cabecera aqui blog

Partió para quedarse

Partió para quedarse

Alfonso Gumucio Dagron*

sábado, 11 de julio de 2020

Hay quienes son injustamente olvidados cuando fallecen, pero hay los que parten y se quedan. Los recordamos todo el tiempo, no solo en los aniversarios de natalicio o fallecimiento, los tenemos presentes en la vida cotidiana porque nos han enriquecido en el largo recorrer de la amistad. A esta categoría pertenece Luis Ramiro Beltrán, que partió hace cinco años para quedarse. 

Luis Ramiro está presente en las conversaciones de quienes trabajamos en el campo de la comunicación en América Latina, pero también en una red mucho más amplia, donde se tejen sus ideas pioneras con sus picardías de niño y sus actos de nobleza y generosidad.

La “vieja guardia” de gente como Luis Ramiro atravesó la vida armada de valor pero sobre todo de valores y principios de ética, honestidad y solidaridad. Cada vez son menos y cada vez son más los que hacen del más descarado oportunismo su bandera, acomodándose sin escrúpulos no solo en la política, sino también en la academia e incluso en las relaciones sociales más básicas.  Aunque la palabra pueda sonar anticuada, Luis Ramiro era un “caballero”. Es decir, un caballero andante como don Quijote, un hombre armado de ideales como coraza. Y ese tipo de caballeros, con o sin Rocinante, dejan su ejemplo de vida: una totalidad que no se fragmenta porque es compacta, hecha de nobles materiales.

Han pasado cinco años desde el 11 de julio en que falleció. Estuvimos con su esposa Nohorita Olaya y con Karina Herrera hasta la noche y lo dejamos en su cama del hospital Arco Iris confiados en que lo veríamos al día siguiente, como todos los días anteriores. Nos despidió con una mirada chiquita que probablemente quería decir muchas cosas y no supimos leerla. Fuimos los últimos en verlo con vida. Esa madrugada Nohorita recibió la llamada que nunca hubiera querido recibir. 

Es un privilegio decir que Luis Ramiro me honró con su amistad durante varias décadas, y también fue mi mentor y maestro. Desde su puesto como asesor regional de la Unesco para América Latina, en 1985 apoyó con un primer financiamiento, pequeño pero fértil, al Centro de Integración de Medios de Comunicación Alternativa (CIMCA), una ONG que fundé al regresar del exilio en México. Con un puñado de dólares que nos dio Unesco organizamos en Potosí (donde tenía que ser) el Primer Simposio Internacional sobre las Radios Mineras, del cual salió el primer libro sobre ese tema, que coordiné con Lupe Cajías. 

Muchas veces compartimos encuentros académicos para los que se preparaba con un esmero obsesivo compulsivo. Para él, escribir una ponencia magistral de una hora o tres páginas de un prólogo o una presentación de cinco minutos, era un asunto de tanta seriedad que le provocaba úlceras. Perfeccionista, se creía en la obligación de leer toda la bibliografía existente y solía empezar con meses de anticipación. Después de un congreso en La Habana, donde presentó La comunicación antes de Colón, volamos a México para presentar allá en simultáneo su libro y mi Antología de comunicación para el cambio social.

Cuando tuve la oportunidad de hacerlo, como director del Consorcio de Comunicación para el Cambio Social, lo invité a una reunión a puerta cerrada en Bellagio (Italia), a orillas del lago Como, donde durante cinco días alternó con algunos de los más importantes pensadores de la comunicación para el desarrollo del mundo. Fue la culminación de varias reuniones anuales donde además de Luis Ramiro pudimos contar en años diferentes (de 1997 a 2004) con Everett Rogers (su maestro y amigo), Jan Servaes, Daniel Prieto Castillo, Rosa María Alfaro, Robert White, Juan Díaz Bordenave, Colin Fraser, John Downing, Alfred Opubor, por no citar sino algunos especialistas de nivel internacional. 

Veinte años más tarde yo transitaba los caminos que él había abierto con sus propuestas pioneras sobre políticas nacionales de comunicación y comunicación horizontal, entre otras. En mis viajes pisaba sus huellas: colegas y estudiantes que lo habían leído en todo el mundo me preguntaban por él con admiración. Cuando yo le anunciaba que regresaba a Bolivia por unos días, me decía: ¿a quién quieres que invite a la casa? Y así podía ver yo a sus amigos que eran también los míos, con quienes celebrábamos todos sus cumpleaños con algarabía. 

Su sola presencia era un visto bueno para cualquier actividad académica. Así fue cuando organizamos con algunos colegas el Primer Coloquio de Políticas y Legislación para la Radio Local en América Latina, o cuando en la UMSA impulsamos la Cátedra IPICOM, para traer sin costo para la universidad a colegas internacionales como Manuel Chaparro, Omar Rincón, Paco Sierra, Juan Ramos Martín, Jorge González, entre otros. 

Hasta el final de sus días fue un hombre generoso y desprendido. Yo le decía: “Eres una chica fácil”. Porque era incapaz de decir no a los pedidos que recibía de prólogos, presentaciones y ponencias. 

@AlfonsoGumucio

*Es escritor y cineasta.

(Publicado en el periódico Página Siete el 11 de julio de 2020)

El lado positivo de la cultura social boliviana

El lado positivo de la cultura social boliviana

Rafael Puente

viernes, 3 de julio de 2020

En una anterior columna comentábamos el lado oscuro de nuestra cultura nacional, consistente en la facilidad con que pueden enfrentarse diferentes organizaciones sociales y en la facilidad con que se puede marginar e incluso ofender a determinados grupos (cosa que ha quedado tristemente a la vista en las circunstancias de la actual pandemia).

Pero no debemos perder de vista el otro lado —positivo— de esa característica, y es la clara tendencia cultural a organizarse, a expresarse y a movilizarse. Nadie podría afirmar que nuestra sociedad es pasiva, ni que tienda al individualismo. Es todo lo contrario, la tendencia dominante es a la organización, y la mayor parte de nuestras organizaciones sociales han nacido de las bases y no desde arriba. 

Es lo que muestra nuestra historia desde antes de la Independencia; es lo que explica los desencuentros con los ejércitos auxiliares que vinieron de la Argentina, y lo que explica la aparición de las republiquetas antes de que llegaran los ejércitos de Bolívar y Sucre. Y lo que modernamente explicará, por ejemplo, la conformación y la capacidad de la COB.

En este país nuestro, la mayor parte de la población se encuentra organizada, la organización es parte de nuestra cultura (al margen de los errores o inconsecuencias que pueda mostrar esa organización). Así se explica el papel que siempre han jugado en nuestra historia las organizaciones sociales, las diferentes organizaciones de pueblos indígenas (antes de que naciera la Csutcb, con el creativo liderazgo de Genaro Flores, había nada menos que nueve organizaciones campesino-indígenas que pretendían ser nacionales).

Lo que nos cuesta es lograr la unidad de los grupos organizados, pero precisamente esa dificultad nos está mostrando la tendencia a la organización (a partir de las diferentes realidades y problemáticas de nuestros pueblos y de sus diferentes sectores o clases sociales). Y esa es a la vez una de las explicaciones (además de la enorme variedad social y cultural que nos caracteriza) de que nos resulte difícil lograr la unidad de las diferentes organizaciones. Lo que por supuesto tiene consecuencias políticas.

Y ahora lo estamos viviendo: en plena pandemia, y pese a los decretos gubernamentales para que nos mantengamos aislados y “confinados” en nuestros domicilios, la gente se organiza y se moviliza incluso a costa de arriesgar su salud (y la de todos). Por supuesto, esto puede resultar lamentable, pero es que los rasgos culturales tienen siempre y en todas partes consecuencias positivas y consecuencias indeseables. Pero teniendo en cuenta esa dualidad (que simplemente es parte de la realidad), en conjunto no deja de ser satisfactorio pertenecer a una sociedad que no deja de organizarse, y de debatir diferencias, que no adopta posiciones pasivas (y, por tanto, obedientes).

En parte son estos rasgos los que explican nuestra historia, tan diferente de la historia de nuestros países vecinos, una historia llena de encuentros y desencuentros, de contradicciones e inconsecuencias (desgraciadamente también de tremendas pérdidas territoriales), pero llena al mismo tiempo de movilizaciones sociales, de participación social, de fracasos y de triunfos.

Un pueblo así es difícil de gobernar, incluso difícil de entender, pero también difícil de someter, y éste es el valor principal, el que les hace difícil la vida a los partidos políticos, y a la mayor parte de sus dirigentes. Por supuesto, estas características convierten a Bolivia en un país políticamente complicado (algunos dirían que inmanejable), pero a la vez hacen de él un país socialmente activo, capaz de renovarse y de readaptarse a nuevas situaciones, y esperemos que por eso mismo más capaz de superar dificultades, incluida la pandemia que actualmente padecemos, ¿o no lo cree usted?

*Es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba.

(Publicado en el periódico Página Siete el 3 de julio de 2020)

Complejo futuro para el próximo gobierno

Complejo futuro para el próximo gobierno

Erick R. Torrico Villanueva*

lunes, 29 de junio de 2020

Si bien 2020 es bastante distinto a 2019, lo que el año actual le heredó al anterior es el carácter transitorio que habrá de tener el gobierno que vaya a ser electo, cualquiera que éste sea.

Este rasgo estaba ya preanunciado por el agotamiento del modelo denominado “proceso de cambio” que algunos pretendieron prolongar a toda costa, aunque era claro que entre 2009 y 2016 había perdido, en una secuencia de equívocos pasos, su legitimidad y legalidad iniciales. El fraude electoral perpetrado hace 8 meses dio el toque final a ese experimento que para entonces había degenerado en autoritarismo y corrupción, dejando sumamente maltrecha la institucionalidad democrática tras desperdiciar para el país, además, el que quizá fue el mejor momento de la economía boliviana.

En los frustrados comicios nacionales de octubre pasado, aunque casi nadie lo veía así, tenía que ser elegido un gobierno que nada más iba a constituirse en el primero de la transición entre una etapa con un fallido intento de supremacía y otra de recomposición y realineamiento de fuerzas, así como de redefinición de proyectos, lapso de tránsito que debe volver a ser enfrentado ahora.

Sin embargo, esta desafiante circunstancia encuentra a los contendientes electorales del momento, y por supuesto al conjunto de la ciudadanía, no sólo con un vacío de estructuras políticas coherentes, sólidas y confiables, una carencia de liderazgos con alcance social efectivo y una preocupante ausencia de propuestas programáticas, sino en medio de una grave crisis multidimensional –política, institucional, de salud, social y económica– cuya superación demanda respuestas consistentes de siquiera mediano plazo.

El perfil de las candidaturas ya registradas para las venideras elecciones anticipa una fragmentación de la votación que no hubo en 2019 debido a la polarización reinante; esa división, al parecer, incluirá sólo a tres de tales pretendientes, que concentrarían, cada uno, un cuarto o un tercio de los sufragios. Los restantes, en ese cuadro, se muestran como postulantes “sin motivo”. 

Si esta dispersión parcial llega a ocurrir, junto con una significativa tasa de ausentismo, se tendrá dos consecuencias: una segunda vuelta electoral –pero con una asamblea parlamentaria ya conformada y sin mayoría visible– y la necesidad de que, después de la “guerra de todos contra todos” que caracterizará a la corta campaña proselitista “a distancia”, los más votados tengan que hacer coalición para conformar el gobierno y gestionarlo con cierta mayor fuerza. Los otros terminarían sumándose a un renacido descontento que paulatinamente podría lograr un alto potencial desestabilizador.

Como ninguno de los candidatos da hasta ahora señales de entender el lapso transicional en que se halla Bolivia, tal cortedad de miras les lleva sólo a reconocer como objetivo una victoria urgente en las urnas para nada más hacerse del gobierno. Qué harán una vez ahí –o, mejor, qué les será posible hacer–, bajo qué condiciones se hallarán o cuál debiera ser el alcance requerido de esa su presencia son temas que, hasta donde hoy se ve, no figuran en las agendas de quienes aspiran a gobernar.

Los electores, por su lado, o son indiferentes frente a la elección (no consideran que ésta sea una prioridad), aguardan todavía buenas noticias sobre la pandemia para decidirse a participar o están en el grupo, más pequeño, de los que ya no quieren esperar más. 

En este campo, el de la ciudadanía, se puede percibir dos problemas: uno es que gran parte de los potenciales votantes cree que sólo se trata de elegir un nuevo gobierno y ya, sin una transición política real como horizonte, y otro que las opciones para votar, como están las cosas, se reducen a tener que escoger a quien pueda administrar mejor (“parchar”) la incertidumbre y la inestabilidad. 

Los indicios de lo que viene aconteciendo señalan, así, que el siguiente gobierno estará en el ojo de la tormenta y casi representaría un punto de paso. Es probable que el que le suceda, si por fin llega uno que comprenda el sentido del tiempo crítico actual, deba agradecerle por el favor de su transitoriedad.

*Especialista en Comunicación y análisis político

Twitter: @etorricov

(Publicado en ANF el 29 de junio de 2020)

Programa neoliberal a la medida de los empresarios

Programa Nacional de Empleo.

Programa neoliberal a la medida de los empresarios

Masas

El “Programa Nacional del Empleo” aprobado por el gobierno transitorio mediante decreto supremo 4272, es todo un programa gubernamental neoliberal. Sus disposiciones se orientan esencialmente a salvar a las empresas privadas ampliando los mecanismos de apoyo financiero, a imponer la disciplina fiscal a través de la reducción del gasto público, a limitar la participación estatal en el empleo y a la privatización de empresas y proyectos públicos.

En el programa, la generación de empleo a cargo del Estado es la parte menos importante. Se limita, por un lado, a repetir la experiencia del PLANE: creación de empleos eventuales en pequeñas obras a cargo del FPS y financiado con hasta 100 millones de bolivianos en obras de rehabilitación de infraestructura de salud, educación, agua y otras realizadas por los municipios y gobernaciones. Por otro lado, los municipios y gobernaciones que actualmente tienen algún plan de empleo o administren algún servicio de intermediación laboral (las famosas “bolsas de trabajo”), deben reorientarlos hacia sectores productivos o de servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, deben priorizar la contratación de mujeres, jóvenes, discapacitados y personas en “riesgo de perder su empleo”.

Contrariamente, el gobierno crea varios fondos para salvar a las empresas privadas endeudadas con los bancos y que son responsables del despido de miles de trabajadores. Primero, crea el fondo FORE de 12.000 millones de bolivianos para que los bancos reprogramen hasta el 50% de cada crédito que las empresas privadas no pueden pagar. Segundo, establece otro: FEGASEC, de 1.100 millones de bolivianos, para garantizar también el 50% de nuevos créditos y títulos de deuda que contraigan las empresas a partir de la fecha. En ambos casos, los recursos que provendrían del Tesoro de la Nación y de préstamos externos, serían administrados por los bancos, que tendrán garantizada la obtención de ganancias por prestar dinero.

Pero el plan de apoyo a los capitalistas va más allá. Se establece la titularización de las carteras de crédito de los bancos; es decir, se permite que, mediante la emisión de títulos de deuda, los bancos obtengan recursos frescos para continuar prestando, transfiriendo los riesgos a los inversionistas de bolsa, entre los que destacan en nuestro país las AFP, que administran los recursos de jubilación.

Para las empresas pequeñas y medianas dispone otro fondo, FA-BDP, para garantizar nuevos créditos, sumándose al programa creado en abril de este año, pero que no ha funcionado hasta el momento.

Asimismo, se establece el FOGAVISS como fondo para garantizar créditos de vivienda social, en base a un fideicomiso de hasta 5.000 millones de bolivianos que estará vigente por 30 años. Los recursos iniciales provendrán de la Agencia Estatal de Vivienda, 500 millones y luego del 70% del aporte patronal de vivienda. En ambos casos serán los bancos PYME, cooperativas de ahorro y mutuales los que administrarán los recursos que provienen del salario diferido de los trabajadores.

El plan gubernamental incluye otras medidas sectoriales, como la inmediata disposición de créditos para las cooperativas mineras con los saldos del FOMIN. Sin embargo, destaca la “habilitación” de la categoría de semilla certificada B (que no requieren certificación de origen genético) para las campañas agrícolas de este año; medida que coincide con las políticas de apoyo a la agroindustria, mediante la ampliación de la frontera agrícola a título de garantizar la “seguridad alimentaria”.

Repitiendo el discurso del ajuste neoliberal y contradiciendo el mismo nombre del programa, se determina la reducción del gasto corriente que afectará el empleo público. Las entidades del gobierno deben reducir en 15% sus saldos presupuestarios no ejecutados a la fecha, excepto el Magisterio, Salud, FFAA, Policía y empresas públicas. Se debe restringir gastos de pasajes y viáticos. Aunque no se toca el ítem de Servicios Personales, sí se reducirán acefalías y el 20% de personal eventual y de “consultores en línea” que no tengan financiamiento externo.

La cereza en la torta es la intención de privatizar diversas áreas estatales. Primero, se determina que las empresas 100% estatales, deben presentar un Plan de Factibilidad de corto plazo (proyección a marzo 2021) para determinar si son o no sostenibles, plan que no debe contemplar ningún apoyo estatal adicional. Con ese plan, los ministerios cabeza de sector aplicarían medidas de reducción de gastos, optimización de recursos y reestructuración administrativa, lo que constituye una amenaza de cierre de las empresas. Segundo, se promueve la inversión privada mediante “concesiones”, es decir, cesión de la construcción, mantenimiento y operación de obras a las empresas privadas (probablemente caminos); por otro, a través de “alianzas estratégicas” que no son más que contratos de inversión conjunta, al pleno estilo de los joint ventures de la capitalización gonista. Finalmente, se determina que en 90 días se aprobará un cronograma de “conversión” de las empresas públicas al régimen de la Ley de la Empresa Pública, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, que permite la incorporación de capitales privados a las Empresas Corporativas, como sucedió con Yacimientos de Litio Boliviano y como se pretendía con COMIBOL.

(Publicado en Masas Extra, periódico del Partido Obrero Revolucionario, el 29 de junio de 2020)

De una vez

De una vez

Alfonso Gumucio Dagron*

sábado, 27 de junio de 2020

Me perdí algo en la telenovela política boliviana. Como ya me aburre la saturación de noticias, me perdí algún capítulo del sainete. Hasta donde recuerdo, había una gran presión política para que el gobierno de la presidenta Añez promulgue la ley de convocatoria a elecciones para el 6 de septiembre, y ella se resistía a hacerlo en consideración de los riesgos de la pandemia. Hasta donde me quedé en la cadena de acontecimientos, la presidenta del Senado, por instrucciones de su jefe Evo Morales, amenazó con promulgar la ley si no lo hacía el gobierno. De lo que recuerdo, hace un par de semanas insultaban como “masista” al presidente del Tribunal Supremo Electoral, porque ese órgano del Estado dispuso las elecciones para septiembre. Un funcionario de lujo para cualquier país del mundo, pero denigrado en Bolivia.

Hasta donde recuerdo, la opinión pública estaba dividida entre los que afirman que es un riesgo para la salud y la democracia hacer elecciones tan pronto, y los que acusaban al gobierno de prorrogarse usando como excusa la pandemia. Los primeros argumentan que la gente se puede contagiar al votar (riesgo para la salud) y que muchos no irán a votar por miedo al contagio (abstención, riesgo para la democracia). Los otros, que de todas maneras exigen elecciones lo antes posible, esgrimían argumentos basados en cálculos políticos, no en previsiones sanitarias. 

Hace semanas escribí que el MAS jugaba ambas cartas de manera sucia, en el estilo brutal del irresponsable “jefazo”: por una parte, exigía elecciones cuanto antes, y por otra, sacaba a sus huestes a las calles para aumentar los contagios y mantener al país en crisis sanitaria permanente.

Pero, como digo antes, me perdí algún capítulo de la telenovela, porque no bien promulgada la ley de convocatoria a elecciones, los mismos que presionaban ahora acusan de irresponsable al gobierno. Ya no entiendo nada. 

Parece que hay dos verdades que es imposible conciliar, y ambas nos llevan a un desastre, pero ya no me importa: que suceda de una vez.

La verdad número 1 es que la pandemia continuará. No hay solución para los próximos seis meses, ni en Bolivia, ni en ninguna parte. Ningún país ha eliminado el Covid-19, una montaña rusa con curvas peligrosas y bajadas espeluznantes. Donde ya no había casos, empiezan a aparecer de nuevo (China, Europa). Bolivia, a pesar de los esfuerzos realizados, es más frágil porque tiene una frontera extensa con Chile (que hasta ahora no ha podido frenar el número de contagios diarios) y con Brasil, que tiene como Presidente a un demente que califica la pandemia mundial como “uma gripezinha”. 

La verdad número 2 es que todos queremos que la situación política encuentre una salida cuanto antes. La pandemia no estaba en los cálculos de nadie: ni de los que salimos con pititas y banderas a bloquear las calles contra el fraude electoral de Morales, ni de los que orquestaron el engaño para eternizarse en el poder, ni de los aspirantes a llegar al gobierno. A todos nos sorprendió por igual y nos puso frente a un espejo que nos muestra como somos: intolerantes e irresponsables.

Entonces, entre las dos verdades hay un dilema que no tiene solución. Quien diga que tiene una solución, miente. Resulta muy cómodo echar todas las culpas al gobierno: culpable si no convoca a elecciones porque quiere eternizarse en el poder, y culpable si las convoca porque pone en riesgo la salud y la misma democracia. 

¿Entonces qué? Sí que sí, o no que no. O sí que no, o no que sí. Parece una cantinfleada colectiva en la que todos se echan culpas (por no usar otra palabra) con ventilador. 

Lo voy a decir clarito: todos somos responsables, cada uno de nosotros. Todos somos comparsa en la telenovela. Todos somos campeones en ofrecer recetas y criticar. Y el día de las elecciones todos decidiremos por quién votar o si vamos siquiera a votar. Entonces, no se vale regar culpas al Tribunal Supremo Electoral, a Carlos D. Mesa, al gobierno o a Eva Copa (presidenta transitoria del Senado, cuyo mandato había concluido el 22 de enero). Todos hemos ejercido en coro opiniones para uno o para otro lado, que nos han llevado a este momento jocoso del sainete.

En lo que a mí respecta, coincido con los que quieren elecciones el 6 de septiembre. Creo que la votación se puede realizar con más orden que las ferias de El Alto y evitando el comportamiento desaforado de los narcos del Chapare o de Yapacaní. Pase lo que pase, que suceda de una vez por todas para no prolongar la doble agonía. Y todos seremos responsables de lo que resulte: más pandemia y menos democracia. Pero sería lo mismo sin elecciones.

*Es cineasta y escritor.

@AlfonsoGumucio

Subcategorías

Síguenos a través de:

facebook icontexto inside icon  twitter-logo-enelpc

Publicación Aquí 342

Visitas

30380480
Hoy
Ayer
Esta semana
Este mes
Total
9404
15117
37011
9404
30380480