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La renta de Bs500 es para la vida de los discapacitados

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De sábado a sábado 369

Remberto Cárdenas Morales*

El ministro de Economía y Finanzas, Alberto Arce Catacora, machaca con que si se les paga la renta de Bs500, cada mes, a los discapacitados no oficialistas, se desestabilizaría la economía de país, y a manera de sentencia, ese funcionario público agrega: no es viable esa renta. El ministro de Planificación para el Desarrollo, René Orellana, otro economista que ha crecido profesionalmente como consejero de causas justas, se anticipó en decir, básicamente, lo mismo que Arce Catacora.

Se estima que al año el pago de la renta de Bs500 a los 49.000 discapacitados (o algo más) serían más de Bs400 millones.[1]

La Constitución Política del Estado establece los derechos de los discapacitados y las obligaciones del Estado y de sus familiares. Si se acatara y cumpliera la Ley Fundamental, aquella población discapacitada o con habilidades diferentes no tendría necesidad de caminatas forzadas, como las dos que han realizado durante el gobierno del presidente Morales.[2]

Recordemos que médicos bolivianos y de otros países ejecutaron, sólo en parte, un programa propuesto por los gobiernos boliviano, cubano y venezolano. Los médicos y otros profesionales que trabajaron en el programa Moto Méndez, establecieron un registro con nombres, discapacidad, vivienda, posible tratamiento, medios ortopédicos, sillas de ruedas y otros. Ese programa se interrumpió luego de que se entregó las primeras sillas de ruedas de procedencia venezolana y no hubo o no se conoció una explicación sobre el porqué ese programa prometedor fue interrumpido. No dejamos de pensar que ese programa Moto Méndez tuvo miras electoreras de los gobernantes bolivianos.

Se habla tanto de las crecidas reservas monetarias por la venta del gas, especialmente, así como se construyen edificios para los órganos Ejecutivo y Legislativo, entre otras obras, que no son imprescindibles, por lo que la gente sencilla concluye en que algo de ese dinero, que se gasta sin reparar montos, debe destinarse para el pago de la renta demandada por los discapacitados.

Pero en el ánimo del presidente Morales y de los otros gobernantes debe primar la aparente y/o real actitud opositora de los discapacitados y sobre todo de sus dirigentes, por lo que la decisión de los gobernantes es nada para una población que, con seguridad, más que otros agrupamientos de la sociedad necesitan de esa renta la que, además, aunque con límites serviría a los familiares que apoyan al discapacitado suyo.

Si fuera cierto que el desembolso estatal para cubrir la renta demandada ocasionaría algún contratiempo en la economía, valdría la pena el esfuerzo, y tendríamos que asumirla todos los bolivianos porque el dinero que se destinaría para el efecto sería una pequeña parte de lo que producimos en Bolivia, es decir, el 01 por ciento del Presupuesto General del país.

Y para evitar que se desajuste la economía —que está blindada dijo el ministro Arce, entre una de sus mentiras— han sido sugeridas algunas alternativas para financiar la posible obligación.

Nosotros, desde esta trinchera, añadimos que si hubiera algún renunciamiento del Presidente disminuiría en la mitad sus viajes dentro del país y hacia fuera, de modo que lo que se ahorre, por ese rubro de gastos, habría dinero para “la renta y la vida” de los discapacitados.

Durante el primer mandato del presidente Morales fuimos informados de que en el curso de un año los inquilinos del Palacio Quemado dispusieron de seis millones de dólares para propaganda política. Basta que ese dinero y algún otro aporte probablemente recibido por los protagonistas del que llaman proceso de cambios se destine a la propaganda del régimen. La parte del presupuesto, que los gobernantes destinan ahora a la propaganda que proviene del Tesoro General de la Nación, serviría para que se cubra la renta demandada estos días. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio de Comunicación aumentará considerablemente.

En ese tiempo sólo a la red ATB los gobernantes le pagaban cerca de un millón de dólares por avisos propagandísticos.

Defensores de los derechos humanos consideran que los servicios de salud, educación y transporte municipal (y el servicio de transporte privado, agregamos nosotros), debe ser gratuito para los discapacitados. Ese punto de vista plausible lo hacemos nuestro.

Si el Estado, aunque sea de manera progresiva, atendiera los derechos de los capacitados, éstos vivirían mejor, aunque no vivan bien desde este momento.

Los gobernantes y en primer lugar el Jefazo, estos días, mientras los discapacitados transitan por caminos y calles con su demanda de renta de Bs500 para vivir, muestran que nada tienen de solidarios con los compatriotas que necesitan ese ingreso, y más que ese modesto monto.

Aquéllos saben que los cubanos y el Comandante Fidel Castro proclaman, cada vez que hay necesidad, que ellos comparten lo que tienen, por ejemplo, con los becarios bolivianos en la Mayor de las Antillas, y no reparten lo que les sobra. Algo, algo de ese señero ejemplo tendría que practicarse aquí, ya que entre los gobernantes algunos aseguran que aprenden de los revolucionarios cubanos, lo que nosotros ponemos en duda cuando apalean a discapacitados y apresan a estudiantes universitarios solidarios con los movilizados cerca del Palacio de Gobierno, en La Paz.

La represión gubernamental a los discapacitados movilizados (y a quienes los apoyan) no es sólo un accionar autoritario, pretende sentar la mano a ese grupo humano, a sus familiares y a los bolivianos que decidamos luchar por nuestros derechos, al trabajo, a la salud, a la educación, a la alimentación, a la seguridad, etc. Los gobernantes, al parecer, sólo están dispuestos a permitir una movilización para halagar al presidente Morales.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero Bonifaz, ha dicho y reiterado que las acciones de los discapacitados configura un movimiento político. Y los actores tratan de convencer que su lucha es sólo reivindicativa.

Advertimos que esa lucha de los discapacitados tiene ribetes políticos y difunde algunas ideas, como su consigna mejorada: “Renta y vida”. Los “académicos” y supuestos o reales teóricos del régimen del Jefazo —cada vez más autoritario— saben o tendrían que saber que una acción meramente reivindicativa suele transformarse, a la vez, en un movimiento político cuando el Estado y/o el gobierno están en uno de los bloques enfrentados.

Sin embargo, en estas condiciones, los discapacitados (incluido el apoyo que reciben y que algo crece) no van a derrotar al gobierno de Morales.

Que los discapacitados protagonicen la política, además de que es un derecho, tendría que alegrarnos, a los gobernantes también. Los derechos políticos están establecidos en convenciones que, además de que han sido refrendadas como leyes de nuestro país, deben aplicarse entre nosotros después de la Constitución, precisamente, por mandato de esta Ley Fundamental.

Las marchas de los discapacitados —van dos de largo aliento— sirven también para la politización y, por que no, para la difusión de ideas entre ese sector y de éste entre los bolivianos. ¡Qué bien que así sea! Los otros discapacitados que dialogan con los gobernantes y firman acuerdos con ellos, además de que dividen a ese grupo humano, también asumen un comportamiento político de apoyo a los gobernantes, como un fragmento social cautivo, sin autodeterminación. Así cumplen un triste papel porque indirectamente se enfrentan a sus hermanos que padecen similares vicisitudes en una sociedad que los segrega, aunque hay quienes respaldan a los discapacitados y con esa actitud, aunque no lo digan, rechazan a los gobernantes autoritarios.

Se nota claramente que con la fuerza del llamado Estado plurinacional alcanza y sobra para aplastar otra vez a los discapacitados. Sin embargo, los gobernantes no los vencerán con argumentos. Y la lucha social y política de los discapacitados ya es parte de la lucha del pueblo, cuya liberación será obra de sí mismo y no de supuestos redentores falaces. 

La Paz, 30 de abril de 2016.

*Periodista


[1] La periodista Fátima Molina dice que se necesitan Bs249,5 millones, y no 500 millones como asegura Evo Morales; tampoco Bs368 millones, como afirma el Ministro de Economía y Finanzas; ni Bs600 millones, como afirma García Linera. (Página Siete del 30 de abril de 2016).

[2] Constitución Política del Estado boliviano:

“Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos:

1. A ser protegido por su familia y por el Estado.

2. A una educación y salud integral gratuita.

3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna.

5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales.”

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