Jurista identifica precaria formación ética en los operadores de justicia

Injusticias

Luis Fernando Cantoral

 (AquíCom/20-07-014) El abogado penalista Efraín Chipana sostuvo que muchos operadores del Órgano Judicial carecen de una formación ética solvente al momento de impartir justicia. Esa situación se manifiesta principalmente, dijo, “cuando sectores más pobres de la población enfrentan demandas de empresas o personas con poder económico”.

“Los operadores de justicia en muchas ocasiones no tienen un principio firme, una educación ética, moral, donde les conlleve a hacer la labor de operadores de justicia de manera coherente y efectiva”, señaló el jurista a Aquí Comunicación.

Dijo que por el hecho de contar con suficiente poder económico, “estas personas (acaudaladas)  pueden hacer que la justicia se incline a su favor”.

“Ahí están los que administran la justicia, desde el investigador de un caso hasta un juez, pasando por lo que es el fiscal, pasando por lo que son los abogados, se prestan a este juego de total injusticia y en ese sentido la justicia es objeto manejable a favor de uno que pueda pagar más o simplemente que pueda influir en las personas que administran la justicia en nuestro país”, sostuvo el abogado.

Chipana citó el caso del comunario Martín Torres (66), quien fue denunciado por la empresa Terrasur por el delito de extorsión, cuando en realidad Torres cobraba parte de una antigua deuda que la empresa se negaba a pagar.

“Le tienden una trampa a mi defendido, los abogados de la empresa lo citan en su local de Sopocachi para arreglar la deuda de manera amistosa, ya que Martín Torres no permitía construir en sus predios porque Terrasur no le pagaba desde 1997 más de 60 mil dólares por 4,5 hectáreas de terreno vendido. A tanta insistencia Torres acepta tres mil dólares de los abogados que dijeron que es una muestra de buena voluntad de la empresa para honrar su deuda, pero al salir del local, junto a su hijo, efectivos de la FELCC lo aprehenden y acusan por extorsión según la denuncia que ya había sido presentada previamente por Terrrasur”, refirió el abogado.

Agregó que en ese caso el investigador se parcializó con la empresa Terrasur porque “señala en su informe que Torres causó destrozos en el local y fue aprehendido al interior del mismo, cuando fue aprehendido a unos pasos de la plaza Abaroa”; el fiscal presumió la culpabilidad de Torres y “lo acusó directamente, parecía abogado de Terrasur, sin tener más indicio que la palabra de los abogados de la empresa”, y “para completar el círculo de injusticia, el juez sin tener ningún indicio concreto sobre las acusaciones, sólo toma la palabra del fiscal y dicta detención preventiva de Torres en el penal de San Pedro”.

Chipana señaló que este es un caso típico donde prima el poder económico antes que la justicia y donde lamentablemente los operadores de justicia toman partido por quienes “seguramente más los benefician”.

“Cuando se trata de personas pudientes económicamente o influyentes, es que no van  a permitir que la justicia se cumpla a cabalidad y por eso es que al final logran que la justicia se incline hacia ellos”, remarcó.

Suspensión de audiencias

El jurista indicó que lamentablemente en la administración de justicia la regla es la suspensión de audiencias y la excepción que se realicen. Este tipo de actuar de los operadores, dijo, contribuye ampliamente a la retardación de justicia, “ya que una nueva audiencia debe llevarse como mínimo 20 días después de la suspendida, y claro está si el procesado tiene la suerte de que ésta se realice”.

“Parece que en la realización de las audiencias de la administración de justicia, la regla en ocasiones fuera la suspensión de los actuados procesales, de los actos investigativos; la excepción, que se realice, cuando debería ser todo lo contrario; lo mismo acontece muchas veces con muchos jueces, cuando la regla es la detención preventiva, y la excepción es la libertad, cuando la ley dice que por excepción debería darse la detención preventiva”, indicó.

Chipana subrayó que estas decisiones del juez muchas veces se dan, sin que ameriten, por la “escaza formación de operador de justicia, y que es más aún menos conocedor del principio de justicia” (AquíCom/20-07-014).