Actividades ilícitas que debe afrontar el nuevo gobierno

Editorial Aquí 351

Las actividades ilegales en el país parecen no preocupar a las autoridades gubernamentales, pero también hay incertidumbre en cómo las afrontará el próximo gobierno, pues en su campaña dijeron poco: el narcotráfico crece y los capos de las drogas hacen gala de impunidad; la extracción de oro está controlada, casi en su totalidad, por “cooperativas” mineras, mientras que otras empresas ilegales sacan del país (de contrabando) muchos kilates de ese metal precioso, además la actividad aurífera utiliza mercurio para separar el oro de otros materiales, un químico altamente contaminante; el contrabando es otra actividad ilegal que actúa de la mano, generalmente, con el narcotráfico al que provee de insumos como también a la actividad aurífera; el tráfico de tierras y la devastación de bosques y áreas protegidas son también actividades que deben ser combatidas.

La reciente difusión de un video del narcotraficante Sebastián Marset y las amenazas realizadas, a la par de conocerse, meses antes, que un alto jefe del Primer Comando de la Capital (PCC), Sergio Luiz de Freitas, vive en Bolivia hace más de diez años, o que “emisarios” de carteles mexicanos están en las regiones donde más se produce droga, evidencia que esa actividad delictiva transnacional está muy bien afincada en el país.

El creciente avance de narcotráfico en el país ha involucrado a policías, precisamente especializados en la lucha contra el narcotráfico, pues varios jefes policiales ya fueron detenidos por sus nexos con esa actividad delincuencial: René Sanabria (2011), Oscar Nina (2015), Omar Rojas (2022), Maximiliano Dávila (2022), Gonzalo Medina, como también muchos uniformados de grados inferiores, no solo de la Policía sino también de las Fuerzas Armadas.

Según datos publicados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), en su sitio Web, en la gestión 2024, la cantidad de operativos (10.370), el secuestro de cocaína (66.000 kg), el secuestro de marihuana (514.513 kg), el secuestro de sustancias (precursores sólidos, líquidos y hoja de coca), más la destrucción de laboratorios (1.501), demuestran el incesante aumento de dicha actividad ilícita. Ante estas altas cifras hay que recordar que solo el 20% de la droga es detectada por organismos de lucha contra el narcotráfico; el otro 80% está circulando en el mercado, pues el consumo mundial de cocaína creció de 17 millones de usuarios en 2013 a 25 millones en 2023, de acuerdo al Informe Mundial sobre las Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)[1].

A ello hay que sumar el aumento de plantaciones de coca que de acuerdo datos a del año 2023, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), las hectáreas de coca han llegado a las 31.000 hectáreas, no debiendo sobrepasar las 22.000 hectáreas de acuerdo a ley. ¿Al presente, cuántas hectáreas más habrá de cultivos de coca dado que el avasallamiento a áreas protegidas es constante? ¿Y habrá aumentado la coca del Chapare que no pasa por el mercado legal de Sacaba, dado que el año 2020 el 94% de esa producción circulaba sin control?

Las cooperativas mineras, sobre todo las auríferas, realizan actividades que desangran al país y contaminan irreversiblemente el medio ambiente. Además de gozar de privilegios —está exenta del Impuesto a la Utilidad de Empresas del 3% (IUE), no pagan el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 13 % y solo pagan el 2,5 % de regalías, aunque lo evaden cuando quieren— contaminan tierra y agua por el uso de mercurio, por lo que nuestro país se ha constituido en el mayor consumidor de ese químico tóxico, el que llega en gran parte de manera ilegal desde México, siendo el Cartel Jalisco Nueva Generación[2] quien canaliza ese flujo ilegal. La Agencia de Investigación Ambiental de Estados Unidos (EIA por sus siglas en inglés) ha revelado que desde hace diez años existe ese contrabando además de señalar que “el mercurio debe tratarse como lo que es: un catalizador altamente tóxico de delitos convergentes, como violaciones de derechos humanos, tráfico de armas, narcotráfico y extracción ilegal de recursos naturales”.

La actividad aurífera de cooperativas y de grupos ilegales está descontrolada, pues no respeta la poca regulación existente ni a las poblaciones de la región. En el ultimo tiempo, en el norte paceño, la población de Tipuani ha sufrido constantes inundaciones, las que se atribuyen al desvío de los cauces de ríos ocasionado por las actividades mineras que operan en la zona, inundaciones que tienden a hacer desaparecer esa y otras poblaciones, pues Mapiri, Guanay y Teoponte corren el mismo riesgo por la desenfrenada explotación minera que arrasa y contamina la región, antiguo territorito del pueblo leco.

El contrabando es una actividad delictiva que, generalmente, trabaja con el narcotráfico. En la red del contrabando están también involucrados empresas de transporte de pasajeros, funcionarios corruptos, policías y militares.

El contrabando ingresa por las cinco fronteras que tiene Bolivia, por Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Argentina, pero la primera es la principal puerta de ingreso desde donde se internan, también, vehículos indocumentados y robados. En las dos últimas semanas se incrementó la internación de vehículos indocumentados, según señaló el viceministro de lucha contra el contrabando, Luis Velásquez, esto debido al anunció hecho en campaña por el actual presidente electo, quien justificó esa medida argumentando que legalizar los vehículos indocumentados es “tener una casa ordenada”. Los vehículos indocumentados, según la Cámara Automotor Boliviana, llegan a un millón y medio de un total de dos millones setecientos mil, lo que se encuentran mayormente en el Chapare, Caranavi, Patacamaya, Challapata.

El tráfico de tierras y de devastación de bosques es otra actividad delictiva que crece año a tras año. Según la organización agroempresarial de Santa Cruz, Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), son 331 predios los que fueron avasallados hasta mediados de octubre de este año. El caso de Las Londras es un claro ejemplo que muestra cómo los avasalladores y agresores gozan de libertad e impunidad, mientras que las víctimas (trabajadores agrícolas, policías y comunicadores) claman justicia desde hace cuatro años.

En cuanto a áreas protegidas, los datos son inciertos, pero de acuerdo a una investigación del portal web ambientalista Mongabay, el año 2023 en el interior del Parque Amboró, entre 2019 y 2023 la deforestación creció de 14 a 107,5 hectáreas. Pero, la deforestación está también relacionada con la coca excedentaria que ese año llegaban, en todo el país, a 7.900 hectáreas, de las cuales 435 estaban sembradas en cinco áreas protegidas.

La devastación de bosques por incendios, muchas veces provocados, el año 2024 según el mismo medio Mongabay, llegó a 12,6 millones de hectáreas con miles de especies desparecidas, vegetales y animales. Lo siniestro de la deforestación incendiaria es que las áreas quemadas se convierten en zonas de expansión de la frontera agrícola, favoreciendo de esta manera a la agroindustria y los asentamientos de interculturales (colonizadores).

Pero lo curioso de este panorama crítico en el que estamos envueltos, es que los responsables del crecimiento de las actividades delictivas antes señaladas son los gobernantes de los últimos veinte años, quienes se ponen ahora, cínicamente, a dar directrices y a amenazar con movilizaciones y bloqueos, con su acostumbrado discurso impostor. El colmo del descaro de que quienes han tolerado subrepticiamente esas actividades delictivas, además de ser los protagonistas de muchos actos de corrupción, hoy quieren convertirse en ejemplo de honradez y decencia. Y como no podía ser de otra manera, ellos están en la agenda noticiosa con cualquier declaración disparatada, pues siguen el libreto comunicacional de que "no importa que nos critiquen o censuren, lo que importa es que hablen de nosotros".

Esperamos que el próximo gobierno devele cómo se enraizó el crimen organizado en instituciones estatales y quiénes toleraron su crecimiento; sin embargo, teniendo en cuenta que la casi totalidad de los votos de cocaleros, cooperativistas mineros, propietarios de autos ilegales (chutos) e interculturales (colonizadores) se sumaron para la victoria del nuevo presidente ¿qué acciones tomará el nuevo gobierno para acabar con los ilícitos controlados por esos sectores?

[1]https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR_2025/Press_release_WDR_2025_Spanish.pdf

[2]https://elpais.com/mexico/2025-08-03/trafico-de-mercurio-para-las-minas-de-oro-el-nuevo-y-millonario-negocio-del-cartel-jalisco-nueva-generacion.html