Del decreto cuestionado al pacto social: La necesidad de subir una pendiente inclinada

Javier Aliaga Lordemann*

11 de enero de 2026

Fuente: Inesad

La abrogación del Decreto Supremo 5503 debería leerse, antes que nada, como una oportunidad institucional. Gobernar por decreto en temas estructurales —régimen fiscal y reglas de inversión, etc.— suele ser una práctica incierta en democracias con instituciones frágiles, porque concentra decisiones, reduce deliberación y genera reformas débiles y fácilmente reversibles. La historia regional ofrece lecciones claras – el uso intensivo de decretos de urgencia en el Perú de los años noventa, las leyes habilitantes en Venezuela o la proliferación de Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) en Argentina terminaron erosionando contrapesos, alimentando conflictividad social y produciendo políticas inconsistentes. La abrogación abre la oportunidad de volver al cauce legislativo y al acuerdo social, condición necesaria para reformas duraderas.

Los bolivianos no somos iguales ante la Ley

A rajatabla

Sectores privilegiados abusan de su poder

Yuri Aguilar Dávalos

En nuestra sociedad hay normas y formas de comportamiento que impulsan a ser respetuosos con niños, ancianos, embarazadas y personas con capacidades diferentes quienes, por sus condiciones físicas, intelectuales, sensoriales, sean éstas temporales o permanentes, les impiden realizar sus actividades con plenitud. Sin embargo, muchas personas, con capacidades plenas, son abusivas, desconsideradas e irrespetuosas con ellos: muy pocas les ceden paso en aceras y en pasos de cebra en las calzadas; muy pocas les ceden el asiento en lugares de espera; solo en entidades bancarias y en el transporte público Pumakatari de la Paz tienen preferencia.

No solo son necesarios los méritos para ejercer un cargo público, también la sensatez es primordial

Editorial Aquí 354

El ejercicio de un cargo en cualquier Estado demanda cumplir varios requisitos, según señalan las leyes vigentes en el país determinado; en el nuestro, para acceder a una función pública se requieren determinadas condiciones que están señalados en la Constitución Política del Estado (CPE) aprobada mediante referéndum en enero de 2009 y promulgada al mes siguiente.

Oro y autoritarismo*

Franco Albarracín**

En los últimos años, la región ha sido testigo de una expansión acelerada de la minería legal e ilegal, generando graves vulneraciones al medioambiente y los derechos humanos. Este fenómeno, en constante aumento, ha encontrado terreno fértil debido a los bajos estándares de fiscalización ambiental y la corrupción profundamente arraigada entre los funcionarios gubernamentales. Este problema se agudiza especialmente en países con un Estado de Derecho débil frente a un autoritarismo que se nutre y busca su fortalecimiento en estas actividades económicas.