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Delitos de lesa humanidad impunes y hasta hoy tolerados

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A rajatabla

Yuri Aguilar Dávalos

Marzo 2024

Tapa del libro “Entre los hombres lobos de Bolivia” de Mario Peñaranda Rivera. Las imágenes representan a la izquierda a Víctor Paz Estenssoro y al centro a Claudio San Román

El 20 de febrero de 2024, en Paraguay, uno de los esbirros de los servicios represivos de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) fue juzgado y condenado a 30 años de prisión “por los latigazos, los ahogamientos, los porrazos por la espalda, las descargas eléctricas o las patadas que propinaba a los denunciantes durante su encarcelamiento ilegal en 1976.”[1] La Comisión de la Verdad y la Justicia de ese país, registro que durante ese régimen hubo más de 20.000 víctimas

Días antes, el 15 de febrero, se supo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “decidió emitir un informe de Admisibilidad en contra del Estado boliviano” interpuesto por la Unión Nacional de ex-Presos y Exiliados Políticos de Bolivia (UNEXPEB) organización que agrupa a las víctimas de las dictaduras militares de 1964 a 1982.[2]

En Bolivia el único proceso contra los autores de terrorismo de estado, desde los autores intelectuales hasta los torturadores y otros esbirros fue en el juicio de responsabilidades contra el régimen de Luis García Meza.

De ese juicio se sabe que solo García Meza y Arce Gómez cumplieron a medias su pena y murieron en prisión; varios de ellos que debían cumplir la pena máxima, no la cumplieron; muchos fueron sentenciados a pocos años de prisión y hoy gozan de libertad; en resumen: la gran mayoría de esos represores gozaron y gozan de impunidad.

La Comisión de la Verdad, Memoria, Justicia y Reparación que se formó el año 2017 solo se circunscribió a los actos represivos y de lesa humanidad cometidos por funcionarios del estado entre 1964 y 1982, año en que los militares entregan el gobierno a los civiles.

No sabemos cuáles fueron las motivaciones y criterios, no solo durante el gobierno de Evo Morales sino desde el derrocamiento del gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en 1964, para que se olvide a las víctimas de la represión sistemática e institucionalizada por el gobierno de la Revolución Nacional durante 12 años, es decir desde 1952 hasta 1964.

Durante ese tiempo el régimen del MNR dirigió su acción represiva sobre todo a los militantes de Falange Socialista Boliviana (FSB) y en segunda instancia a partidos políticos de izquierda, aunque no a todos. Esa institución legalmente reconocida por el Estado para la represión política se llamó Control Político, dirigida por el Cnl. Claudio San Román, cuyos orígenes están en una dependencia de la Policía, la “Sección Segunda” o Departamento Segundo de Inteligencia” al mando del policía My. Luis Gayán Contador de nacionalidad chilena.

Claudio San Román era un militar asimilado durante de la Guerra del Chaco (1933-1935) donde conoció a Gualberto Villaroel y durante el gobierno de éste se especializó en inteligencia y contraespionaje en Panamá en cursos, dicen, impartidos por el FBI estadounidense; durante ese tiempo conoció a Víctor Paz Estenssoro, quien fue ministro de hacienda de Villarroel. Según Gerardo Irusta fue una pieza importante en la formación del aparato represivo y de inteligencia del gobierno de Villarroel cuya base era la logia Razón de Patria (RADEPA) y el MNR; de esa forma “…por primera vez se instaló una oficina de control político planificado y científicamente organizado para controlar las actividades de los opositores al régimen tanto de derecha (liberales, pursistas, conservadores, etc.) como de izquierda (el Partido de la Izquierda Revolucionaria y el Partido Obrero Revolucionario).”[3] Los asuntos de inteligencia e información estuvieron a cargo del Teniente Claudio San Román, mientras que “el mando operativo de la represión estaba manejado por el My. radepista Jorge Eguino y que se desempeñaba como Director General de Policías.”[4]Luego, tras la insurrección del 9 de abril, pasó formar parte de los organismos de seguridad del gobierno del Revolución Nacional.

Luis Gayán Contador fue uno de los 105 militares chilenos que se unió al Ejército boliviano durante la Guerra del Chaco; luego se quedó a trabajar como empleado en actividades mineras y después se incorporó a la Policía[5]. Su confraternidad con militares y excombatientes le permitió luego ocupar un importante sitio en el aparato represivo del MNR.

Los métodos utilizados por la policía política del MNR en la persecución, apresamiento y trato a los opositores al gobierno fueron los mismos que los de otros regímenes autoritarios: apresamiento y allanamiento de viviendas sin orden judicial; saqueo de los domicilios del opositor; establecimiento de lugares inhumanos de reclusión; confinamiento a “campos de concentración”, a veces en sitios alejados y con difícil posibilidad a la evasión; trato inhumano durante la detención donde la tortura era permanente y a veces con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones.

Este sistema represivo lo describe así Gerardo Irusta Medrano: “Este aparato de inteligencia fue montado y conocido originalmente como el Departamento Segundo de Inteligencia instalado en principio en el edificio donde hoy está ubicado el vespertino Jornada [el libro fue editado en 1988, año en que existía ese periódico], esquinas Junín e Indaburo, a una cuadra de Palacio de Gobierno, para luego ser trasladado su nominación al de Departamento Segundo de Orden Social y Político y finalmente al de Control Político en una casona donde hoy funciona la Facultad Técnica de la Universidad, entre las calles Potosí y Yanacocha.”[6]

Tapa del libro “Infierno en Bolivia” de Hernán Landívar Flores

Según el testimonio de Hernán Landívar Flores, autor del libro “Infierno en Bolivia”, la “Sección Segunda” de la Policía tenía su puerta principal en la calle Junín y parte de la casa daba a la Plaza Murillo, por lo que presumimos que este centro de represión estaba frente la Cancillería, en la esquina de calles Junín con Ingavi: “Fui llevado a la Sección Segunda, que en ese entonces hacía el papel de Policía Política. Ingresamos a dicha repartición por su principal entrada que da a la calle Junín.”[7] Más adelante, al recordar la tortura sufrida por acción de Gayán Contador, relata: En un arranque de desesperación saqué fuerzas sobre humanas para deshacerme de aquel monstruo y lo conseguí. Fue toda una proeza. Yo que solo pesaba 40 kilos con 1.60 de estatura acabé por echar a un lado a aquella bestia de casi dos metros con más de cien kilos de peso. Libre de él, me lancé con un salto de pescado hacia la puerta-ventana que estaba abierta y que daba a la plaza Murillo. Todo el drama se desarrollaba en el segundo piso. Hizo mi mala suerte que debido a la falta de mis lentes calculara mal la distancia y fui a estrellarme en el barandado.”[8]

Otro de los sitios de represión estaba en la misma vivienda de San Román. La casa estaba en la calle Fernando Guachalla, casi esquina Abdón Saavedra, en cuyo sótano había construido varias celdas donde el esbirro, que desdecía su apellido de santo, no solo privaba de libertad a los detenidos sino también los sometía a tortura, podríamos decir fuera de horas de trabajo. Recuerdo que al día siguiente del derrocamiento de Paz Estenssoro, el 5 de noviembre de 1964, fui con mis padres a curiosear esa casa de terror la que encontramos totalmente vacía, pues había sido saqueada un día antes por una muchedumbre antiemenerrista; cuando bajamos al sótano vimos las celdas cuyas paredes estaban manchadas de sangre.

Mi madre me contó que durante el período de crisis económica, entre los años 1957-1958 donde los productos de primera necesidad escaseaban —situación muy parecida a la vivida en tiempos de la Unidad Democrática Popular (UDP), pero con la diferencia de que en el tiempo del MNR la represión era dura— la ciudadanía debía hacer largas filas para conseguir los alimentos básicos de la canasta familiar. Cierta vez ella que se encontraba por la calle Potosí esquina Jenaro Sanjinés de La Paz, vio una fila larga de gente y preguntó al último para la compra de qué producto era la espera y esa persona le respondió: es para visitar a los presos políticos detenidos en la casa del Control Político o para saber si estaban allí.

Los campos de concentración para políticos opositores fueron creados bajo la denominación de penales militares —un eufemismo más— durante el primer gobierno de Paz Estenssoro mediante el Decreto Supremo N° 3619 del 28 de enero de 1954; una de las supuestas motivaciones para su creación fue que los procesados a causa de la rebelión antigubernamental sofocada el 9 de noviembre de 1953, debían estar sujetos a una jurisdicción militar”, aunque en realidad la administración de esos centros de represión estaba a cargo del Ministerio de Gobierno y Justicia. La ubicación de esas cárceles militares debía estar en cuarteles que no estuvieran ocupados, de modo que los campos de concentración los ubicaron en el cuartel de Corocoro (La Paz) y en los cuarteles de Uncía y Catavi (Potosí).[9] Sin embargo, el centro de reclusión más emblemático estaba en Curahuara de Carangas, sitio donde fueron recluidos gran parte de los militantes de Falange Socialista Boliviana (FSB), aunque también hubo otros lugares de confinamiento en lejanas poblaciones del oriente, como en San Ignacio de Velasco, Roboré y otras de la Chiquitanía.

Aunque el Control Político existió desde inicios del régimen, oficialmente se lo crea bajo el nombre de Dirección General de Información y Seguridad del Estado mediante el Decreto Supremo N° 5154 de 24 de febrero de 1959. Su función sería “organizar un servicio de inteligencia que recoja, centralice, clasifique y verifique todas las informaciones que interesen al orden público y a la seguridad interior y exterior del Estado”[10]

En el libro “Minas, balas y gringos. Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy” de Thomas C. Field Jr. se ve la magnitud de la acción represiva del régimen del MNR, la que involucraba a los agentes represores, sino también a los jerarcas del partido de gobierno. Cuando Víctor Paz Estenssoro iba a posicionarse en su tercer período (1964-1968), desde luego ilegal porque la Constitución no permitía dos gestiones sucesivas de mandato, el vicepresidente saliente Juan Lechín Oquendo, como presidente nato del Congreso, fue detenido antes de que se hiciera presente en el Palacio Legislativo para entregar la presidencia y la banda presidencial al nuevo mandatario. En esa ocasión los esbirros del Control Político no solo lo apresaron, sino también le dieron una paliza y luego lo exiliaron. Tiempo después, un allegado a Paz Estensoro, le confesó a Lechín que la orden de su apresamiento y paliza vino del mismo Paz Estenssoro, quien le habría instruido a San Román qué hacer con su excompañero: “Años más tarde, un colega de Paz Estenssoro reveló a Lechín que el presidente le había dicho a Claudio San Román, jefe del Control Político: ‘No lo mates, déjalo paralítico’. Según [Douglas] Henderson [embajador de Estados Unidos en Bolivia] no había duda de que ‘a la policía secreta se le instruyó evitar la asistencia de Lechín a la ceremonia inaugural’. El Control Político ni siquiera se molestó en ocultar su papel en el ataque, utilizando sus conocidos jeeps ‘encubiertos’.”[11]

Por boca del hijo de Paz Estenssoro se sabe también como era San Román y cómo estaba estructurada la maquinaria represiva del MNR: “…en 1952, mi papá construyó todo su equipo de inteligencia gracias a exnazis, viejos miembros de la Gestapo que había conocido en la Argentina, durante su periodo de exilio antes de la revolución. Ellos —alemanes grandes, rubios— armaron este Kardex masivo de todo el mundo en el país. Era gente muy bien entrenada y trabajaba estrechamente con San Román. Por supuesto, San Román continuó esas tácticas en el segundo gobierno [de Paz Estenssoro].” El secretario privado de Paz Estenssoro, Carlos Serrate Reich, también corrobora el perfil del jefe del Control Político: “‘San Román era el [Lavrenti] Beria del presidente’, en referencia al jefe de la policía secreta de Stalin. ‘Todo el poder político, militar y policial estaba en manos de San Román’.”[12]

El MNR, como todo régimen que reproduce el poder para alargar su permanencia en el   Estado, se asesoró en la parte de inteligencia y seguridad, con el gobierno más poderoso afín a su ideología, es decir con los Estado Unidos, de manera que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue la entidad supraestatal que hasta el último momento de ese gobierno estuvo cerca de Paz Estenssoro y los jerarcas de entonces. Además del entrenamiento y asesoramiento a sus agentes y dotación de equipos, proveía de armamento tanto para las milicias movimientistas como para los agentes del Control Político.

Larry Sternfield, jefe de la estación de la CIA en La Paz, en una entrevista con Tomas C. Field, al referirse a ese periodo dice: “Paz Estenssoro fue un nazi. La mayoría de los que lo rodeaban fueron nazis. Era como la Alemania nazi. Las mismas cárceles, la misma brutalidad. Bolivia seguía peleando la guerra, a pesar de que había terminado dos décadas antes. He servido en seis países, y los últimos días del régimen de Paz [el 4 noviembre de 1964 es derrocado] fueron los más represivos que jamás he visto. Claudio San Román, con quien trabajé a diario, fue el latinoamericano más brutal que he conocido. Todo lo que San Román quería siempre eran armas. Me pedía armas todos los días. Lo único que mantenía a Paz en el poder eran los Estados Unidos.”[13]

La casa de San Román

Tras la caída del régimen del MNR, el 4 de noviembre de 1964, muchas de las casas de los jerarcas fueron saqueadas, entre ellas la de Víctor Paz Estenssoro que estaba en la calle 9 de Calacoto, pero la que tuvo mayor repercusión fue la de San Román, por lo que se descubrió en su sótano: las celdas de prisión y de tortura.

El 25 de enero de 1965, mediante Decreto Ley 7041 firmado por el presidente militar golpista, René Barrientos Ortuño, se expropia ese inmueble para “la fundación de un nuevo establecimiento escolar” (…) “Declárese de necesidad y utilidad pública la expropiación del inmueble perteneciente a Claudio San Román Lafuente y Luz Caballero de San Román, en toda su extensión de 942,30 mts.2., sita en la calle “Fernando Guachalla” Nos. 755 y 761.”

El 7 de octubre de 1977, otro dictador, Hugo Banzer Suárez, amplía la extensión de la expropiación mediante el Decreto Supremo 14982: “…amplíase la expropiación al total de su superficie de la propiedad perteneciente a Claudio San Román y Luz Caballero de San Román situada en la calle Fernando Guachalla de esta ciudad y signada con los Nos. 755 y 761, que comprende 1.238,78 metros cuadrados, incluyendo la edificación que a la fecha se encuentra en grave estado de deterioro…”

En ambos casos los gobernantes reconocieron la indemnización y encargaron a la Prefectura del Departamento de La Paz que lo haga con fondos de "Obligaciones del Estado".

Actualmente en ese sitio funciona la Unidad Educativa Bolivia.

San Román en el exilio y su retorno

Tras la caída del régimen del MNR San Román se asiló en la embajada de Paraguay, país que le dio asilo donde, dicen, trabajó en el aparato represivo del dictador Stroessner.

Según Irusta, en su libro “Espionaje y servicios secretos en Bolivia”[14] San Román retornó a Bolivia en 1985, cuando Paz Estenssoro gobernaba por cuarta vez. En 1987 el autor conoció a San Román y se enteró que estaba tramitando ante su “Jefe” que 1) se lo ascienda al grado de General de División, 2) que se le paguen daños y perjuicios por la expropiación de su casa y 3) que el erario público le pague los sueldos que había dejado de percibir desde el 4 de noviembre de 1964. Irusta concluye así el desenlace del principal esbirro del MNR: En el dosier personal del Gral. San Román se encuentra tanto la resolución del Senado Nacional, como la Resolución Suprema firmada por el ex Presidente Víctor Paz Estenssoro concediéndole ese ascenso al Gral. San Román. Todo se hizo en el más absoluto secreto y muy pocos sabían y conocían que estos últimos beneficios le fueron otorgados al ex Jefe del Control Político. No se puede decir que el Dr. Víctor Paz Estenssoro haya sido ingrato con uno de sus más importantes pilares de poder en los tiempos de la Revolución Nacional…”

Los Esbirros

Esta sinopsis de las atrocidades del régimen emenerrista no estaría completa si no mencionamos los nombres de algunos esbirros, al menos los que fueron registrados en los testimonios de sus víctimas; de esa manera ingresarán en la lista de la ignominia, ya que la justicia no pudo (o no quiso) procesar sus delitos de lesa humanidad.

En los 12 años que gobernó el MNR, la estructura represiva tuvo un mando jerárquico obediente, primero, a los presidentes Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo y a continuación a los ministros de Gobierno, como cabeza de sector, quienes fueron: Federico Fortún Sanjinés, Arturo Fortún Sanjinés, Roberto Méndez Tejada, José Cuadros Quiroga, Marcial Tamayo, Wálter Guevara Arce, Carlos Morales Guillén, Mario Diez de Medina, Eduardo Rivas Ugalde, José Antonio Arce Murillo, Julio Castro Rubén, Ciro Humbolt Barrero.

Entre los esbirros podemos citar a: Claudio San Román, Luis Gayan Contador, Adhemar Menacho, Rómulo Arano Peredo, NN Castañón, “Negro” Abasto, Fidel Salazar, Arce Amaya, los benianos Urquizo y Puerta, Villarreal (secretario de Gayán), Jorge Rioja, Alberto Blumfied, Raúl Gómez J., Roberto Méndez Tejada (Secretario del Comité Político).

También hubo extranjeros que trabajaron en el aparato represivo movimientista. Francisco Lluch Urbano (español) —casado con Rosa Lema Dols, importante dirigente femenina, por lo que gozaba de mucho prestigio— estaba encargado de clasificar y revisar la correspondencia que era secuestrada en el Correo y en los allanamientos que realizaban; Valentín Gonzales, “El Campesino” (español) era uno de los encargados de los interrogatorios.

Otros extranjeros represores fueron: Carlos Diyone, Domingo Álvarez Rangel, Marcel Tonelier[15]. Se dice que los nazis Klaus Barbie o Altman y uno de apellido Wolf también estuvieron en esas actividades represivas

Desgraciadamente el maltrato inhumano ejercido por los organismos represivos del Estado a los privados de libertad, sean éstos por delitos comunes o por causas políticas, fueron y siguen siendo ilegales: solo recordemos el secuestro, tortura y asesinato de Luis Espinal (21/03/1980); el asesinato y desaparición de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega tras la toma de la sede la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y el apresamiento de los miembros del CONADE (17/07/180); el asesinato de militantes del MIR (15/01/1981). Y más recientemente, durante el llamado Proceso de Cambio: las ejecuciones extralegales en el Hotel las Américas; asesinato de David Olorio Apaza tras ser torturado por personal policial, acusado de asaltar el peaje de Vías Bolivia en la Autopista La Paz–El Alto (06/07/2010); la muerte del conscripto Edwin Veizaga tras la tortura ejecutada por un superior militar en un Regimiento en San Matías, Santa Cruz (26/12/2023).

En todos estos casos son los funcionarios del Estado los que ejercieron violencia sistemática, tortura y muchas veces ejecuciones extrajudiciales, es decir la misma que hubo en tiempos de la Inquisición católica; en el Reinado del Terror durante la Revolución Francesa; en la Rusia zarista con la Okrana y en la soviética con la Cheka (luego KGB); en la Alemania nazi con la Gestapo; en la Alemania Oriental con la Stasi. Hoy con la FSB[16] de la Rusia de Putín, con la CIA de los EE.UU, con los servicios de inteligencia de China, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua o los de los organismos represores en países del Islam.

La frase "el hombre es un lobo para el hombre" atribuida a Hobbes, sigue y seguirá teniendo vigencia, sobre todo para quienes ejercen el poder, sean jerarcas o ejecutores del terrorismo estatal, pues éstos no se conmueven ante ningún pronunciamiento de organismos de defensa de los Derechos Humanos, como es casi seguro que no lo harán ante el reciente informe de la CIDH, “Cohesión social: el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia”[17].

Lamentablemente los hechos evidencian que aunque existan denuncias de instituciones defensoras de los Derechos Humanos ante organismos internacionales y éstos condenen las acciones de los Estados en contra de sus ciudadanos, los gobernantes y funcionarios poco o nada hacen para evitar las violaciones a los derechos humanos.

Ante esta realidad solo queda no callar y seguir denunciando las vulneraciones de los derechos humanos por voz propia o a través de instituciones defensoras de los derechos ciudadanos, pues ninguna forma de terrorismo es justificable y menos lo es el terrorismo de Estado.

 


[1]https://elpais.com/america/2024-02-21/paraguay-condena-a-30-anos-de-carcel-a-un-torturador-emblematico-de-la-dictadura.html

[2]https://eju.tv/2024/02/cidh-admite-demanda-de-ex-presos-y-exiliados-de-1964-a1982-contra-el-estado-boliviano/

[3] Irusta Medrano, Gerardo. La lucha armada en Bolivia. La Paz: Ministerio de trabajo, empleo y previsión social. 2016. p. 65

[4] Ibidem p. 66

[5]https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100004

[6] Irusta Medrano, Gerardo. La lucha armada en Bolivia. La Paz: Ministerio de trabajo, empleo y previsión social. 2016. p. 220

[7] Landívar Flores, Hernán. Infierno en Bolivia. La Paz: Editorial Difusión, 1964. p.37

[8]Ibidem p.40

[9] Landívar Flores, Hernán. Infierno en Bolivia. La Paz: Difusión, 1965. p. 261

[10]http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/buscarg/page:1773

[11]Field Jr., Tomas C. Minas, balas y gringos. Bolivia y la Alianza para el Progreso en la era de Kennedy. La Paz: Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2017. p. 230

[12] Ibidem, p. 234

[13]Idem, p. 234

[14] Citado en: https://theboliviantimes.wordpress.com/2019/01/11/claudio-san-roman-y-el-control-politico-del-mnr/ (Consulta: 24/03/2024)

[15]Peñaranda Rivera, Mario. Entre los hombres lobos de Bolivia (En las prisiones de la dictadura totalitaria del MNR). La Paz: Instituto de Ediciones Americanas, 1965.

[16] FSB: Siglas del Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, sucesora del famoso KGB (Comité para la Seguridad del Estado) soviético.

[17] https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/053.asp

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