c. Presidente: respete los derechos de los pueblos indígenas

Compañero Presidente: quizá le caiga mal que le recordemos que tiene la obligación constitucional, según el derecho consuetudinario y un mandato ético de respetar, como el que más, los derechos de los pueblos indígenas, lo que no sólo no hace sino que parece ufanarse cuando estropea esos derechos lo que está en contra del mandato que recibió del pueblo y, en particular de los indígenas, muchos de los cuales todavía sacan pecho por "su" Presidente indígena que gobierna Bolivia, aunque otros (entre los que estamos los de este semanario) nos convencemos, muy a pesar nuestro, de que usted sacrifica los verdaderos intereses regionales, populares y nacionales cuando ejerce la política desde el Palacio Quemado y, por el contrario, hace esfuerzos, por ejemplo, para concertar con empresarios de toda laya.

Específicamente, respecto de la violación de los derechos de los pueblos indígenas rememoramos algunas de sus acciones ilegales e ilegítimas y/o de los gobernantes de este tiempo en el que esperábamos que cuando menos se respete y se aplique, especialmente, la legalidad aprobada los últimos 5 años:

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es ley boliviana, dispone que a los indígenas se les debe consultar, para conseguir su aceptación o su rechazo, antes de emprender exploración y/o explotación de algún recurso natural (petróleo, gas, minerales) o previo a la industrialización de aquellas riquezas, cuando se encuentran dentro de los territorios indígenas o cuando esas operaciones podrían afectar a los pobladores originarios, campesinos o interculturales. En vez de esa consulta, en varios casos, se procedió a ejecutar los planes o no planes gubernamentales, como ocurrió en Corocoro, donde los pobladores del lugar que, debido al procesamiento de minerales de cobre (a lo que ningún boliviano de verdad podrá oponerse), se quedaron con agua insuficiente para el consumo humano y animal, además del riesgo de contaminación que se denunció. En el territorio de los guaraníes, en el chaco boliviano, ocurrió algo parecido a lo acontecido en Corocoro y con una agravante. En una visita del Presidente a la zona guaraní éste, iracundo, dijo que los indígenas chantajeaban a las empresas petroleras que despliegan su actividad en el lugar. La respuesta del principal dirigente de los guaraníes fue que lo que reclamaron fue que se respeten sus derechos por los que luchan hace siglos.

Indígenas de las tierras bajas bolivianas, el 2010, marcharon en defensa de la autonomía indígena y de otras demandas específicas, lo que fue un enfrentamiento con el gobierno; conflicto que debió evitarse si los encargados gubernamentales o de la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluso se anticipaban, comportamiento que deben desarrollar los que aseguran nada menos que impulsan una revolución democrática y cultural. Entre los resultados negativos de aquel conflicto está la división de los afiliados a la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y las heridas que no cicratizan, según informes de los originarios.

La vulneración de los derechos de los mojeños, trinitarios, yuracarés y de los que habitan el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), arrancó hace décadas, pero se agrava nada menos que en las condiciones de un gobierno que se considera democrático y popular.

Inmediatamente después de la marcha indígena "Por el territorio y la dignidad", realizada desde Trinidad a La Paz en 1990, se estableció una línea roja imaginaria que separa el TIPNIS del Chapare. Lo principal del acuerdo (y aquella franja) buscaba evitar que los cultivos de coca y la producción de cocaína se extiendan al territorio indígena, lo cual en aquel tiempo (años 90 del siglo pasado) ya ocurría, lo que los originarios evitaban denunciar por temor a las venganzas o ajustes de cuentas de los invasores del TIPNIS.

En las dos décadas de vigencia del convenio que fijó la imaginaria raya roja siguieron los conflictos entre indígenas y cocaleros (incluidos los narcotraficantes), aunque sin mayores consecuencias, lo que no quiere decir que esos contingentes humanos aprendieron a convivir en un territorio indígena.

Antes y tras que los gobernantes decidieron la construcción de la carretera Villa Tunari (Chapare) hasta San Ignacio de Moxos (Beni), los indígenas plantearon observaciones destinadas a suspender aquella construcción y, los últimos días, con el objetivo de conseguir un desvío de aquel camino de modo que se evite la destrucción de parte de la reserva ecológica del TIPNIS.

Los indígenas (a pesar de su división respecto de esa obra) aseguran que aquel camino, si se construye de acuerdo al diseño, partirá en dos al TIPNIS, destruirá la floresta y la biodiversidad (riqueza biológica) en lo que es rico aquel territorio y la destrucción de la naturaleza será incontenible, agregan los que se sienten ya ahora afectados y, lo serán más, por una población de colonizadores que llegaría a las dos lados de esa carretera y al TIPNIS.

Hay estudios de ambientalistas que aconsejan que el gobierno abandone la construcción del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos porque consideran que con esa vía será más lo que se corre el riesgo de perder que lo que se puede ganar. A ello se suma la contrapropuesta de los indígenas: el desvío del camino que evitaría partir en dos el TIPNIS.

Pero se ha inaugurado la obra, con ch´alla incluida, sin la consulta a los pueblos indígenas que, con derecho suficiente, se consideran habitantes originarios de un territorio que les costó años de lucha y vidas para conseguir que se los reconozca como poseedores legítimos de él.

Aquel camino empieza a construirse, sin la aprobación de los indígenas, en un período en el que, según las normas internacionales y bolivianas, deben reconstituirse los territorios indígenas o en otros debe ejercerse el autogobierno y allí tienen que aplicarse las costumbres como normas para la convivencia de esos pueblos. Asimismo, la flora, la fauna, la pesca, los recursos renovables existentes en esos territorios deben ser utilizados sin más restricciones que las vedas que los indígenas practican para preservar la naturaleza.

A los miembros de este semanario virtual nos preocupa constatar que en el gobierno parece que se imponen los que dicen que se debe promover el desarrollo en Bolivia aunque para ello se sacrifique la naturaleza, frente a la tendencia que respalda el desarrollo de nuestro país con el menor impacto ecológico que sea posible.

Los gobernantes que dicen: desarrollo aunque se destruya la naturaleza, creemos, son los que nada serio hacen para respetar los derechos de los pueblos indígenas y para mantenerlos a éstos como aliados seguros de los cambios y del gobierno que aún dice que los impulsa.

Sin embargo, tenemos la certeza de que los pueblos indígenas, a pesar de las vicisitudes que enfrentan y que vencen, exigirán que se respeten, promuevan y se materialicen sus derechos.

Y esperan, nosotros con ellos, que el compañero Presidente, para nombrarlo así, sin peros, debe respetar los derechos de los pueblos indígenas, promoverlos y realizarlos sin cuartos intermedios caprichosos que sólo sirven para violentarlos.

Añadimos sin rodeos c. Presidente: no habrá Estado Plurinacional ni respeto de los derechos de la pachamama en Bolivia si es que su gobierno y lamentablemente usted pisotean los derechos de los pueblos indígenas, como ocurre ahora, lo cual es ilegal, ilegítimo e indecoroso.