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Manifiesto: Para revelar y multiplicar el poder colectivo

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Las Organizaciones de la Sociedad Civil, colectivos, instituciones, plataformas ciudadanas y organizaciones sociales, todas participantes del Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos “Revelando y multiplicando el poder colectivo”, hacemos llegar el siguiente manifiesto a la sociedad boliviana y a las autoridades y servidores/as públicos en todo el país.

Considerando:

  1. Que, como defensoras y defensores de derechos humanos, observamos con profunda preocupación la polarización política de la sociedad boliviana, el alarmante incremento de la violencia y represión que se evidencia en contextos de defensa del derecho a la tierra, territorio y el medio ambiente, en ámbitos de defensa de los derechos de la mujeres, así como en los de defensa de los derechos de las personas LGBTI. Manifestamos, igualmente, nuestra preocupación por el surgimiento de fundamentalismos religiosos como soporte de poderes establecidos.
    1. Que la existencia de diversas Convenciones, Pactos, Tratados y Declaraciones en materia de Derechos Humanos, particularmente la Declaración sobre los defensores de derechos humanos (1999), es una oportunidad para enfrentar la violencia, desigualdad e injustica, en la perspectiva de garantizar los derechos humanos de todas las personas y reconociendo el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en su promoción y defensa.
    2. Que la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia establece un marco normativo y ético para la participación eficaz de las organizaciones sociales en el desarrollo, la democracia y el ejercicio de los Derechos Humanos.
    3. Que a nivel global, la restricción de los espacios de la sociedad civil va en aumento, así como la criminalización de las organizaciones y movimientos sociales defensores de derechos, en un contexto de retroceso y recortes de los derechos humanos que van de la mano de políticas extractivistas, corrupción e impunidad.
    4. Que el derecho a asociarse, expresarse y manifestarse públicamente, es indispensable para profundizar la democracia forjada por las luchas sociales y la conquista del derecho a la participación ciudadana, garantizando un entorno propicio para las organizaciones de la sociedad civil, respetando el marco normativo internacional y los estándares de los derechos humanos para el ejercicio del derecho a defender derechos.
    5. Garantizar las condiciones políticas, jurídicas, tributarias, financieras e institucionales que favorezcan la participación inclusiva y el fortalecimiento de la sociedad civil, así como el pleno goce de los derechos, incluidas las libertades de asociación, expresión y movilización, con especial atención a la seguridad de los líderes y lideresas sociales, las personas defensoras de los derechos humanos y el medioambiente.
    6. Reconocer la lucha histórica de los movimientos sociales, así como la autonomía de las Organizaciones de la Sociedad Civil que, en el ejercicio de su derecho de defender derechos, demandan legítimamente que el Estado cumpla con el marco normativo nacional y los estándares de derechos humanos, garantizándoles una vida digna y segura, haciendo frente a las causas estructurales de las desigualdades.
    7. Instaurar un proceso de diálogo político permanente que garantice la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en condiciones de igualdad, en todo el ciclo de las políticas públicas y en la construcción de un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, para la conservación del medio ambiente y el bienestar de las generaciones actuales y futuras, en el marco del cumplimiento de los compromisos adoptados por el Gobierno.
    8. Garantizar la institucionalidad democrática en el país como elemento esencial para la defensa de los derechos, asegurando un entorno favorable para la reflexión, el análisis y la construcción conjunta de una sociedad más justa, protegiendo la labor de las personas defensoras, sin limitaciones ni restricciones no previstas en la Ley.
    9. Elaborar políticas de protección para el trabajo y la integridad de personas defensoras de derechos, sus familias y sus entornos, contemplando un adecuado análisis de género para la protección de mujeres defensoras por enfrentar riesgos y agresiones específicas. En el diseño, implementación y seguimiento de la política debe asegurarse la amplia participación de la sociedad civil.
      1. La unidad, coordinación, respaldo y solidaridad entre las organizaciones defensoras de derechos, articulándonos para actuar de manera conjunta y oportuna ante las amenazas o riesgo de personas defensoras de derechos, cumpliendo un rol de vigilancia y denuncia permanente.
      2. El conocimiento, apropiación y difusión de la Declaración Universal sobre los defensores de derechos humanos por las autoridades públicas en cada departamento de Bolivia, las Asambleas y gobiernos locales, las diferentes plataformas de OSC, organizaciones, otros actores sociales y privados incluidas las Universidades, casas de estudios superiores y medios de comunicación.
      3. El monitoreo ciudadano, a nivel nacional, de los compromisos que el Gobierno Nacional tiene en el marco de los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos.
      4. El desarrollo de estrategias participativas que coadyuven a la garantía de los Derechos Humanos Constitucionales, particularmente los relacionados a la libertad de asociación, expresión, reunión y defensa de derechos, así como su promoción y difusión para nutrir el debate en cuanto a las alternativas para el cambio de las políticas públicas desde un enfoque de derechos y de participación ciudadana.
      5. La independencia de las Organizaciones de la Sociedad Civil y su legítimo rol en la defensa de la democracia, el desarrollo y los derechos humanos.

Demandamos al Estado en sus distintos niveles:

Asimismo, quienes participamos en el Encuentro Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos nos comprometemos a impulsar:

Defensoras y Defensores, finalmente, manifestamos nuestro apoyo incondicional a:

-          Las personas y organizaciones que trabajan para hacer frente a los alarmantes índices de feminicidios en el país, a las que denuncian las causas y los efectos de la explotación sexual comercial y trata de personas.

-          Las organizaciones y personas que demandan al gobierno y a la sociedad, que el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes sea una prioridad nacional, protegiéndolos de cualquier forma de violencia y desamparo. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con la demanda de mejores condiciones de vida y ejercicio de derechos en dignidad, para las personas con discapacidad y sus familias.

-          Las personas que defienden el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, particularmente la garantía del derecho a la salud como condición esencial para el ejercicio integral de todos los demás derechos, en ese sentido, brindamos nuestro respaldo a la lucha de las personas enfermas de cáncer.

-          Las personas y organizaciones que enfrentan la expansión de los proyectos y actividades extractivitas, en particularidad en comunidades como las ubicadas en la reserva de Tariquía – Tarija y Chepete Bala – Beni.

-          A periodistas y medios de comunicación que, siendo responsables e independientes, coadyuvan al ejercicio del derecho a recibir, difundir y buscar información. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y la democracia.

-          Las agrupaciones y colectivos que, ante los niveles de violencia en contra de personas trans y la baja expectativa de vida de esta población, demandamos a las autoridades ejercer la debida diligencia en investigar, juzgar y sancionar a los responsables de actos de violencia motivados en prejuicios basados en la orientación sexual e identidad de género.

-          Las personas y organizaciones que enfrentan procesos judiciales u otras formas de criminalización en razón de su labor de defensa y promoción de derechos humanos, demandando al Estado el cumplimiento de sus obligaciones para que el uso indebido del derecho penal, no se convierta en herramienta obstaculizadora de la defensa de los derechos.

-          Las personas y organizaciones que se ven afectadas por la explotación minera, especialmente en territorios originarios del departamento de Potosí y Oruro.

-          Al movimiento de mujeres en el país que lucha por el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en condiciones de igualdad y seguridad, y que en el actual contexto electoral, ejerce la vigilancia del cumplimiento de los principios de paridad y alternancia establecidos en la Ley.

-          A todas las personas y organizaciones que resisten a la cooptación que se ejerce sobre ellas, pues quienes, sirviéndose del poder económico o político buscan neutralizar el poder colectivo. En ese sentido, respaldamos la coherente militancia de todas las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.

-          Finalmente, Defensoras y Defensores asumimos como nuestras las siguientes palabras escuchadas en nuestro encuentro: “Todavía queda mucho por lo que vale la pena pelear”.        

La Paz, 31 de Julio de 2019

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