Revanchismo de Evo contra pueblos indígenas de tierras bajas

Como una confirmación de que la marcha indígena impuso al Presidente la suspensión definitiva de la construcción del camino de la discordia (Villa Tunari-San Ignacio de Moxos), ahora cocaleros, indígenas cooptados por los gobernantes, autoridades regionales (como el Gobernador de Cochabamba), los inquilinos del Palacio Quemado, básicamente, desarrollan acciones como bloqueos, anuncian otras, difunden medias verdades sobre la explotación por empresarios privados de las riquezas del TIPNIS, estimulan la división del pueblo y declaran (como lo hizo el senador Julio Salazar, cocalero) que si es necesario cambiarán la ley corta (que no es del MAS, añadió) que contiene la prohibición de aquella vía por el corazón de la reserva natural y territorio indígena.

Camino que destruya el TIPNIS o servicio real a los indígenas y al pueblo

Editorial

Los gobernantes, luego de violar varios artículos de la Constitución Política, otras normas bolivianas y convenios internacionales (que también son leyes nuestras), con el propósito central de impedir que llegue a La Paz la VIII marcha indígena por la vida en el TIPNIS y para confrontar a los pobladores de esa reserva natural, con su mayoría de legisladores hizo aprobar la llamada ley corta. Esa norma, básicamente, dispone la suspensión de la construcción del camino de la discordia entre Villa Tunari (Cochabamba) y San Ignacio de Moxos (Beni) y la consulta a los que en primer lugar serían perjudicados con aquella vía, es decir, los que antes que la población boliviana sufrirían los efectos de la destrucción de aquella riqueza, única en su género en la geografía patria. Esa ley corta, además, “reconoce” otros derechos de los pueblos indígenas, lo que es una reiteración innecesaria de lo que determinan otras normas constitucionales, legales y convenios internacionales, así como se intenta enmendar un error con lo que, a la vez, se incurre en otra falla sustancial: el inicio de la obra en los tramos I y III sin la aprobación o el rechazo de los que viven en el TIPNIS, lo que un gobierno que se autodefine como del pueblo no debe hacer.

Devaluar y la teoría económica

Economía de papel

Alberto Bonadona Cossío*

La Paz, Página Siete, sábado, 12 de septiembre de 2015

La devaluación del boliviano no es conveniente en el momento actual, ni para la población en general ni para la macroeconomía. La economía boliviana se asienta, hoy por hoy, en la bolivianización, o sea en el uso de la moneda nacional. Ésta se hace, lo más sólida que se puede, en una economía del tamaño de la boliviana en la medida que se tengan dólares para respaldarla. Los dólares que Bolivia tiene forman parte de las reservas internacionales y éstas son las más grandes que el país ha alcanzado en su historia.

No a los estatutos "autonómicos" centralistas al servicio de las transnacionales

De:La Protesta<Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. >

Los denominados estatutos “autonómicos”, por los cuales se harán referéndums en Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, son lo opuesto a la autonomía, son inconstitucionales porque no recogen las definiciones de la CPE para que los departamentos tengan fuentes de recursos y puedan tener empresas mineras e hidrocarburíferas departamentales. Son estatutos para permitir el atropello a los pueblos indígenas ordenados por el gobierno central como ocurrió recientemente con los guaraníes. Tampoco reconocen a la mayoría de los pueblos indígenas y a los afrobolivianos, por ejemplo. Son estatutos que permiten que el Estado descargue un ajuste antipopular, cuyo primer paso es el impuestazo antipopular e impide que los departamentos tengan herramientas para defender la producción nacional y la economía popular. Por el contrario, se les impone nuevos impuestos al pueblo para financiarse y hasta el mandato de “apoyar a la actividad minera e hidrocarburífera” (¡privada!).