Camino que destruya el TIPNIS o servicio real a los indígenas y al pueblo

Editorial

Los gobernantes, luego de violar varios artículos de la Constitución Política, otras normas bolivianas y convenios internacionales (que también son leyes nuestras), con el propósito central de impedir que llegue a La Paz la VIII marcha indígena por la vida en el TIPNIS y para confrontar a los pobladores de esa reserva natural, con su mayoría de legisladores hizo aprobar la llamada ley corta. Esa norma, básicamente, dispone la suspensión de la construcción del camino de la discordia entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) y la consulta a los que en primer lugar serían perjudicados con aquella vía, es decir, los que antes que la población boliviana sufrirían los efectos de la destrucción de aquella riqueza, única en su género en la geografía patria. Esa ley corta, además, “reconoce” otros derechos de los pueblos indígenas, lo que es una reiteración innecesaria de lo que determinan otras normas constitucionales, legales y convenios internacionales, así como se intenta enmendar un error con lo que, a la vez, se incurre en otra falla sustancial: el inicio de la obra en los tramos I y III sin la aprobación o el rechazo de los que viven en el TIPNIS, lo que un gobierno que se autodefine como del pueblo no debe hacer.

El gobierno decidió impedir que la marcha indígena llegue a La Paz

Los gobernantes decidieron impedir que llegue a La Paz la “VIII gran marcha por la defensa de los territorios, la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas” porque, según ellos, aquella acción era y es parte de una conspiración imperialista y de una acción de la derecha que, además, tenía y tiene el propósito de dificultar y en lo posible desacreditar las elecciones de los jueces supremos del 16 de este mes. Esa marcha (continuamos el resumen del criterio de los gobernantes y de los intelectuales que se mantienen a su lado) se negó a dialogar debido a que en realidad tiene los objetivos políticos mencionados y que la mantención del TIPNIS, sin carretera por el medio, es un pretexto para presentar al Presidente, por ejemplo, como antiindígena, y otras afirmaciones de ese estilo y calibre.

No a los estatutos "autonómicos" centralistas al servicio de las transnacionales

De:La Protesta<Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. >

Los denominados estatutos “autonómicos”, por los cuales se harán referéndums en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, son lo opuesto a la autonomía, son inconstitucionales porque no recogen las definiciones de la CPE para que los departamentos tengan fuentes de recursos y puedan tener empresas mineras e hidrocarburíferas departamentales. Son estatutos para permitir el atropello a los pueblos indígenas ordenados por el gobierno central como ocurrió recientemente con los guaraníes. Tampoco reconocen a la mayoría de los pueblos indígenas y a los afrobolivianos, por ejemplo. Son estatutos que permiten que el Estado descargue un ajuste antipopular, cuyo primer paso es el impuestazo antipopular e impide que los departamentos tengan herramientas para defender la producción nacional y la economía popular. Por el contrario, se les impone nuevos impuestos al pueblo para financiarse y hasta el mandato de “apoyar a la actividad minera e hidrocarburífera” (¡privada!).

Votar de ciegos

Quien calla otorga

Alfonso Gumucio Dagron*

La Paz, Página Siete, sábado, 12 de septiembre de 2015

En este país de crueles paradojas y sorprendentes golpes de timón, sucede que el mismo grupo político que subió al poder hace 10 años oponiéndose a las autonomías se ha convertido en el abanderado de ellas.