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Tortura a conscripto cuestiona la obligatoriedad del servicio militar

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Pisando tierra

Marcela Barrios

(AquíCom MTBB/15/08/2014). “Del dicho al hecho, hay mucho trecho”, dice un conocido refrán y que nos hace reflexionar acerca de las leyes y de la misma Constitución Política del Estado (CPE), que incluyen artículos que protegen los derechos ciudadanos, pero que contradictoriamente, en la práctica, son vulnerados por instituciones estatales..

Es así que en este 2014, aún se presentan denuncias sobre maltrato físico y torturas a conscriptos. Un último hecho de este tipo apareció en los medios masivos de difusión el lunes 4 de agosto y que habría ocurrido en viernes 1 de este agosto. El mismo se refiere a la tortura del cual habría sido víctima el conscripto Álvaro Santa Cruz, de 19 años, en el Comando de Aviación del Ejército que se encuentra en la ciudad de El Alto.

Según la denuncia, realizada por la misma víctima, lo acusaron de robar un celular de uno de sus compañeros. Por ello, lo habrían sometido a varios castigos físicos, entre ellos descargas eléctricas utilizando una batería de automóvil, un baño con agua fría tras obligarlo a arrastrarse en la tierra. Además, casi desnudo habría sido amarrado en un avión que se encuentra en el interior del predio de este Comando.

“Entonces un suboficial dijo: ya, vayan a traer la batería del auto, a este le vamos hacer hablar a la fuerza. Ahí yo me asusté y empecé a llorar, les dije que me dejen por favor, que no robé, pero no me hacían caso, tampoco me dejaban explicarles nada más”, relató el conscripto en una entrevista con la Red ERBOL.

Según la denuncia, estos hechos violentos se prolongaron durante el viernes 1 y parte del sábado 2 de agosto, toda vez que a las 04:00 le habían instruido lavar el avión donde minutos antes se encontraba amarrado y a limpiar todo el cuartel. Según el relato, ese sábado sus familiares —argumentando que su mamá estaba enferma— lo sacaron y lo llevaron al Hospital de Clínicas para que sea atendido. Sus familiares se enteraron de que fue castigado y torturado porque un amigo del joven los llamó y les advirtió de la situación. 

El celular robado fue encontrado en la bota de Álvaro, después de que todos los conscriptos lo buscaron, luego de enterarse de la pérdida. Sin embargo, ese joven repitió una y varias veces que él no había sido el autor de ese robo, pero nadie le escuchó. Él considera que los conscriptos antiguos trataron de vengarse porque defendía a los nuevos, a los “sarnitas” de sus abusos, por lo que habrían puesto el celular en su bota.

Ante esa denuncia, la directora de Comunicación Social, coronela Sarah Aramayo, negó esas acusaciones y lo llamó “ladrón”. “Este soldado no ha sido víctima de maltrato físico en el cuerpo, ni siquiera maltrato psicológico, porque él asumió su culpabilidad. Ha sido encontrado con el celular en la mano”, afirmó la militar.

Una vez más este hecho cuestionó a las autoridades nacionales y a la sociedad civil, sobre la obligatoriedad del servicio militar. Por ello, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), planteó que este servicio sea voluntario, pero también surgieron reacciones de algunos parlamentarios del oficialismo, quienes rechazaron la propuesta planteada.

A pesar de la posición del Ejército, ante la denuncia del conscripto Santa Cruz, de negar este hecho de violencia, cabe recordar varias otras denuncias que se presentaron. En septiembre de 2010 se conoció de la tortura a un joven tras difundirse en un video donde se mostraba a un conscripto colgado de los pies y atado de las manos que en reiteradas oportunidades fue introducido a un turril lleno de agua por varios minutos que, supuestamente, llagó tarde al entrenamiento militar. Ese hecho ocurrió en el cuartel Rangers de Challapata-Oruro. Pero ese soldado no sería el único que fue sometido a esa tortura, porque meses después se reveló que otros 10 jóvenes también habrían sido víctimas de acciones violentas.

Ante ese hecho, el Fiscal General instruyó, a un fiscal de Oruro, efectuar una investigación penal de oficio y se divulgó un instructivo en el que se establecía que el hecho se constituye en un delito porque vulnera la Constitución Política del Estado (CPE). En la misma se establece que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, nadie será torturado ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradante o humillantes (…)”.

En ese instructivo judicial también se citó el Código Penal que, en su artículo 295, establece que será sancionado con privación de libertad, el funcionario que vejare, ordenare o permitiere vejar a un detenido. (…). La pena será de privación de libertad de dos a cuatro años”.

En esa oportunidad, los legisladores nacionales y las autoridades del Órgano Ejecutivo anunciaron duras sanciones para los tres supuestos responsables y que aparecían en el video. Sin embargo, hasta la fecha no se supo de ninguna investigación, de algún resultado y menos de sanciones. También se denunció varias veces de la utilización de la fuerza de trabajo de los conscriptos en tareas de cosecha o de desyerbado en haciendas del oriente boliviano.

Cómo creer que se el último caso de tortura será investigado o sancionado de manera independiente, si otros casos que salieron a la luz pública quedaron en “nada”, después de varios pronunciamientos en contra, de promesas de investigación y de sanción (AquíCom MTBB/15/08/2014).

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