editorial
El Procurador General del Estado dijo que él —suponemos que también los gobernantes y el Presidente— no pretende “intimidar” ni “castigar” a los periodistas y, agregó, que lo que ellos quieren es conocer el o los nombres de la o las fuentes que entregaron la información con la que el periodista Ricardo Aguilar Agramont, de La Razón, elaboró una nota publicada en el suplemento de ese diario, Animal Político, con el título: “De cómo en la demanda marítima triunfó la idea de los actos unilaterales”, la que publicamos en esta edición de Aquí.
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La demanda de suboficiales y sargentos, para que una reforma a la Ley respectiva acabe con el colonialismo en las Fuerzas Armadas bolivianas y el conflicto en desarrollo — el que quieren desbaratar gobernantes y comandantes de los uniformados—, evidencian que en lo esencial, esos destacamentos castrenses tienen una estructura destinada a la defensa del viejo Estado boliviano el que, para nosotros y para los que piensan por cuenta propia, debió ser destruido para construir otro sobre sus escombros… Algunos, en cambio, siguen soñando que están construyendo un nuevo poder o que ya tienen el Estado plurinacional, que sería el Estado integral de Gramsci, teórico de la política y fundador del Partico Comunista Italiano.
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Sesenta y cuatro suboficiales y sargentos que estudiaban con beca, en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), fueron dados de baja (expulsados en lenguaje de los civiles) porque asistieron a una reunión con sus colegas en la que, ni duda cabe, discutieron y ratificaron las demandas [1](reivindicaciones) de ese estamento de baja graduación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) bolivianas, las que buscan, enmendar como ellos denominan, la discriminación y el colonialismo en la institución castrense.
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“La nueva doctrina de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia está cimentada sobre cinco principios fundamentales, que tienen que ver con nacionalismo, patriotismo, antiimperialismo, anticapitalismo y justicia social.”
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El libro Control remoto, del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, nos ayuda a entender que los gobernantes y por éstos el Vicepresidente tienen un acuerdo con importantes empresarios de medios de difusión, como el diario La Razón y el canal de televisión ATB; ambos otrora de propiedad de la familia Garafulic y del grupo empresarial Prisa de España.
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