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El ejercicio de la política por los jóvenes es un derecho que el Estado debe respetar

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Las jóvenes generaciones llegan al ejercicio de la política y asumen ideas, casi siempre, por caminos distintos a como lo hicieron las generaciones anteriores. Esa verdad, entre los bolivianos, es comprobable en cualquier momento.

 

Que un grupo de jóvenes escoja caminos propios para manifestar su rechazo al poder económico resumido, en Bolivia, en la banca que gana doble y triple, según el Vicepresidente, es un dato que debemos anotar y que nos debe ayudar a explicarnos los alcances reales de los cambios sobre los que, lamentablemente, es más lo que se habla que lo que se hace.

Las acciones que supuestamente habrían impulsado los jóvenes a los que se apresó y a los que se les sigue un proceso penal, ha recibido el rechazo de los afectados —la banca millonaria— y de los gobernantes los que, por intermedio del Ministro de Gobierno, han calificado como terrorismo vinculado a organismos similares chilenos, sin pruebas conocidas ni suficientes.

Sabemos que el Ministerio Público y quizá el gobierno apenas han iniciado una investigación y que hay un proceso en marcha, pero antes de que éste concluya se define a esos jóvenes compatriotas como terroristas, a pesar de que ellos han respondido que son anarquistas, es decir, militantes de la misma corriente política e ideológica que abrazaban los que encabezaron, en Estados Unidos, la lucha por la jornada de 8 horas y los de la Patagonia Rebelde, que organizaron los primeros sindicatos, en Argentina

Cuando se afirma que esos jóvenes son terroristas, antes de que se demuestre en los tribunales de justicia ese supuesto delito, se viola el principio del proceso debido, proclamado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y la Convención Americana de los Derechos Humanos, firmada en San José de Costa Rica en 1969 y que es ley de Bolivia, en lo relativo a la libertad de pensamiento y de expresión.

Constatamos, asimismo, que desde el Estado se violan los derechos sociales y políticos de aquellos jóvenes, en un momento en el que los empobrecidos ocupan la primera línea, por ejemplo, en marchas como la que defiende el TIPNIS y que se aproxima a La Paz.

En nombre de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz (APDHLP), apoyados en los principios citados, en la nueva Constitución Política y en la realidad, aplaudimos que los "ninguneados" durante siglos protagonicen ahora la política, derecho que reclamamos para los compatriotas anarquistas, así como una investigación que descubra la verdad y un proceso ante un accionar que, para nosotros, es político. Y, específicamente demandamos que se presuma su inocencia mientras no se demuestre lo contrario, garantía constitucional de esos jóvenes que tampoco se respeta.

Exigimos, asimismo, que a los jóvenes compatriotas —para nosotros presos políticos— se les reconozca en la realidad el derecho a ejercer la política, libres de todo autoritarismo estatal que condenamos.

 

La Paz, 12 de junio de 2012.

 

Por el Directorio de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de La Paz

Amparo Carvajal B.                           Verónica Sánchez B.

Presidenta                                          Vicepresidenta           

Carlos Tapia                                       María Eugenia Cárdenas P.

Secretario General                                        Secretaria de Haciena

Carlos Pacajes                                               Remberto Cárdenas M.

Secretario de Educación                                Secretario de Prensa

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