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Guaraníes aún viven bajo servidumbre en Macharetí

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Diario Cambio

Un puñado de ricos hacendados posee en las provincias Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca las más ricas praderas de la zona.

Muchas de ellas están bañadas por cuencas menores, lo que añade una estrella a su buena fortuna porque las aguas favorecen a los pastizales de engorde y a la próspera agricultura.

 

Y todo lo que hay en su territorio les pertenece: tierra, ganado y un puñado de familias de la etnia guaraní que sobreviven en condiciones de servidumbre.

Los hacendados —vinculados a los partidos políticos que administraron el país en los últimos 50 años, pero que perdieron su caudal electoral tras la crisis de octubre de 2003— no sólo controlan a la justicia, que está a su servicio por vínculos partidarios o sanguíneos, sino también la vida y el destino de cada peón guaraní a su servicio, según Reynaldo Maraz, alcalde de Macharetí, población ubicada en la tercera sección de la provincia Luis Calvo del departamento de Chuquisaca. 

“Hay grandes haciendas donde todavía se explota al pueblo guaraní y hay casos, aunque pocos, de servidumbre“.

El trabajo forzoso está expresamente prohibido en Bolivia, pero estudios oficiales establecieron que existen comunidades en condiciones de esclavitud en las provincias O’ Connor y Gran Chaco, de Tarija; Cordillera, de Santa Cruz y Luis Calvo y Hernando Siles de Chuquisaca.

Ley del Trabajo

La recolección de castaña en el norte amazónico, la ganadería y el cultivo de la tierra en el Chaco boliviano, son los casos más destacados en que se usan métodos que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tipifica como de “trabajo forzoso u obligatorio”.

Ese organismo, que depende de Naciones Unidas, define el trabajo forzoso a toda actividad que se “exige a una persona bajo amenaza de una sanción y para cuya realización no se ha ofrecido voluntariamente”, lo que constituye un delito y una violación de los derechos humanos.

“Para romper con esa situación”, de acuerdo con el alcalde Maraz, en Macharetí se debe aplicar la Ley General del Trabajo y trabajar en la difusión de los derechos constitucionales de cada ciudadano guaraní.

“Los compañeros indígenas están organizados en la Asamblea del Pueblo Guaraní y ellos, como organización, trabajan para eliminar los resabios de servidumbre que existen en la zona”, indicó la autoridad edil.

Equipos técnicos de los ministerios de Trabajo y Justicia, como política de Estado, trabajan en zonas donde aún persisten resabios de explotación laboral.

Ambos despachos monitorean el cumplimiento del Decreto Supremo 29292, que es reglamentario a la Ley General del Trabajo en el caso específico de las comunidades cautivas.

Ese instrumento legal, según el proyecto Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Ministerio de Justicia, permite restituir, si se lo aplica estrictamente, los derechos y garantías laborales y el acceso a la tierra al pueblo Guaraní.

Dependencia

Uno de los casos extremos de explotación es la situación de aproximadamente 200 familias indígenas que viven dentro de las haciendas en las provincias chuquisaqueñas Luis Calvo y Hernando Siles. Los trabajadores guaraníes incluso se dirigen al hacendado como papi o mami, y muchos de ellos, según estudios ejecutados por el despacho de Justicia, llevan el apellido de los patrones. 

En esas haciendas se reproduce una situación que se creía desaparecida. Si los trabajadores no cumplen con su tarea, reciben latigazos. Si bien esto no es generalizado, existen casos documentados con videos que sí ocurren.

Las familias y comunidades guaraníes, empatronadas o cautivas, son las que principalmente trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria y que reciben retribución en especie, dinero y en otros casos en los que no se establece pago alguno.

Alrededor de 60.000 guaraníes viven actualmente en Bolivia. De ellos se calcula que unas mil familias permanecen en las llamadas comunidades cautivas, donde no tienen derechos básicos como la educación, la sanidad, la libertad de movimiento y a la propiedad de la tierra. 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia recomendó liberar cuanto antes a familias guaraníes en situación de servidumbre y atender a las comunidades indígenas no sólo con tierras, sino de manera integral.

Para tomar en cuenta

Norma: El Decreto Supremo Nº 29292 inició en 2006 el proceso de liberación de las comunidades cautivas, análogas a la esclavitud, del Chaco boliviano.

OIT: La zafra de la castaña en Beni y Pando, y el cultivo de la tierra en el Chaco son dos de los casos en que se usan métodos que la OIT  tipifica como de “trabajo forzoso u obligatorio”.

Definición: La OIT define el trabajo forzoso a toda actividad que se “exige a una persona bajo amenaza de una sanción y para cuya realización no se ha ofrecido voluntariamente”.

Haciendas: Algunas comunidades permanecen cautivas en porciones de tierras ubicadas dentro de las haciendas. Hay otras, sin embargo, donde las relaciones de servidumbre han cesado.

Opción: Para algunos indígenas, la alternativa es la selva o la calle.

El INRA dota de tierras a indígenas

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) informó que  las comunidades indígenas que viven en condiciones de servidumbre en cinco provincias del Chaco boliviano podrán acceder a la tierra y obtener, a través de ella, su libertad. 

El director del INRA, Julio Urapotina, indicó que la dotación de tierras para las comunidades guaraníes que aún no fueron liberadas “es un trabajo pendiente”.

“Está también pendiente la verificación de la situación laboral en la que se encuentran vaqueros y hasta cuidadores de ganado de ese pueblo indígena, que deben recibir un trato similar a cualquier otro trabajador amparado bajo la Ley General del Trabajo”, indicó la autoridad agraria.

La Ley 1715, del Servicio Nacional de Reforma Agraria, plantea sanear todas las tierras fiscales en el país. 

Hasta ahora se consolidó una superficie saneada de 109.8 millones de hectáreas.

Entre 1999 a 2011 se identificaron 21,5 millones de hectáreas de tierras fiscales.

De esas tierras fiscales, 1,3 millones de hectáreas ya fueron dotadas a 8.582 familias de 112 comunidades.

“El proceso de saneamiento y titulación de tierras en el país avanza, así como la política de reconducción comunitaria”, afirmó Urapotina.

http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2011-07-11&idn=49458

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