Gobernantes mienten para “hacer creer” sobre la marcha indígena y el TIPNIS

Remberto Cárdenas Morales* - De sábado a sábado (169)

Al parecer los actuales gobernantes aplican una frase que se le atribuye a Maquiavelo: "Gobernar es hacer creer" y por ello mienten. Más aún: apoyados en una estudio de un docente universitario alemán, desde Aquí, nos animamos a decir que cuando se agudiza la lucha de clases, la disputa por la tierra y el territorio —que es lo que sucede ahora en Bolivia— lo primero que muere es la verdad. Veamos:

El gobierno afirma que la "VIII Marcha Indígena por la Vida" tiene apoyo político y económico de la Embajada de Estados Unidos en La Paz. Esa afirmación, en la que creen innumerables compatriotas, se la apoya en conversaciones telefónicas de tres dirigentes indígenas con algún funcionario de aquella delegación diplomática.

Si fuera cierto ese aserto algunos supondrían que los yanquis tienen interés en preservar las riquezas naturales del TIPNIS y no el principal gobernante boliviano que convoca aquí y en el extranjero para que vivamos en armonía con la Madre Tierra. Además, nosotros lamentaríamos que los indígenas, en vez de continuar entre las fuerzas motrices del actual proceso y como base de sustentación del gobierno en funciones, cuando menos sean influidos por los "norteamericanos" y, peor aún, que lo sean decisivamente.

En cambio si el antiimperialismo de los gobernantes fuera consecuente nosotros convocaríamos a que asumamos su prédica y su práctica en esa materia. Pero ahora dudamos de su discurso y de su praxis antiimperialista porque denuncia que USAID conspira en contra suya, por lo que amenaza con expulsarla y no lo hace. El acuerdo para restablecer las relaciones diplomáticas plenas entre Bolivia y EE.UU. está listo para la firma y fue el Presidente del Estado Plurinacional el que propuso que esas relaciones se normalicen pronto por lo que cabe preguntarnos: ¿Cuál es el apuro gubernamental para la firma de aquel documento? ¿Hacer buena letra con el país del norte?

Sabemos que ningún régimen político latinoamericano (para hablar de lo más próximo) es idéntico a otro, pero no dejamos de advertir que entre el actual gobierno boliviano y el mexicano del PRI, que nace con la Revolución mexicana de 1910, hay un parecido: este último se comportaba antiimperialista, más en el discurso que en la praxis, pero dentro de su país reprimía sistemáticamente a los militantes de izquierda. Algo equivalente hace el gobierno de Evo, aunque a una escala represiva mucho menor.

Más aún: El Departamento de Estado USA hace un mes informó de que el gobierno boliviano aportó mínimamente en la lucha de aquella potencia contra el terrorismo, pero que se negó a informar sobre esa actividad política e ideológica. Horas antes el gobierno decidió expulsar a tres peruanos y a un niño de un año y cuatro meses (nacido en Bolivia, según sus padres) al país de origen de esos ciudadanos, a pesar de que habían pedido refugio al Estado boliviano, y a un cuarto ciudadano peruano, que vive con refugio en Bolivia hace 18 años, se le ha pedido que se busque un tercer país (distinto a Perú y Bolivia) para que viva su exilio obligado. Este último, a la espera de una eventual salida no deseada de Bolivia, guarda detención domiciliaria, lo que implica privación de libertad, a pesar de que "formalmente" se le mantiene el refugio y a que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA (CIDH) pidió al gobierno boliviano que se abstenga de echarlo a José Antonio Cantoral Benavides.

El Presidente de nuestro país, entre otras cosas, aseguró que los marchistas no caminan que viajan en carros y que echan a perder la comida porque tienen más de lo necesario.

Las indígenas que cocinan para los marchistas, especialmente, se han encargado de informar la verdad sobre la alimentación en la marcha y sobre la caminata. Algunos días comen sólo arroz y una vez por día, les falta medicamentos y abrigo (esos días que en esa región bajó la temperatura).

Pocos han creído en la palabra presidencial sobre los kilómetros recorridos por día en la caminata y las otras afirmaciones, pero de las mentiras algo queda como "verdad", por lo que no faltan los que todavía creen en las mentiras gubernamentales y/o presidenciales.

Asimismo, las últimas horas, policías (que dicen ser del Estado Plurinacional) han impedido que los marchistas se provean de agua de un arroyo, así como colonizadores que impiden el paso de la marcha decomisaron víveres y agua y uno de ellos, que funge de secretario Permanente de esa organización sindical, admitió esa grave falta ante medios de difusión, como Página Siete de La Paz. Ese dirigente añadió que los caminantes debían hacer sus compras en San Borja, con una crueldad propia de alguien que declaraba en tono similar contra los policías que acabaron con la vida de dos estudiantes en Caranavi, en mayo de 2010, en ese momento Gustavo Aliaga era vocero de los bloqueadores del camino La Paz-Caranavi, pero en contra del gobierno y no en favor de este, como sucede ahora en Yucumo.

Las mentiras son presentadas como si fueran verdades. Muchos creen que si se suspenden las actividades hidrocarburíferas, como piden los indígenas de acuerdo a los gobernantes, en El Aguaragüe (Tarija), Bolivia perdería 11 millones de dólares por día y 330 millones de esa moneda por año. En aquella reserva forestal, en este momento, no se explota ni una molécula de petróleo ni de gas natural, pero sí casi cada año se pierde parte de la riqueza de aquel bosque por los incendios; las vertientes de agua son contaminadas por el petróleo que filtra de pozos que dejaron de producir hace 40 años; empresarios talan árboles ilegalmente allí; en este momento se construye un túnel que afecta las vertientes de agua dulce de la que beben yacuibeños, villamontinos y caraparineños. Los indígenas, que siguen en la marcha hacia esta ciudad, demandan la suspensión de aquellas actividades hidrocarburíferas en el Aguaragüe porque, según las normas, se debe consultar previamente a los pobladores de esa región y, en particular, a los guaraníes.

Los gobernantes mezclan las metiras con medias verdades sobre los marchistas indígenas. El ministro de Gobierno (Sacha Llorenti) presentó como "prueba" suficiente de presuntos vínculos de dirigentes de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) con el ex Presidente de nuestro país, Gonzalo Sánchez de Lozada sólo porque, también supuestamente, aquéllos habrían contratado para una demanda contra el gobierno boliviano en defensa del TIPNIS a un abogado, nacido en nuestro país el que fue viceministro y embajador de Bolivia en Estados Unidos. Se sabe, por información entregada a medios de difusión que los que contrataron esos servicios profesionales son líderes de otra organización indígena extraña a la CIDOB.

Media verdad es la que difundió de Ministro de Gobierno cuando denunció que el Canciller boliviano fue "secuestrado" por los marchistas el que, en realidad, fue "obligado" a marchar dos horas con los que caminan para impedir que el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no atraviese el TIPNIS, como "decidió" unilateralmente el gobierno. Varios dirigentes de los marchistas dijeron que el Canciller aceptó marchar con ellos (otro agregó que Choquehuanca, que es aymara como algunos de ellos en la marcha, quiso marchar con los indígenas, lo que es difícil de creer). El viceministro de Coordinación Gubernamental (Wilfredo Chávez) fue el que denunció el "secuestro", al que presentó como un hecho violento (junto con cuatro policías heridos leves) y pidió que se le respete la seguridad del ministro de las relaciones exteriores.

Según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española "secuestrar" (primera acepción) "Retener indebidamente a una persona para exigir dinero por su rescate, o para otros fines". Con el Ministro, el Viceministro y el jefe policial, a la cabeza de la marcha por dos horas, los indígenas marchistas consiguieron romper el primer cerco policial que al menos dificultó el libre tránsito de víveres y vituallas y, sobre todo, con una macabra crueldad, impidió que los marchistas se provean de agua. Esto último no está permitido ni en una guerra internacional, aunque contemporáneamente los sionistas de Israel decomisan agua, víveres, vituallas para los palestinos que viven en territorios ocupados por la soldadesca hebrea que es una fuerza agresiva al servicio del sionismo y del imperialismo que son, esencialmente, lo mismo.

Los gobernantes mienten doble cuando aseguran que nada tienen que ver con el bloqueo de los colonizadores, en San Lorenzo (a tres kilómeros de Yucumo), para cerrar el paso a la marcha indígena y que los también llamados "interculturales" (lo confiesan sueltos de cuerpo) quieren más tierras para sembrar y para sus hijos. La tierra, en realidad debían decir el territorio, no debe ser, según ellos, sólo para los indígenas de las tierras bajas.

Los colonizadores son los que antes trabajaban en minas, fábricas (de las que fueron echados) y los campesinos que se arruinaron en sus antiguas tierras y que, ahora, siembran granos y especialmente coca. En todos los casos los colonizadores han depredado la naturaleza. El caso más elocuente es el que ocurre (desde hace más de 20 años) en parte del TIPNIS: allí los colonos no respetaron el límite, una imaginaria línea roja que consiguió la marcha por el "Territorio y la Dignidad" (1990)para lo que el gobierno de entonces aprobó un decreto supremo. En las cerca de 200.000 mil hectáreas el TIPNIS que detentan los nuevos colonizadores, en los 20 años citados acabaron con bosque, fauna, vertientes de agua y, particularmente, han conseguido secar la laguna "Bolivia", hecho que callan los gobernantes y colonizadores-cocaleros.

Es verdad que aquellos ex asalariados y agricultores pequeños (ahora colonizadores) enfrentaron ayer la ruina como consecuencia del funcionamiento del capitalismo dependiente y atrasado. Pero las tierras que poseen actualmente, las que pretenden ampliar, son de propiedad individual y recibieron a título gratuito. Los indígenas, en cambio, han consolidado su territorio a título gratuito y en propiedad colectiva. Esa es la diferencia entre tierra y territorio, como explicó el máximo dirigente de la CIDOB: de la primera los propietarios son personas particulares, del segundo los dueños son los comunarios en forma colectiva. Por eso cuando los gobernantes dicen que, en promedio, cada indígena en Bolivia ha recibido 86 hectáreas "del Presidente" dicen una media verdad porque no aclaran que ese promedio quiere decir que colectivamente son utilizadas las riquezas existentes en ellas, en las que las riquezas del subsuelo siguen siendo de propiedad estatal, es decir, de todos los bolivianos (incluidos los indígenas).

Los gobernantes se frotan las manos ante el riesgo de enfrentamiento entre marchistas indígenas y colonizadores-bloqueadores, como una de resolución de conflictos. Nosotros conocemos confesiones de gobernantes, precisamente, encargados de buscar soluciones a las contradicciones entre aquellos sectores sociales que tienen diferencias materiales que son las que los movilizan, como sucede en este momento.

Los gobernantes tuvieron y tienen muy pocas ideas propias y/o adquiridas. Y aunque la lucha de ideas se sustituye con descalificaciones o insultos (especialmente desde el gobierno), cuando éste recurre a la mentira, en vez de la difusión de ide, muestra decadencia y síntomas evidentes de que pierde la batalla de ideas.

Otras experiencias y las nuestras nos convencen de que luego que se pierde aquella batalla de ideas sobreviene la derrota política.

Entre otros Gramsci dejó dicho que la "verdad es la única revolucionaria" o que la "verdad nos hace libres" (como repite el diario gubernamental boliviano Cambio). Aunque dudamos, todavía algunos esperan que los gobernantes dejen de mentir. Para nosotros, en cambio, los gobernantes recurren a la mentira ante la pobreza de argumentos y como sucedió sobre todo con George W. Bush (para no hablar de los nazis que tenían como técnica cotidiana la mentira) que propagaba las llamadas "mentiras de Estado". Sensiblemente el gobierno boliviano actual, que todavía se autodefine como impulsor de una revolución democrática y cultural, cada vez que se agudiza la lucha de clases, como sucede con la marcha y el TIPNIS que ayuda a desencadenar y expresa una cada vez más visible lucha de clases, por el territorio y por la tierra, sobre todo desde el gobierno, con los medios de difusión del Estado y con avisos pagados se mata a la verdad o al menos se lo intenta. Los gobernantes mienten para convencer, para hacer creer. Pero las mentiras, está demostrado y se demostrará una vez más en este tiempo boliviano, tienen corta vida, son descubiertas y más temprano que tarde se descubre la verdad. Otra vez los gobernantes pierden y perderán base social, apoyo político, ideas cautivadoras, aliados internacionales... si acaso el gobierno sigue por camino errático, especialmente, inaugurado desde los hechos luctuosos de Caranavi, huelga en Potosí, VII Marcha Indígena, gasolinazao, legalización de los vehículos "chutos" y ahora la insistencia en la construcción del camino de la discordia que acabaría con la reserva de agua dulce más importante del país, junto con flora, fauna, biodiversidad, hábitat natural de pueblos indígenas.

La Paz, 24 de septiembre de 2011.

*Periodista