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Pinchazos mediáticos

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Por José Luis Exeni

La noticia, como toda verdad mediática, no admite matices ni duda. Una "polémica ley" del régimen del presidente Evo Morales, en Bolivia, fue aprobada con tres objetivos principales: permitir pinchazos telefónicos, dar "al Gobierno y sus fieles" dos tercios del espectro electromagnético y, claro, amenazar a los medios privados de radio y televisión. ¿Se imaginan?

 

¿Y las consecuencias de semejante norma, "una de las muchas que ha promovido Morales y que afectan a la libertad de expresión y a los medios"? Además del hecho inminente de que políticos y periodistas serán objeto de "pinchazos", se promoverá el control de los medios "independientes" (sic) y se dará paso a la manipulación informativa oficialista. Terrible norma.

En esos términos informó el diario El País, del grupo español Prisa, sobre la recién sancionada Ley de Telecomunicaciones. Sea afinada manipulación, sea franca ignorancia, la noticia es una muestra más de cómo algunos medios internacionales –y sus agencias–, con monopolio del "derecho a versión", pueden distorsionar-posicionar hechos y datos respecto a nuestros países.

¿La nueva Ley de Telecomunicaciones habilita al Gobierno para realizar pinchazos telefónicos? Leamos el artículo 5: "Inviolabilidad.Las conversaciones o comunicaciones privadas efectuadas a través del uso de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal, son inviolables y secretas, no pudiendo ser interceptadas, interferidas, obstruidas, alteradas, desviadas, utilizadas, publicadas o divulgadas, salvo en los casos determinados por Ley". Tema para la legislación-debate.

Porque una cosa es habilitar inaceptables escuchas telefónicas, pinchazos, intercepciones o violación de comunicaciones privadas –lo cual es claramente inconstitucional– y otra asaz distinta, como establece el artículo 111, es la obligación de poner la infraestructura de telecomunicaciones y TIC a disposición de la autoridad "en casos de peligro para la seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastres". ¿O no? "Espero no equivocarme".

¿Y la nueva distribución del espectro? Tengo la impresión de que el asunto es más complejo que la simple aritmética. ¿El Gobierno (léase MAS/Evo) tendrá el control del 67%? Ello implicaría un doble, maniqueo reduccionismo. Primero, creer que el 33% estatal es sinónimo de Gobierno central. Y eso no es cierto. Incluye a todos los órganos del poder público, las entidades territoriales autónomas y las universidades públicas.

Segundo reduccionismo: creer que el 34% comunitario e indígena originario campesino es automática y disciplinadamente sinónimo de masismo y sus "fieles". Y eso no es cierto, aunque el Gobierno lo intente. ¿O podemos decir que Erbol, por ejemplo, de incuestionable trayectoria, o todas las radios afiliadas a Amarc, son manejadas por los "tentáculos autoritarios del evismo"?

Es como si, en la otra vereda, creyésemos que el 33% del sector privado-comercial, por definición y naturaleza, es mecánicamente opositor, "al servicio de la derecha y el neoliberalismo", etcétera. Y eso tampoco es cierto. En tal sector hay diversidad, aunque algunos operadores mediáticos, en especial de la televisión, se empeñen en promover un discurso único.

Creo que con la nueva Ley de Telecomunicaciones, pese a desviaciones, limitaciones y resistencias, se lograron incluir algunos andamios importantes (como el uso de software libre) para avanzar en la gran asignatura pendiente, a la vez que irrenunciable utopía, que tenemos en democracia: la democratización de la comunicación, la información y el conocimiento. Habrá que velar por ello, celosamente, en los reglamentos.

¿Y qué hacer con las "verdades" de los operadores mediáticos internacionales y sus agencias? Lo mismo que debiéramos hacer contra las tentaciones informativas hegemónicas de los gobiernos: más información plural, más deliberación pública, más democracia'

http://www.paginasiete.bo/2011-08-02/Opinion/Destacados/1800000102-08-11-P720110802MAR.aspx

 

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