Partió para quedarse

Partió para quedarse

Alfonso Gumucio Dagron*

sábado, 11 de julio de 2020

Hay quienes son injustamente olvidados cuando fallecen, pero hay los que parten y se quedan. Los recordamos todo el tiempo, no solo en los aniversarios de natalicio o fallecimiento, los tenemos presentes en la vida cotidiana porque nos han enriquecido en el largo recorrer de la amistad. A esta categoría pertenece Luis Ramiro Beltrán, que partió hace cinco años para quedarse. 

Luis Ramiro está presente en las conversaciones de quienes trabajamos en el campo de la comunicación en América Latina, pero también en una red mucho más amplia, donde se tejen sus ideas pioneras con sus picardías de niño y sus actos de nobleza y generosidad.

La “vieja guardia” de gente como Luis Ramiro atravesó la vida armada de valor pero sobre todo de valores y principios de ética, honestidad y solidaridad. Cada vez son menos y cada vez son más los que hacen del más descarado oportunismo su bandera, acomodándose sin escrúpulos no solo en la política, sino también en la academia e incluso en las relaciones sociales más básicas.  Aunque la palabra pueda sonar anticuada, Luis Ramiro era un “caballero”. Es decir, un caballero andante como don Quijote, un hombre armado de ideales como coraza. Y ese tipo de caballeros, con o sin Rocinante, dejan su ejemplo de vida: una totalidad que no se fragmenta porque es compacta, hecha de nobles materiales.

Han pasado cinco años desde el 11 de julio en que falleció. Estuvimos con su esposa Nohorita Olaya y con Karina Herrera hasta la noche y lo dejamos en su cama del hospital Arco Iris confiados en que lo veríamos al día siguiente, como todos los días anteriores. Nos despidió con una mirada chiquita que probablemente quería decir muchas cosas y no supimos leerla. Fuimos los últimos en verlo con vida. Esa madrugada Nohorita recibió la llamada que nunca hubiera querido recibir. 

Es un privilegio decir que Luis Ramiro me honró con su amistad durante varias décadas, y también fue mi mentor y maestro. Desde su puesto como asesor regional de la Unesco para América Latina, en 1985 apoyó con un primer financiamiento, pequeño pero fértil, al Centro de Integración de Medios de Comunicación Alternativa (CIMCA), una ONG que fundé al regresar del exilio en México. Con un puñado de dólares que nos dio Unesco organizamos en Potosí (donde tenía que ser) el Primer Simposio Internacional sobre las Radios Mineras, del cual salió el primer libro sobre ese tema, que coordiné con Lupe Cajías. 

Muchas veces compartimos encuentros académicos para los que se preparaba con un esmero obsesivo compulsivo. Para él, escribir una ponencia magistral de una hora o tres páginas de un prólogo o una presentación de cinco minutos, era un asunto de tanta seriedad que le provocaba úlceras. Perfeccionista, se creía en la obligación de leer toda la bibliografía existente y solía empezar con meses de anticipación. Después de un congreso en La Habana, donde presentó La comunicación antes de Colón, volamos a México para presentar allá en simultáneo su libro y mi Antología de comunicación para el cambio social.

Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, como director del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, lo invité a una reunión a puerta cerrada en Bellagio (Italia), a orillas del lago Como, donde durante cinco días alternó con algunos de los más importantes pensadores de la comunicación para el desarrollo del mundo. Fue la culminación de varias reuniones anuales donde además de Luis Ramiro pudimos contar en años diferentes (de 1997 a 2004) con Everett Rogers (su maestro y amigo), Jan Servaes, Daniel Prieto Castillo, Rosa María Alfaro, Robert White, Juan Díaz Bordenave, Colin Fraser, John Downing, Alfred Opubor, por no citar sino algunos especialistas de nivel internacional. 

Veinte años más tarde yo transitaba los caminos que él había abierto con sus propuestas pioneras sobre políticas nacionales de comunicación y comunicación horizontal, entre otras. En mis viajes pisaba sus huellas: colegas y estudiantes que lo habían leído en todo el mundo me preguntaban por él con admiración. Cuando yo le anunciaba que regresaba a Bolivia por unos días, me decía: ¿a quién quieres que invite a la casa? Y así podía ver yo a sus amigos que eran también los míos, con quienes celebrábamos todos sus cumpleaños con algarabía. 

Su sola presencia era un visto bueno para cualquier actividad académica. Así fue cuando organizamos con algunos colegas el Primer Coloquio de Políticas y Legislación para la Radio Local en América Latina, o cuando en la UMSA impulsamos la Cátedra IPICOM, para traer sin costo para la universidad a colegas internacionales como Manuel Chaparro, Omar Rincón, Paco Sierra, Juan Ramos Martín, Jorge González, entre otros. 

Hasta el final de sus días fue un hombre generoso y desprendido. Yo le decía: “Eres una chica fácil”. Porque era incapaz de decir no a los pedidos que recibía de prólogos, presentaciones y ponencias. 

@AlfonsoGumucio

*Es escritor y cineasta.

(Publicado en el periódico Página Siete el 11 de julio de 2020)

Programa neoliberal a la medida de los empresarios

Programa Nacional de Empleo.

Programa neoliberal a la medida de los empresarios

Masas

El “Programa Nacional del Empleo” aprobado por el gobierno transitorio mediante decreto supremo 4272, es todo un programa gubernamental neoliberal. Sus disposiciones se orientan esencialmente a salvar a las empresas privadas ampliando los mecanismos de apoyo financiero, a imponer la disciplina fiscal a través de la reducción del gasto público, a limitar la participación estatal en el empleo y a la privatización de empresas y proyectos públicos.

En el programa, la generación de empleo a cargo del Estado es la parte menos importante. Se limita, por un lado, a repetir la experiencia del PLANE: creación de empleos eventuales en pequeñas obras a cargo del FPS y financiado con hasta 100 millones de bolivianos en obras de rehabilitación de infraestructura de salud, educación, agua y otras realizadas por los municipios y gobernaciones. Por otro lado, los municipios y gobernaciones que actualmente tienen algún plan de empleo o administren algún servicio de intermediación laboral (las famosas “bolsas de trabajo”), deben reorientarlos hacia sectores productivos o de servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, deben priorizar la contratación de mujeres, jóvenes, discapacitados y personas en “riesgo de perder su empleo”.

Contrariamente, el gobierno crea varios fondos para salvar a las empresas privadas endeudadas con los bancos y que son responsables del despido de miles de trabajadores. Primero, crea el fondo FORE de 12.000 millones de bolivianos para que los bancos reprogramen hasta el 50% de cada crédito que las empresas privadas no pueden pagar. Segundo, establece otro: FEGASEC, de 1.100 millones de bolivianos, para garantizar también el 50% de nuevos créditos y títulos de deuda que contraigan las empresas a partir de la fecha. En ambos casos, los recursos que provendrían del Tesoro de la Nación y de préstamos externos, serían administrados por los bancos, que tendrán garantizada la obtención de ganancias por prestar dinero.

Pero el plan de apoyo a los capitalistas va más allá. Se establece la titularización de las carteras de crédito de los bancos; es decir, se permite que, mediante la emisión de títulos de deuda, los bancos obtengan recursos frescos para continuar prestando, transfiriendo los riesgos a los inversionistas de bolsa, entre los que destacan en nuestro país las AFP, que administran los recursos de jubilación.

Para las empresas pequeñas y medianas dispone otro fondo, FA-BDP, para garantizar nuevos créditos, sumándose al programa creado en abril de este año, pero que no ha funcionado hasta el momento.

Asimismo, se establece el FOGAVISS como fondo para garantizar créditos de vivienda social, en base a un fideicomiso de hasta 5.000 millones de bolivianos que estará vigente por 30 años. Los recursos iniciales provendrán de la Agencia Estatal de Vivienda, 500 millones y luego del 70% del aporte patronal de vivienda. En ambos casos serán los bancos PYME, cooperativas de ahorro y mutuales los que administrarán los recursos que provienen del salario diferido de los trabajadores.

El plan gubernamental incluye otras medidas sectoriales, como la inmediata disposición de créditos para las cooperativas mineras con los saldos del FOMIN. Sin embargo, destaca la “habilitación” de la categoría de semilla certificada B (que no requieren certificación de origen genético) para las campañas agrícolas de este año; medida que coincide con las políticas de apoyo a la agroindustria, mediante la ampliación de la frontera agrícola a título de garantizar la “seguridad alimentaria”.

Repitiendo el discurso del ajuste neoliberal y contradiciendo el mismo nombre del programa, se determina la reducción del gasto corriente que afectará el empleo público. Las entidades del gobierno deben reducir en 15% sus saldos presupuestarios no ejecutados a la fecha, excepto el Magisterio, Salud, FFAA, Policía y empresas públicas. Se debe restringir gastos de pasajes y viáticos. Aunque no se toca el ítem de Servicios Personales, sí se reducirán acefalías y el 20% de personal eventual y de “consultores en línea” que no tengan financiamiento externo.

La cereza en la torta es la intención de privatizar diversas áreas estatales. Primero, se determina que las empresas 100% estatales, deben presentar un Plan de Factibilidad de corto plazo (proyección a marzo 2021) para determinar si son o no sostenibles, plan que no debe contemplar ningún apoyo estatal adicional. Con ese plan, los ministerios cabeza de sector aplicarían medidas de reducción de gastos, optimización de recursos y reestructuración administrativa, lo que constituye una amenaza de cierre de las empresas. Segundo, se promueve la inversión privada mediante “concesiones”, es decir, cesión de la construcción, mantenimiento y operación de obras a las empresas privadas (probablemente caminos); por otro, a través de “alianzas estratégicas” que no son más que contratos de inversión conjunta, al pleno estilo de los joint ventures de la capitalización gonista. Finalmente, se determina que en 90 días se aprobará un cronograma de “conversión” de las empresas públicas al régimen de la Ley de la Empresa Pública, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, que permite la incorporación de capitales privados a las Empresas Corporativas, como sucedió con Yacimientos de Litio Boliviano y como se pretendía con COMIBOL.

(Publicado en Masas Extra, periódico del Partido Obrero Revolucionario, el 29 de junio de 2020)