes cívicos y otros de la misma laya que dijeron que iban a desbloquear porque no quisieron hacer eso los gobernantes con la fuerza de militares y policías.
Desde el pueblo debemos ver con ojos abiertos y escuchar sin sorderas fingidas la esencia del comportamiento de los gobernantes. Así leeremos la realidad sin equivocarnos y constataremos que los grupos económicos dominantes de Santa Cruz, Beni y Bolivia tienen en los gobernantes actuales sus seguros servidores.
Si leemos bien la realidad descrita en esta nota desde el puesto de los explotados y oprimidos (el verdadero pueblo) podremos mermar, mermar y mermar el apoyo electoral a la Presidenta y candidata.