editorial
La demanda de suboficiales y sargentos, para que una reforma a la Ley respectiva acabe con el colonialismo en las Fuerzas Armadas bolivianas y el conflicto en desarrollo — el que quieren desbaratar gobernantes y comandantes de los uniformados—, evidencian que en lo esencial, esos destacamentos castrenses tienen una estructura destinada a la defensa del viejo Estado boliviano el que, para nosotros y para los que piensan por cuenta propia, debió ser destruido para construir otro sobre sus escombros… Algunos, en cambio, siguen soñando que están construyendo un nuevo poder o que ya tienen el Estado plurinacional, que sería el Estado integral de Gramsci, teórico de la política y fundador del Partico Comunista Italiano.
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“La nueva doctrina de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia está cimentada sobre cinco principios fundamentales, que tienen que ver con nacionalismo, patriotismo, antiimperialismo, anticapitalismo y justicia social.”
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El libro Control remoto, del periodista Raúl Peñaranda Undurraga, nos ayuda a entender que los gobernantes y por éstos el Vicepresidente tienen un acuerdo con importantes empresarios de medios de difusión, como el diario La Razón y el canal de televisión ATB; ambos otrora de propiedad de la familia Garafulic y del grupo empresarial Prisa de España.
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Sesenta y cuatro suboficiales y sargentos que estudiaban con beca, en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), fueron dados de baja (expulsados en lenguaje de los civiles) porque asistieron a una reunión con sus colegas en la que, ni duda cabe, discutieron y ratificaron las demandas [1](reivindicaciones) de ese estamento de baja graduación de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) bolivianas, las que buscan, enmendar como ellos denominan, la discriminación y el colonialismo en la institución castrense.
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Con ayuda de gobernantes
Datos creíbles de diferente procedencia, así como los entregados por los gobernantes, dan la certeza de que los cooperativistas-empresarios mineros ayudan a privatizar cada vez más la minería boliviana, incluida la que fue nacionalizada en 1952 y después.
En esa línea privatizadora está la información entregada por los gobernantes de que 42 cooperativas —llamadas impropiamente así cuando en realidad son empresas de un capitalismo “salvaje” — se han asociado con empresas privadas (incluidas transnacionales) lo que dio como resultado la ampliación, en esos nuevos “emprendimientos”, de los intereses privados, en un sector estratégico de la economía del país, como es la minería.
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