Una buena noticia para los periodistas

periodismo

Plan B

Freddy Morales

La Razón (Edición Impresa), 14 de julio de 2014

Una muy buena noticia para los periodistas bolivianos ha pasado desapercibida: la sentencia de dos años y medio de cárcel contra un periodista por ejercer su trabajo fue anulada por la Corte Suprema de Justicia. La buena noticia llega tras cinco años de excesos (incluso de dirigentes del periodismo), acoso judicial y un rosario de irregularidades que debió padecer Rogelio Peláez, director y propietario del mensuario Larga Vista.

En la edición de abril de 2010, Peláez reveló un extraño caso judicial. En uno de los procesos contra Dante Escóbar por el desfalco del Fondo Complementario de Seguridad Social de la Administración Pública (Focssap), el Estado reclamaba la devolución del dinero. Posteriormente 285 contribuyentes se sumaron al proceso para reclamar la devolución de sus aportes al Focssap-FREP (Fondo de Retiro del Empleado Público).

El juicio fue ganado por el Estado y por los 285 contribuyentes. El juez Aníbal Vicente Miranda fijó los montos a devolver: al Focssap Bs 141.065.304,99 (demanda del Ministerio de Finanzas) y a los 285 contribuyentes, Bs 3.247.177,33. Pero el juez Miranda hizo algo más: fijó el honorario profesional del abogado contratado por los contribuyentes en Bs 3.283.798 . Es decir que los aportantes recuperaron en conjunto Bs 36.621 menos que su abogado. En otras palabras, si los contribuyentes tuviesen que pagar los honorarios de su abogado tendrían que darle todo lo recuperado, y le quedarían debiéndole Bs 36.621.

El juez Miranda calculó los honorarios profesionales del jurista a partir de un porcentaje de los más de tres millones de dólares recuperados por los contribuyentes y los más de 141 millones de dólares recuperados por el Estado. Con este cálculo determinó casi medio millón de dólares  de honorarios para el abogado. Rogelio publicó este hecho y el beneficiado decidió iniciarle un proceso, además de ejercer medidas de presión sobre él y su trabajo. Por ejemplo, el fiscal Marcos Vidal amenazó a los canillitas para que no vendan el mensuario Larga Vista, porque “era un periódico clandestino” (atentado contra la prensa nunca antes visto).

El abogado además planteó más de cuatro juicios con los mismos cargos contra Peláez (la norma jurídica y la Constitución establecen que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo supuesto delito), y al final obtuvo una sentencia condenatoria de 2,6 años de cárcel contra el periodista. Sentencia torcida, porque el juez René Delgado Ecos aumentó un delito por su cuenta y riesgo: el de “propalación de ofensas”. Además, el demandante nunca presentó la prueba de la supuesta calumnia (el ejemplar del periódico donde se denunció el extraño caso).

Antonio Vargas, presidente de los periodistas de La Paz, a través de Radio Fides, aplaudió la sentencia, porque demostraba que los periodistas no eran impunes. Las organizaciones de periodistas le dieron la espalda a Rogelio hasta el 10 de septiembre de 2012; entonces acudieron ante el vicepresidente Álvaro García para hacerle notar las irregularidades contra Peláez. Pero el 3 de diciembre de 2012 firmaron un vergonzoso acuerdo con el abogado, en el que le piden disculpas, retiran la denuncia y aceptan sus reprimendas.

Apelada la sentencia por Rogelio, la Corte Departamental de Justicia de La Paz la anuló. El caso fue a Sucre, donde la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia ratificó la anulación de la sentencia el 28 de abril. Es previsible que el abogado continúe abriendo procesos y amenazando a quien no se humille como lo hicieron los dirigentes de las asociaciones de periodistas. Pero esta vez hay un nuevo elemento: la apertura de proceso contra el juez Aníbal Vicente Miranda, quien hizo la magia para que el abogado cobre más que sus clientes. Una comisión de fiscales anticorrupción, el 24 de enero, imputó al juez e instruyó su arraigo y detención domiciliaria. Buena noticia para el Estado.