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Derecho de piso*

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Karen Gil

A Justa no le preocupa que el detergente y el agua fría le hayan lastimado el antebrazo, sólo le interesa lavar más prendas durante sus 12 horas diarias de trabajo. Esperó por más de un año una labor donde gane alrededor de 2.000 bolivianos mensuales y no desaprovechará esta oportunidad que sólo durará tres meses. Tiene que mantener a siete de sus ocho hijos y lo que le sobre, si le sobra, ahorrará para cuando salga libre. Hace 19 meses que está con detención preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. Dice que no hay pruebas en su contra pero como el proceso no avanza, se declarará culpable para salir con el beneficio de indulto.

Son las diez de la mañana de domingo, día de visitas, y hay mucho ajetreo en el patio trasero donde están los toldos —construcciones precarias de venesta, cartón prensado y calaminas; miden desde un metro por uno y medio hasta dos por tres, el más grande—. En algunas casetas venden ropa, lanas, verduras y comida. Los pasillos se asemejan a los de un mercado popular, claro que más angostos. Ya dentro del toldo de doña Justa, donde juegan tres niños en una improvisada cama sobre cajones de madera, recuerdo que estoy en la cárcel más grande de mujeres en La Paz.

El COF de Obrajes funciona en una vieja casa que fue construida hace casi un siglo y que antes era un convento. Alberga a 330 privadas de libertad, muchas de ellas viven con sus hijos. Hay 80 niñas y niños, de los cuales 60 tienen menos de seis años y el resto llega hasta los 16 —la ley establece que los niños sólo pueden vivir en cárceles hasta los seis años—. La capacidad del edificio es para 100 personas, pero éste está sobrepoblado, al igual que el resto de los recintos penitenciarios bolivianos.

—Tengo ocho hijos, de los cuales cinco viven acá. Soy padre y madre— dice Justa mientras aprovecha a descansar por unos minutos de su pesada faena.

Es morena, mide como un metro y cuarenta. Aparenta unos 50 años pero recién tiene 43. Sus dientes están teñidos de verde de tanto mascar coca, la cual le ayuda a no cansarse rápidamente. Está acusada por traficar 27 gramos de pasta base de cocaína, pero asegura que sólo eran 10 gramos los que encontraron a unos tres metros de donde estaba.

En su toldo apenas entran una cama, unas cajas que sirven como mesa y otra más pequeña que simula una silla. Aquí sus hijos se dan modos para jugar, descansar y estudiar durante el día, mientras que en la noche duermen en una de las 11 habitaciones comunes en el edificio principal. Allí, ella ocupa el segundo nivel de una litera y los chicos duermen en un colchón tendido en el suelo. Tienen suerte, la mayoría de las madres comparten con sus hijos una cama de una plaza.

Debido a su crítica situación económica, la Dirección de la cárcel le cedió por un tiempo este espacio sin que tenga que pagar algún costo, como lo hacen otras. Por ello, Justa alojó hace unos días a Eli y a su hijo de dos años. Mientras hablamos, Eli —incriminada por robo— retuesta el fideo en una precaria hornilla eléctrica ubicada en una esquina del suelo.

Ésta es la segunda semana que Justa trabaja en la lavandería del penal —que ofrece su servicio a la ciudadanía— y confía que ganará “buen dinero”, aunque disfrutará de su sueldo recién dentro de dos o tres meses.

La lavandería es uno de los beneficios laborales más redituables que brinda Régimen Penitenciario y también el más desgastante; el otro beneficio cotizado por las mujeres es la atención de uno de los ocho teléfonos públicos, el cual se da principalmente a las personas que recobrarán pronto su libertad.

El monto que Justa reciba por cada mes trabajado dependerá de cuánta ropa lave. Por cada prenda sencilla ganará un boliviano y si la ropa es más grande, como un jean, ganará un poco más.

Al menos son 10 los beneficios que hay para elegir en Obrajes, pero no cualquiera puede acceder a éstos, se necesita una antigüedad de al menos seis meses para solicitar alguno, aunque —como dirá más tarde la Gobernadora del COF— hay excepciones según la situación socioeconómica de las mujeres. A eso se suma la larga lista de espera.

—Cuando llegas no tienes derecho a nada, yo decía "diablos cómo consiguen dinero para sus llamadas"— dirá luego Luisa, encarcelada por segunda vez.

Pero no sólo se necesita dinero para hacer llamadas sino para muchas otras necesidades, principalmente, la alimentación. Pese a que el Estado destina un prediario de seis bolivianos con sesenta centavos por cada interna —que cubre dos panes para el desayuno, el almuerzo y el té y su pan— y un monto similar para los niños menores de seis años, no es suficiente.

—Aquí se necesita por lo menos 20 bolivianos día sólo para comida, dice Justa.

La primera semana le costaba generar ese monto puesto que primero debía pagar su derecho de piso, éste consiste en realizar cuatro tareas específicas durante una semana y si las internas quieren evadir ese trabajo, que no sólo consume tiempo sino también demanda mucha energía, pueden pagar 76 bolivianos para que otras lo hagan, por supuesto Justa pagó con su trabajo físico.

Después de ello, durante al menos seis meses dividía su tiempo en realizar los oficios obligatorios para las nuevas internas —labores en la cocina común y en la de niños, limpieza del establecimiento, entre otros— y en trabajar en lo que podía para sustentar a su numerosa familia. Cuando ya cumplió con todos sus oficios, se encargaba de los que las otras internas no querían hacer y tenían el dinero para pagar.

— Irene Quispe... ¡teléfono!

Grita afuera una joven que trabaja de "taxi", así les dicen a las que buscan a las internas cuando éstas tiene alguna visita o llamada telefónica.

Precisamente fue éste el primer trabajo al que accedió Justa el año pasado cuando ya no era considerada nueva. Aquella vez lo más que recibió fueron 200 bolivianos mensuales, los cuales cubrían los pasajes de sus hijos, lo que ya aliviaba su preocupación.

Para costear el resto de sus gastos —compra de pañales, útiles escolares, ropa y alimentación de sus tres hijos que no reciben comida del Estado debido a su edad—, además de trabajar durante el día,  las noches las pasaba tejiendo.

Antes de retornar a la lavandería, Justa recibe una manta que elaboró junto con otras dos mujeres por la cual ella cobrará 200 bolivianos, que nunca están demás.

***

Es miércoles y acaba de concluir el horario de visitas y casi todas las mujeres están en la cancha del penal para el control diario.

—Señoras buenas tardes. Vamos a pasar la lista. A ponerse pilas por favor— les dice una policía.

—Presente— responde cada una de ellas después de escuchar su nombre.

Mientras esto sucede, las mujeres no descansan, con mucha destreza sus manos van creando tejidos. Ya sea paradas, sentadas, solas, en grupos, con palillos, a crochet, en telares portátiles o sólo con sus dedos, estas mujeres producen diversas prendas con un acabado muy fino.

Esta actividad es practicada por la mayoría de las internas, en mayor o menor proporción, porque —a tiempo de ser una posibilidad de obtener algo de dinero sin muchos requisitos— les quita el estrés y les ocupa la mente, tan necesario en el encierro, por ello es común que en casi todos los espacios del recinto y a cualquier hora estén al menos tres mujeres con su tejido.

El ingreso que perciben con esta labor no es mucho pero significa una gran ayuda para ellas, por eso, para así avanzar un poco más con sus prendas, le piden a la Gobernadora que deje prendida la luz un poco más de las 11 de la noche, hora en la que llega la oscuridad a sus habitaciones.

—Tengo tres hijos, tengo que generar dinero sea como sea— cuenta Genoveva que cumple una sentencia de ocho años por tráfico de drogas y apenas va por el primero.

Modela una manta de color naranja y blanco hecha con miñardí, su más reciente creación, que cuesta 240 bolivianos y que la hizo en 15 días. Es la tercera prenda que tejió en cuatro semanas, pero aún no vendió ni una. Es que con tanta oferta de mantas, chalinas, chompas, gorros, mantillas, chales y guantes que hay dentro del penal, las visitas de las internas —que son la principal clientela— no llegan a comprar todo lo que se produce.

—Yo quisiera que haya una tienda para vender nuestros tejidos y bordados, reclama Genoveva.

El 2013, el entonces director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, comprometió empresas productivas en la cárcel de Obrajes y mercados para los productos de las señoras, pero hasta el día de hoy el proyecto no avanzó.

Entre tanto, las mujeres tienen que darse modos para sobrevivir y eso lo sabe muy bien Isela de 19 años que está detenida preventivamente hace nueve meses por robo de dinero y dos celulares a una broastería de la zona Sopocahi.

Aparenta de 16 años, pero su voz suena como una niña de 12. Su mirada se pierde en el horizonte y refleja una acentuada tristeza. La primera vez que hablé con ella, sentadas en la fuente vacía del patio principal, me dijo que quería morirse porque es muy desgraciada.

—Pero si eres muy joven.

—Pero no tengo la misma vivencia de una chica de 19 años, que se preocupa por sus estudios o su chico. Es horrible estar aquí dentro y no sé qué voy hacer cuando salga.

Desde los 17 años, Isela pasaba sus días en la calle y dormía en colchones sucios sobre el suelo de algún alojamiento de diez bolivianos. Su padre, quien la golpeaba, la echó de su casa. Actualmente sus progenitores también están presos y no la ayudan económicamente.

A su llegada a Obrajes no tenía ni 10 centavos en el bolsillo. Hacía trabajos manuales para algunas de sus compañeras, pero lo que ganaba era muy poco, apenas logró cubrir el derecho de piso y pagar algunos de los oficios obligatorios. También tejía pero no vendía y si lo hacía apenas ganaba entre 15 y 30 bolivianos.

Una mañana decidió que su suerte cambiaría, se vistió con ropa que le donaron y se maquilló un poco. Salió al patio principal del penal. Allí se le acercó un abogado y al verla llorar le ofreció defenderla penalmente, ella le contestó que no podía pagar sus servicios. Eso al hombre no le importó, es más le puso un billete de 50 bolivianos en la mano y desde ahí la visita periódicamente.

—Luego han venido más y más señores y he empezado a vivir de la gente.

—¿Te prostituyes?

—No he tenido relaciones sexuales con ninguno, pero sí pagan mis gastos.

—Y ¿lo hacen sin esperar nada a cambio?

—Se supone que soy virgen y cuando salga me voy a casar con ellos.

—¿Y eres virgen?

Una mirada pícara escapa de sus ojos, mientras sorbe por la bombilla las últimas gotas del refresco que bebe.

Isela prefiere a hombres mayores de 30 años porque es más probable que tengan dinero y un trabajo estable, pero reconoce que a veces le provoca nauseas cuando la besan y la tocan. Hace instantes, un hombre delgado, moreno, de unos 50 años le dio 200 dólares (1.392 bolivianos).

Como muchas de las mujeres detenidas, Isela esperó siete meses para que el Estado le asignara un abogado y así asumir su defensa. Pero ahora, confía salir libre en unos días, por lo menos eso le prometieron, por separado, su abogado y el anterior Fiscal de su caso. Ambos también se enamoraron de ella.

***

Hacía ya ocho meses desde que Mayra llegó al COF de Obrajes y la angustia del encierro, la falta de dinero para sobrevivir dentro, y el haber dejado solos a sus padres la mortificaban. Todo ello, la llevó con el apoyo de su familia, a pagar 700 bolivianos al juzgado para acelerar su caso y solo así le llegó recién la imputación formal como co-autora de estafa múltiple de la que la acusan.

Pasaron ya cinco meses de aquel día y 13 meses desde que le dieron detención preventiva y pese a todos los esfuerzos legales que hizo aún no se le concede acción de libertad. Está segura de que el juez "quiere plata".

Tiene 36 años y es delgada. Un sombrero pescador le protege el rostro, que al exponerse al sol se irrita. Y buena falta hace cubrirse de los rayos solares que particularmente hoy están muy fuertes, después de varios días lluviosos.

Como no tiene, toldo como la mayoría de las mujeres en el COF —sólo son 34 las que cuentan con uno, que cuesta desde 600 a 1.000 bolivianos—, nos sentamos en el borde de una de las dos jardineras que adornan el patio. A nuestro lado en un pequeño colchón están dos mujeres, junto a una niña, más allá otras tres sentadas sobre bolsas de yute, y otras comparten una de las cinco mesas que tienen sombrillas cerca de la Gobernación. Algunas charlan con sus visitas.

Hace instantes, ambas estuvimos en una reunión con las delegadas de las 11 habitaciones. El principal tema que perturba a las representantes —al igual que al resto de la población del penal— es la ausencia de una verdadera justicia en un país que ocupa el primer lugar con mayor retardación de justicia en Latinoamérica, de acuerdo con un estudio de la Pastoral Penitenciaria Católica en Bolivia.

Esta retardación de justicia es evidente en Obrajes, el 83% de las internas está con detención preventiva al igual que el 84% de las más de 11.000 personas que están encarceladas en todo el país, según un informe de la Defensoría del Pueblo.

Mayra está con esta medida cautelar por posible fuga, amenaza que —según ella— no es posible, porque recién se enteró del proceso que pesaba en su contra el día que la detuvieron.

En el informe de "Situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad en Bolivia" se explica que los jueces toman esa decisión principalmente con personas jóvenes, entendiendo que "por su juventud hay mayor riesgo de peligro de fuga y obstaculización".

Mayra dice que apenas tiene plata para sobrevivir, menos va a tener para huir y que la justicia debiera basarse en hechos y no en supuestos.

En todo este tiempo, se suspendieron cuatro de sus cinco audiencias. En la quinta, que sí se llevó a cabo, no le fue bien porque el juez rechazó su acción de libertad debido a que los papeles de respaldo de trabajo y vivienda que presentó eran "muy simples".

Esos papeles simples a los que se refiere eran el contrato de anticrético en el que figura el nombre de sus padres con quienes vive y el contrato de un trabajo como cajera en una peluquería, pero como ella no tiene estudios de contabilidad no fue válido.

Esa posibilidad de trabajo la compró con 300 dólares (poco más de 2.000 bolivianos). No le quedó otra, puesto que casi nadie quiere contratar a una persona con antecedentes penales.

Ahora está a la espera de su próxima audiencia pero para que se lleve a cabo rápidamente, en el juzgado le pidieron 3.000 bolivianos y el investigador de su caso quiere cobrarle un monto aún más alto para acelerar el proceso.

—Yo estoy amarrada de pies y manos porque no puedo defenderme, porque los jueces no me dejan—, dice mientras la frustración le invade el rostro.

Esa misma frustración se siente en la voz de Coral. Ella ya no debería estar en el COF, en septiembre del 2013 le dieron detención domiciliaria, pero aún no puede hacer efectiva esa medida porque tiene que pagar 30.000 bolivianos de fianza.

—¿De dónde voy a sacar ese dinero? He demostrado la extrema pobreza con la que viven mis padres y mis tres hijos, dice mientras la voz se le quiebra y teje con mucha velocidad en su toldo.

Está con detención preventiva hace tres años y ocho meses acusada por complicidad de robo agravado al peaje de la autopista La Paz-El Alto en 2010. Su caso se hizo famoso no sólo por la violencia del atraco, sino porque su pareja, acusado y detenido como principal autor, fue encontrado torturado y muerto en el segundo piso de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de El Alto, al día siguiente del hecho.

Desde aquel día Coral ha vivido en la incertidumbre porque a los tres años le dieron la acusación formal. Inclusive en su desesperación, al igual que Justa y otras mujeres encarceladas, se declaró culpable con la esperanza de que el indulto le favorezca, pero el Fiscal y el juez que llevan su caso no aceptaron. "Está buscando la alternativa para salir de la cárcel tratando de culparse de una cosa que no ha hecho", le dijo el juez.

Sólo le queda tener fe en que el proceso se acelere y que se efectivice su audiencia conclusiva, entre tanto, para que los nervios no le ganen y su dolor de cabeza no incremente pasa las noches mascando coca y fumando cigarro, junto otras mujeres que esperan sentencia.

***

—La cárcel es para los pobres. El que tiene plata se va pero el que no, se queda. Y mientras tanto los verdaderos narcotraficantes bien felices y chochos de la vida.

Es la afirmación de Karina, una joven de 23 años, que está en la cárcel un año y diez meses. Es acusada por traficar drogas, como el 56% de los detenidas en el país.

Es delgada, tiene ojos grandes y hundidos. Habla con mucha seguridad y velocidad. Su voz es acompañada por los movimientos fuertes de las manos.

A ella y a su hermana las detuvieron a dos cuadras de su casa. Minutos antes, los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) ingresaron a su casa vacía sin orden de allanamiento y cuando ya las apresaron las llevaron a su domicilio donde las encañonaron.

Asegura que ellas son inocentes, pero que su mamá es consumidora por lo que la encarcelaron tiempo atrás y que eso pesó al momento de darles detención preventiva. Ahora hay el riesgo que su sentencia sea de diez años.

Antes de ese hecho estudiaba turismo y hotelería y en la cárcel comenzó a estudiar derecho, pero hace un tiempo Régimen Penitenciario ya no continuó con el convenio con la universidad que daba ese servicio.

—Nosotras pagábamos la matrícula, Régimen no daba ni un lápiz.

Por esto, cree que no hay un verdadero proceso de reinserción social aunque la Gobernadora del penal —dirá después— que el COF sí es un espacio para reformarse y que hay muchas mujeres que han cambiado su actitud, pero que depende de ellas.

Como Karina hay otras internas que piensan igual. Luisa es una de ellas. A sus 45 años no tiene miedo de decir lo que cree. Vender drogas en las calles populares de La Paz por muchos años y estar casi cuatro años en la cárcel, la han vuelto dura pero no le han borrado la sensibilidad.

Es delgada, tiene el cabello largo. Su rostro refleja los años que ha trabajado en la calle, después de dejar la carrera de Trabajo Social en la Universidad Mayor de San Andrés a causa del amor, dice irónicamente.

Cumple su segunda condena. Esta vez la agarraron por vender flunitrazepam, junto con su hija de 17 años, y para que ésta quede exonerada se declaró culpable. Le sentenciaron ocho años, de los cuales ya pasaron dos.

—Éste es mi pedazo de cielo—, dice del pequeño espacio que tiene dentro de una de los cuartos donde se han instalado unas casetitas divididas entre sí por venesta y cortinas, que sirven para que las reclusas estén en el día.

En la habitación no entra luz natural, porque no cuenta con ventanas y la luz eléctrica funciona todo el día. El ambiente es pesado porque no hay mucho aire y al menos ocho mujeres están dentro.

Tiene cuatro hijos, tres son mujeres y se ganan la vida como pueden. A Rafito, de siete años, lo dio en adopción a su hermana, cree que tendrá mejor vida que a su lado.

Luisa es adicta a la pasta base. Hasta dos semanas atrás dejó de drogarse por ocho meses pero cuando su Rafito, que vivía con ella, se fue volvió a caer en el vicio.

Dice que es fácil conseguir droga dentro, pero sí cuesta caro. Con lo que se compra a diez bolivianos sólo se puede hacer unas cuantas fumadas. Lo mismo sucede con las bebidas alcohólicas, un litro de alcohol de quemar cuesta entre 200 y 300 bolivianos.

Hace un par de días le encontraron fumando un porro, lo que cuenta como falta grave por lo que en un semana será llevada a aislamiento. En estos días está preparándose mentalmente para soportar 60 días en el “calabozo”, como le llama ella.

Es la segunda vez que es castigada por lo mismo, la primera fue a los dos meses de su llegada al COF.

—En vez de que me ayuden a rehabilitarme me meten al calabozo, que es horrible. Es un aislamiento irrestricto, no tiene baño ni ducha. Está lleno de ratones; mis compañeras eran las palomas heridas.

Son cuatro celdas de aislamiento que miden uno por dos metros. Luisa sólo salía una hora al sol, en la que debía bañarse, comer, limpiar su espacio e ir al baño. No podía dormir debido a la humedad que le calaba los huesos. Se pasaba el día tejiendo para no volverse loca. No podía meter ni cigarrillos ni coca. Es una experiencia que hubiera querido no volver a vivirla.

—¿Cómo una adicta va a dejar de tomar y drogarse, si hay trago y droga para vender aquí? Ellos (los policías) saben bien quién vende y no les hacen requisa porque entra con botas. Hacen requisa a las personas adictas, no a las que venden.

Terminamos de hablar y ella se va deprisa a leer el tarot a las visitas.

Sobre las denuncias contra los policías, más tarde la gobernadora del COF mayor Luz María Alaja, asegurará que las requisas sí son efectivas y que desde hace por lo menos un año la venta y consumo de drogas y bebidas alcohólicas han disminuido en un 99%.

Alaja tiene la voz suave. Habla con mucha tranquilidad, incluso de temas álgidos, y la mayoría de las internas la aprecian a diferencia de sus antecesoras.

Hasta el momento, la Gobernadora no recibió denuncia formal contra efectivos policiales que hayan hecho pasar drogas o alcohol.

—Se hace rotación de policías y es una buena medida para que no haya mucha familiaridad entre las internas y el personal policial, explica.

***

Pasó poco más de un mes de la vez que una de las internas fugará del COF por la guardería, que da a la calle, y la tensión por el hecho aún se siente en el aire.

—Estaba parada en el borde del pasillo que está afuera de las habitaciones, y una policía me gritó que si no me muevo me iba a dar informe de fuga. Es un maltrato psicológico—, se queja Karina.

Bastante tuvieron ya con la tensión de no poder recibir sus visitas el día de la fuga y de pensar en la posibilidad que no se iba a celebrar navidad. Por eso, a los días del incidente, la población —es así como se llama al conjunto de las internas— al enterarse que había por lo menos cuatro personas sospechosas de complicidad tomó una decisión. En el patio trasero, las cuatro presuntas sospechosas fueron golpeadas por el resto de sus compañeras a modo de castigo.

—Las delegadas han instigado para que se les pegue, han sido vilmente golpeadas por toda la población —dice Luisa—, aunque las representantes aseguran que ha sido una decisión de todas al calor de los hechos.

“Cojuda, te van a denunciar, levántate”, le dijo Luisa a su hija que dio algunas patadas a una de las acusadas. Levantó a la muchacha agredida y la escondió en su toldo.

“Espérame aquí, no te muevas cojuda, te van a deshacer”, le dijo a Jennifer, y salió a defender a las demás.

Pero el miedo sobre este caso no es exclusivo sólo de las privadas de libertad.

—Ya se me está cayendo el pelo de tanto pensar en que pueda ocurrir nuevamente una fuga— me dice una de las cinco policías mujeres que controlan toda la cárcel, porque si bien hay cuatro policías varones más, éstos se quedan en la puerta y a lo mucho entran hasta el patio principal.

La falta de personal no es la única deficiencia sino que también la infraestructura no ayuda al control de las personas. El muro por el que huyó Nancy Rivero, disfrazada de albañil, era bajo y hace mucho tiempo, distintas gobernadoras del COF solicitaron a Régimen Penitenciario elevarlo, pero esta instancia sólo llegó a planificar la construcción y no a llevarlo a cabo, hasta después del incidente que aumentaron algunas filas de ladrillos.

El año pasado el ex director de Régimen Penitenciario prometió no sólo la refacción del penal sino la ampliación del mismo, pero actualmente esta obra aún no se inició.

La falta de infraestructura, sumada al hacinamiento del penal, se siente principalmente a primeras horas del día y por las noches. Las mujeres tienen que esperar una larga fila para usar los pocos baños, lavamanos y lavanderías que hay allí.

—Sobre la ampliación del COF o el traslado a un lugar más grande vengo escuchando hace 10 años y hasta el día de hoy no hay nada. Las falsas esperanzas y las amenazas de traslado son lo peor que nos pueden dar aquí —comenta Martha.

Ella está sentenciada con 30 años por asesinato, ya cumplió un tercio de su condena y en ese tiempo salió bachiller y desempeñó todos los oficios y trabajos del COF. Al no tener otra actividad más que tejer, los últimos meses sufre de ansiedad por lo que espera que le autoricen el ingreso de un horno para dedicarse a la panadería y así seguir manteniendo a su nieto escolar.

***

La sonrisa de Zulma distrae su aspecto cansado. Es acusada por transportar droga. Tienen tres hijos en la cárcel y dos fuera. Le agobia ya no poder trabajar de sol a sol como antes para sobrevivir, las radioterapias la dejan débil.

Antes de llegar a su toldo, pasamos por el patio donde hay una docena de duchas. En la puerta había una fila de más de 10 personas que esperaban bañarse, en una de las tres duchas que funcionan.

Una de las internas ameniza la espera con su voz chillona. "Amigo sírvanme una copa esa copa llena, quiero embriagarme,... amigo, ya no me interesa lo que diga la gente, ya no voy a luchar por su amor, ya no me interesa lo que diga la le gente, ya no voy a luchar por su amor".

—Tenemos nuestra propia "Yarita Lizeth" del COF, dice entre risas Estela, alias "La Gatita" —que tiene una sentencia de 14 años por venta de estupefacientes —haciendo alusión a la cantante de chicha peruana. Y las mujeres sueltan grandes carcajadas.

Ya en su toldo, Zulma y sus hijos de tres, siete y 13 años comienzan a saborear la comida. Como es feriado, por la celebración del quinto aniversario del Estado Plurinacional, el plato del día es especial: para las mujeres, medio lomo y para los niños, ají de fideo. Afuera, dos internas le dieron sus fichas para que los cuatro puedan comer.

La familia se da modos para entrar en la cama que mide no más de un metro. Los niños se entretienen de rato en rato matando a los chulupis que aparecen por las paredes y a veces caen sobre las cobijas.

Los primeros meses que Zulma no tenía toldo —por ser nueva— dejaba a su hijo pequeño en un rinconcito del patio o lo llevaba cargado en su espalda cuando trabajaba limpiando y lavando para otras, a modo de ganar dinero, mientras que en la noche prefería que sus hijos duerman en su cama mientras ella se amanecía tejiendo.

Hace ocho meses, a Zulma le comenzó a doler la columna. El dolor coincidió con la época en la que comenzó a trabajar en la lavandería y creía que se trataba de desgaste físico.

Al malestar se le sumó el sangrado vaginal cuando alzaba mucho peso, por ello se hizo tres pruebas de papanicolaou. El médico del penal le decía que no era nada grave, pero cuando los sangrados se hicieron más frecuentes y se desmayaba, le dio una orden para hacerse estudios en el Hospital General. Pero las órdenes de salida, que deben tener permiso del juez, no llegaban del juzgado porque su abogado no iba a recogerlas o llegaban un día antes de la cita en el hospital, cuando era demasiado tarde para disponer de escolta policial.

Estuvo mucho tiempo así, hasta que gracias a la radiografía que le hizo el personal médico del Hospital Arco Iris, que va al COF gratuitamente, se enteró que tenía cáncer cervical.

—Con esta enfermedad no puedo hacer nada, por mí podría hacer 20.000 cosas, pero me es imposible, cualquier movimiento brusco que hago ya está el sangrado y cuesta que pare.

Si bien, en el caso Zulma las salidas médicas contaban con autorizaciones del juez, la mayoría de las internas no corren la misma suerte.

"La Gatita", por ejemplo, una vez tuvo que exigir cuatro veces a su juzgado su orden de salida médica para someterse a fisioterapia debido a la hernia de disco de espalda.

—Justamente ayer tenía que salir pero no ha llegado mi salida, dice.

***

El dinero que ganó Zulma en la lavandería lo invirtió en los laboratorios médicos. Lo que ganó en la atención de teléfono, que fue el último trabajo que hizo pese a los sangrados, se le va acabando. Espera que con lo que le paguen por los tejidos pueda reunir 4.000 bolivianos para las duras sesiones de radioterapia.

Al igual que Justa y Coral, Zulma —encerrada sin sentencia hace tres años— se declarará culpable para acceder al indulto. Con cuatro hijos a cuestas, sin posibilidad de trabajar y con cáncer es una de las pocas salidas que le quedan.

***

Nota. Todos los nombres de las mujeres privadas de libertad fueron modificados

FOTOS: WARA VARGAS

Los toldos en el patio trasero del COF.

Los pasillos de cada piso también sirven de dormitorio.

Tejiendo en el patio.

Entrega de panes a la hora del té.

Mujeres tejiendo.

Productos a la venta en el COF.

La codiciada sección de lavandería.

Casilleros de ropa en los pasillos.

Dos beneficios laborales dentro del COF: la tienda de lanas y la atención del teléfono.

*Crónica sobre las “internas” del Centro de Orientación Femenina, de Obrajes, en La Paz.

—Le agradecemos a Karen por la posibilidad que nos entrega de publicar este trabajo suyo en Aquí.

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