77 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 49 años de lucha incesante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que interpela al Estado y la sociedad

Wilfredo Pomar*

10 de diciembre de 2025

Cada 10 de diciembre, la comunidad internacional se une para conmemorar la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), el documento fundacional que, desde 1948, estableció los pilares esenciales de dignidad, libertad e igualdad que deben guiar la coexistencia de los seres humanos.

A 77 años de su promulgación por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la DUDH no solo conserva su relevancia, sino que su vigencia se reafirma en un mundo marcado por conflictos armados, retrocesos democráticos, crisis económicas persistentes, migraciones forzadas, la proliferación de regímenes totalitarios y una profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones.

El Pilar de la Defensa en Bolivia: La APDHB

En Bolivia, esta fecha cobra un significado particular al coincidir con el 49 aniversario de la fundación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB). Nacida en medio de dictaduras militares y represión política, la APDHB se erigió como una voz contestataria frente al abuso de poder, la persecución y la negación de las libertades fundamentales. Su trayectoria está intrínsecamente ligada a la defensa de las víctimas, la denuncia sistemática de violaciones y la construcción de una memoria colectiva vital para asegurar que los excesos del pasado no se repitan.

En este casi medio siglo de la APDHB, es imprescindible honrar a las figuras que hicieron posible su creación, muchas de las cuales aún están con vida: Julio Tumiri, Gregorio Iriarte, Augusto Román, Pánfilo Anavi, Jaime Zalles, Rosario Chacón, Gabriela Justiniano y Amparo Carvajal, la actual presidenta. A esta lista se suma el papel protagónico de activistas icónicos como los sacerdotes jesuitas Luis Espinal y Xavier Albó.

Casi cincuenta años después, la propia existencia de esta institución nos recuerda que los derechos humanos no son una meta alcanzada ni un mero tema histórico. Son, por el contrario, un campo de tensión constante entre el poder del Estado y las garantías de la ciudadanía. La plena observancia de la DUDH exige una vigilancia permanente por parte de la sociedad civil, especialmente cuando los Estados suelen minimizar o relativizar derechos en nombre de la estabilidad, la seguridad o la coyuntura política.

Resistencia y Defensa de la Institucionalidad

La labor de defensa de los derechos humanos en Bolivia ha implicado una férrea resistencia. Esto se evidenció en la toma de la Casa de los Derechos Humanos en junio de 2023 por grupos afines al MAS, un ataque que buscaba descalificar y tomar el control de la institución a nivel nacional. La persistente vigilia en La Paz, liderada por Amparo Carvajal, y la resistencia orgánica organizada a nivel departamental y regional por la vicepresidenta de la APDHB, Yolanda Herrera, lograron frustrar esta maniobra dirigida por el anterior gobierno del MAS, culminando con la devolución de la Casa el 20 de noviembre.

En este complejo escenario, el papel de los activistas y defensores de derechos humanos es fundamental. Su labor no está sujeta a coyunturas electorales ni a intereses partidarios; responde a principios universales que obligan a fiscalizar y cuestionar al poder, independientemente de quien lo ejerza. La historia boliviana es clara: los avances democráticos han sido, casi siempre, impulsados por una sociedad civil vigilante, capaz de denunciar abusos y exigir responsabilidades.

Reconocimiento internacional a los DDHH

En el ámbito internacional, el 10 de diciembre también cataliza el debate sobre el reconocimiento global a líderes políticos que han ganado visibilidad por su discurso y acción en contextos de restricción democrática o bajo gobiernos totalitarios.

La figura de la líder opositora venezolana María Corina Machado ha recibido una significativa atención y reconocimiento internacional, en el marco de las denuncias sobre la grave situación de los derechos civiles y políticos en su país. Estos reconocimientos, como el otorgado a Machado, expresan una preocupación global por la defensa de principios fundamentales como la participación política, la libertad de expresión y el respeto a la voluntad popular.

Desde una perspectiva institucional, estos gestos no deben interpretarse como adhesiones incondicionales, sino como señales de alerta sobre contextos donde la democracia se debilita y los derechos humanos están severamente comprometidos. La comunidad internacional, con sus limitaciones, persiste en invocar estándares universales que ningún Estado debe considerar ajenos o negociables.

Desafíos en el Contexto Boliviano

Bolivia atraviesa actualmente una crisis multidimensional que fusiona factores económicos, políticos y sociales, con un impacto directo en el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La incertidumbre económica, la inflación, el alto costo de la canasta familiar, la escasez de divisas y el deterioro general de las condiciones de vida vulneran derechos básicos como el trabajo, la seguridad social, el acceso a servicios esenciales y, por supuesto, el derecho a la vida. Estas tensiones materiales, de no ser atendidas, amenazan con agravar la conflictividad social en la gestión 2026.

En el plano político, la polarización prolongada, la fragmentación institucional y la judicialización de la vida pública han debilitado la confianza ciudadana en el Estado de derecho. La fragilidad de la independencia judicial, la percepción de selectividad en la aplicación de la ley y la estigmatización de la disidencia son síntomas preocupantes para la salud democrática del país. Cuando el conflicto político prevalece sobre el diálogo y la institucionalidad, los derechos humanos dejan de ser un consenso básico y se transforman en un terreno de disputa.

De cara al próximo año, los desafíos son ineludibles y los riesgos no deben subestimarse. La profundización de la crisis económica podría desencadenar mayores niveles de conflictividad social, cuyas respuestas estatales, si no son gestionadas con cautela, podrían fácilmente vulnerar derechos fundamentales. Del mismo modo, la persistencia de la polarización política amenaza con minar aún más las instituciones democráticas y normalizar prácticas de exclusión, censura o persecución.

Conmemorar los 77 años de la DUDH y los 49 años de la APDHB debe ir más allá de un ejercicio de memoria simbólica. Es, sobre todo, un llamado a reafirmar compromisos concretos:

• Fortalecer la institucionalidad democrática.
• Garantizar la independencia de la justicia.
• Reconocer que los derechos humanos no son un obstáculo para el desarrollo, sino su condición indispensable.
• Luchar abierta y decididamente contra la corrupción.

En tiempos de incertidumbre, la vigencia de los derechos humanos no es solo una consigna moral, sino una responsabilidad histórica. Bolivia se enfrenta al desafío de asumir esa responsabilidad con madurez democrática o permitir que la crisis siga erosionando los principios que sustentan la convivencia social y el futuro común de todos los bolivianos.

*El autor es educador, activista de la APDHLP y miembro del Comité Ejecutivo de la APDHB