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Se refuerza la alianza de Evo Morales con empresarios privados

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editorial

El acuerdo del Presidente con los banqueros, para adecuar el proyecto de servicios financieros que se discute en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en base a requerimientos de ese grupo de empresarios, es el último refuerzo de la alianza que apunta a reproducir el poder político del primer mandatario (con las elecciones de 2014, como instrumento), también para prolongar  el actual gobierno de medianos propietarios y de empresarios criollos y transnacionales.

El proyecto de ley, que discuten estos días los asambleístas y que sustituirá a la Ley de Bancos, ha sido “consensuado” con los banqueros grandes, en tanto que los bancos modestos o las casas de microfinanzas (que sirven especialmente a pequeños prestatarios), en vez de ser favorecidos, entre otras cosas, de acuerdo a ese instrumento legal en debate, deben convertirse en bancos, pagar subidos impuestos, asociarse con los bancos que durante el actual gobierno aumentaron sus ganancias, tanto que el año pasado (2012) sumaron más de 800 millones de dólares como utilidades.

Nos referimos a las instituciones microfinancieras que se definen como instancias que apoyan el desarrollo social y en las que, básicamente, no existen socios capitalistas.

Sobre ese acuerdo entre los banqueros y el Presidente se conocen, básicamente, dos posiciones: la una de neoliberales ortodoxos, como la de un ex Presidente del Banco Central de Bolivia, que la futura ley de servicios financieros implicará el retorno del intervencionismo estatal en las operaciones bancarias, lo que él considera dañino a la economía boliviana y, en particular, a ese sector parasitario, como es el de los bancos privados que deben capitalizar la mitad de sus utilidades y la otra mitad invertir, al menos en parte, en proyectos de servicio social. Pero esto último es lo que menos hace la banca privada del país.

La otra posición se resume en lo que un representante de las microfinanzas dice en una nota enviada a la redacción de Aquí: el acuerdo que comentamos es una muestra del poder de los banqueros que “impusieron”, a Evo Morales, sus intereses materiales y sus ideas para una explicación que no convencerá al pueblo.

Los señores de las finanzas privadas en Bolivia han dicho que sus utilidades serán menores en un poco más del 20 por ciento debido a los impuestos que deben pagar, según normas aprobadas por los actuales gobernantes. Es decir, dejarán de ganar en aquel porcentaje, pero no perderán, como afirman entendidos en la materia y como la práctica se encarga de mostrar.

Una economista argentina neoliberal , en  una visita suya a Bolivia, sin tapujos, dijo que había un grupo de empresarios “mamones”, con lo que suponemos se referió a esos banqueros que cerraron sus bancos y, como consecuencia, los bolivianos pagamos sus deudas (también de algunos ex bancos estatales, los que también quebraron por favorecer con créditos, sobre todo,  a grandes empresarios).

Sólo el que fue Banco Agrícola de Bolivia, cuado fue cerrado, registraba una deuda en mora de 50 millones de dólares, la que nunca se pagó.  Y los deudores (banzeristas y movimientistas), nunca honraron sus deudas.

Tiempo después, la banca privada recibió, para rehabilitarse, 80 millones de dólares, por determinación del entonces presidente, Gonzalo Sánchez de Lozada. Éste dijo, como argumento en ese momento, que la banca en Bolivia era como el aparato circulatorio y que merecía ese dinero, el que recibió a fondo perdido, es decir, sin la obligación de la devolución de ese monto de los bolivianos y en ningún caso que provengan de las utilidades de los empresarios que gobernaban entonces, directa e indirectamente.

El acuerdo banqueros-Evo Morales, según confesiones del Vicepresidente, quizá es parte de lo que dice el segundo mandatario: a los adversarios hay que incorporarlos “secundariamente” al proceso. Más aún: los gobernantes quizá afirmen ahora que el Estado plurinacional participará en la fijación de dos tipos de tasas de interés (para producción y para vivienda), en el supuesto de que las finanzas ya no hay predominio neoliberal. En otras palabras, los inquilinos del Palacio Quemado presentarán y presentan ya como un buen resultado ese acuerdo o refuerzo de la alianza de Evo Morales con empresarios medianos y grandes y, entre los últimos, transnacionales como los de mina San Cristóbal, la que en un día gasta el agua que emplean los alteños en un mes, como difundieron expertos.

Mientras la banca privada crece sostenidamente desde 2006 a la fecha (gestión gubernamental de Morales), la banca estatal de fomento (Banco Unión, Banco de Desarrollo Productivo) al menos carece del auge de los primeros y no tiene el respaldo directo y/o indirecto de los gobernantes. Se dirá que los bancos de fomento no tienen como misión competir de modo que busquen utilidades, sin las que jamás existiría la banca privada.

La banca privada, los bancos que constituyen la Asociación de Bancos de Bolivia (ASOBAN) tiene el campo casi del todo libre para ganar del servicio por el que pagan los usuarios del capital de los bancos y de guardar el dinero de los ahorristas.

La ley de servicios financieros que se aprobará en la ALP, entre otras cosas, contiene normas que provocaría la quiebra de las microfinanzas y/o que éstas sean absorbidas por los bancos prósperos y con ayuda de los gobernantes actuales.

Otro ejemplo del refuerzo que recibe la alianza Evo Morales-empresarios son dos hechos, con el discurso incluido: la entrega para la explotación, sobre todo por empresarios de las llamadas cooperativas mineras, de las “colas” y los “desmontes” de Siglo XX-Catavi, las reservas más importantes de estaño del país que se encuentran a cielo abierto, con lo que se fortalece más ese sector de nuevos empresarios y de nuevos ricos. (Ver el editorial de Aquí 119 de la semana pasada y otra nota sobre el tema en esta edición).

El segundo dato fue revelado por el Presidente, en la zona aurífera del norte de La Paz: los gobernantes invertirán un poco más de un millón de dólares para instalar talleres en los que serán reparados los equipos mineros que usan los enriquecidos empresarios de las llamadas cooperativas auríferas, pero que en realidad funcionan como empresas capitalistas, pequeñas y medianas.

El Presidente en el discurso de circunstancias, en esa zona aurífera paceña, se encargó de halagar a los empresarios auríferos, incluidos los peones contratados para la extracción de oro o para el “lavado” del metal amarillo. Según el primer mandatario, los cooperativistas mineros están llamados a devolver el prestigio de los trabajadores del subsuelo… Sensiblemente, el Presidente no hace diferencia entre los propietarios de los centros mineros y los proletarios o asalariados de esos lugares de trabajo. Esa es una confusión tramposa.

Confusión tramposa, la del Presidente, porque en Tipuani acotó que él espera que la lucha de los mineros (asalariados y propietarios) sea encabezada por los cooperativistas, es decir, por los que tienen algo o mucho que perder.

Y Evo Morales, como candidato por tercera vez a la presidencia (en contra de la CPE), ofreció a los empresarios-cooperativistas auríferos, que no son, más parajes mineralizados o ricos en oro.

Quizá para que se entienda la instrucción presidencial, la que busca reproducir el poder político del Jefazo, es muy sencilla: Hacer todo lo que sea posible y dejar de hacer lo que sea necesario para que “el hermano Evo gane las elecciones” de 2014.

Se trata del uso y del abuso del poder para conseguir que, en las urnas, se prorrogue el poder político del Presidente, el que lo ejerce con los resultados (en alianza con empresarios) que están cada vez más a la vista de los bolivianos.

Además, ese poder político extendido servirá para mantener un gobierno (con las variantes determinadas por el espacio y por el tiempo) de la alianza de Morales con los propietarios y/o empresarios medianos, empresarios grandes, criollos y transnacionales.

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