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Periodistas y medios, blanco de la presión del Gobierno

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En 10 años de gestión del mas

Periodistas de radio, prensa, televisión e incluso analistas han sido obligados a renunciar a sus medios de comunicación o fueron despedidos por mantener posiciones críticas.

Ivone Juárez, periodista del diario Página Siete

"En democracia debería haber libertad para que los periodistas digan las cosas buenas, malas y   regulares (de un gobierno y su gestión), porque la ciudadanía quiere conocer lo que ocurre y está ansiosa por saber cuándo, por ejemplo, se presentan casos de corrupción”, afirma Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB).

Pero en los últimos diez años, el trabajo periodístico en Bolivia atraviesa por tiempos turbulentos: acusaciones públicas contra periodistas, presiones contra medios de comunicación, recortes de publicidad y otras formas que han encontrado las actuales autoridades de Gobierno para "contrarrestar” los titulares de prensa y contenidos informativos que consideran que "no dicen la verdad” con respecto a su gestión y a los casos de corrupción que se han destapado.

En el caso de los periodistas, desde el inicio, en 2006, del gobierno del MAS se ha dado más de un caso en el que algunos periodistas se han visto incluso obligados a renunciar a los medios de comunicación en los que trabajaban ante la presión de las autoridades de Gobierno, que los atacan públicamente en conferencias de prensa o "ahogan” a sus medios recortándoles o negándoles publicidad gubernamental.

Se puede citar el caso de Amalia Pando, periodista y conductora de radio, que tuvo que dejar el medio de comunicación en el que trabajaba, Erbol, porque estaba sumido en una crisis económica debido al recorte de la publicidad del gobierno del MAS.

"Uno ve que el problema es muy grande y que no hay para pagar salarios; entonces, la decisión resulta inevitable”, comentó la periodista días después de presentar su renuncia, en septiembre de 2015, al medio radial donde trabajaba.

Días antes, el vicepresidente Álvaro García Linera declaró que los medios que "mienten” no reciben la publicidad estatal. "Nos van a decir: ‘oiga Presidente, ¿por qué no se da a este medio publicidad?’. Lo decimos abiertamente: hay medios que mienten, hay medios que no informan, sino que hacen política partidaria y por eso, como Gobierno, no vamos a dar recursos porque son parapartidos políticos y encima mienten y siempre lo hemos confrontado”, declaró en una conferencia de prensa.

Pando, periodista con años de trayectoria, se había abocado a la investigación de los casos de corrupción que se denunciaban contra el Gobierno y dedicaba gran parte de su espacio radial para lanzar nuevas denuncias.

Otro caso es el del periodista Raúl Peñaranda, quien en 2013 tuvo que renunciar a su cargo de director de Página Siete presionado por los "constantes ataques en público” del Gobierno. El vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, convocaban con frecuencia a  conferencias de prensa para cuestionar y rechazar los titulares del diario, aunque también para atacar a Peñaranda.

"Fue una decisión personal, pero mi renuncia era necesaria para que el periódico pudiera subsistir”, dice hoy el periodista que no ha dejado de ejercer su profesión. "Los ataques al diario persisten, pero han reducido en estos años, aunque el periódico continúa con la misma línea. Eso demuestra una fijación personal conmigo”, dice.

Es que los ataques contra Raúl Peñaranda no fueron sólo a su desempeño profesional, sino que llegaron incluso a acusarlo de "traidor a la patria”.

"En conferencias de prensa me acusaron de que recibía instrucciones del Consulado de Chile para afectar la demanda marítima boliviana ante La Haya y que recibía instrucciones de la Embajada de Estados Unidos. Se me dijo que era una marioneta de intereses externos, sobre todo de Chile y Estados Unidos”, cuenta.

Después de que Peñaranda renunció a Página Siete, el Gobierno —dice Peñaranda— hizo una revisión minuciosa de todos los artículos que publicó durante su trayectoria profesional para encontrar notas que revelaran que trabajó para intereses chilenos. "No han podido encontrar nada”, asegura el periodista.

Y la presión también alcanzó a analistas como Humberto Vacaflor, periodista de casi 60 años de trayectoria que era columnista y editorialista de un medio impreso de circulación nacional que —según Vacaflor— fue adquirido por el Gobierno.

A los días en que el medio tuvo nuevos dueños, Vacaflor recibió una llamada telefónica en la que le dijeron  que su situación en el diario no cambiaría. Sin embargo,  a los días sus artículos de opinión dejaron de publicarse.

"Como de costumbre, envié mi columna, que se publicaba los domingos. El artículo se denominaba 'La Pachamama puede esperar' y, como sugiere el título, era una relación de las cosas que el Gobierno del MAS había comenzado a hacer en contra de la Pachamama, su principal discurso. El artículo no se publicó. Llamé a la persona que se había comunicado conmigo días antes y ella me respondió: ‘estamos rompiendo la relación contigo porque violentas cláusulas del contrato que tenías con el periódico’. Nunca supe cuándo se dio esa violación. Así fue la ruptura”, cuenta Humberto Vacaflor.

Y en la recopilación de estos casos se puede mencionar también a otros periodistas, como Enrique Salazar, presentador de una revista de televisión transmitida en horario nocturno. Salazar fue despedido de su medio después de una entrevista con la ministra de Comunicación, Marianela Paco, que terminó en una discusión al aire.

Salazar contó que al día siguiente de la entrevista el directorio del canal de televisión para el que trabajaba se comunicó con él para informarle que su contrato había culminado.

"El directorio de la red (de televisión) me acaba de decir que hasta aquí  nomás va el contrato. Hace poco más de 24 horas tuvimos un impasse con la Ministra de Comunicación y, bueno, me dijeron ‘no queremos que usted siga en la red’”, contó el periodista después de ser despedido.

"No aceptan la crítica” 

Para el periodista Raúl Peñaranda,  este accionar del Gobierno contra algunos periodistas demuestra que "detesta la independencia”

"El Gobierno detesta la independencia (de los medios), por eso cada vez que hay una crítica reacciona con una dureza increíble. En una democracia normal, los titulares que hoy irritan al Gobierno pasarían desapercibidos.

Pero como las autoridades actuales son tan reacias a la crítica y tan susceptibles, además que siempre quieren tener la última palabra, tener la verdad de su lado, ven todo con molestia”, dice.

El analista económico y periodista Humberto Vacaflor considera que el Gobierno pretende que la gente "no esté enterada de nada para controlarlo todo”.

"El Gobierno no quiere una opinión pública informada. Los periodistas alimentan a esa opinión pública, que en algún momento puede ser crítica. El Gobierno no quiere críticas, sólo aplausos, y al crítico hay que cortarle las manos y confinarlo o mandarlo a la cárcel”, asegura Vacaflor. 

El presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia,  Ronald Grebe, remarca que la relación gobierno-medios de comunicación "siempre fue difícil”, pero  que en el último tiempo se ha intensificado porque a los gobernantes de turno "no les gusta la crítica y las opiniones de muchos periodistas y medios de comunicación”.

"Esperemos que no empeore, sino que los gobernantes acepten que tienen que recibir críticas para mejorar su trabajo”, dice.

Página Siete visitó el Ministerio de Comunicación para obtener la versión oficial del Gobierno al respecto; sin embargo, no pudo obtener ninguna declaración. 

El viceministro de Gestión Comunicacional, Idón Chivi, recibió a la periodista de este medio, pero se limitó a entregarle una página impresa en la que se lee un extracto del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica de 2004. 

El viceministro Chivi, en el referido contacto, remarcó: "No hay ninguna entrevista. Esta (el extracto del fallo) es la posición del Ministerio de Comunicación”. 

La sentencia de la Corte Interamericana se refiere al fallo del Estado de Costa Rica contra el periodista Mauricio Herrera Ulloa por la publicación en el periódico La Nación de Argentina, en 1995, de "diversos artículos escritos por el periodista Mauricio Herrera Ulloa, cuyo contenido supuestamente consistía en una reproducción parcial de reportajes de la prensa escrita belga que atribuían al diplomático Félix Przedborski, representante ad honorem de Costa Rica en la Organización Internacional de Energía Atómica en Austria, la comisión de hechos ilícitos graves”.

En ese contexto, el texto del documento entregado a Página Siete dice: "Únicamente la información que demuestre ser producida con ‘real malicia’ podría ser sancionada. Corte IDH, caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia de 2/7/2004”. 

"Además, se debe distinguir entre la información errónea y la información falsa. Esta última genera responsabilidad penal y civil. La información errónea sólo genera responsabilidad civil en el caso de (que) quien la difunde no ha utilizado la diligencia, cuidado o atención para evitar prejuicios, obrando al margen de la buena fe. En este punto entra en juego la doctrina de la real malicia desarrollada por la Corte Suprema de los Estados Unidos (p.19)”.

Punto de vista

Ronald Grebe, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia  (ANPB)

"Los periodistas y medios vuelven a expresar puntos de vista críticos” 

Lo que hemos visto a partir de los resultados del referendo del 21 febrero es que los periodistas y medios de comunicación se dan cuenta de que ante el triunfo del   "No” pueden volver a expresar puntos de vista críticos frente a la actuación de los gobernantes.

En varios medios de comunicación se han vuelto a ver puntos de vista, artículos de opinión y algunas noticias que se habían perdido durante algún tiempo. Esto es positivo para la libertad de expresión en el país porque muestra que los comunicadores y periodistas tienen muchas noticias y puntos de vistas que quieren dar a conocer y que estuvieron o autocensurados o guardados durante un buen tiempo.

En democracia debería haber la libertad para que los periodistas digan las cosas buenas, malas y regulares, porque la ciudadanía quiere conocer lo que ocurre y está ansiosa por saber cuándo hay escándalos de corrupción, como los que hemos visto y que, en algunos casos, se los trata de tapar.

Sin embargo, se hacen advertencias sobre controles, como lo que sensiblemente está tramando el Gobierno con las redes sociales: crear una instancia dentro del Ministerio de Comunicación. Esa medida no tiene el aval ni el reconocimiento de la población, que está preocupada por el tipo de control que se puede dar a las redes sociales, lo que afectará a la gente que maneja y difunde ideas a través de este medio.

Amalia Pando, periodista  y conductora de radio.

"Es algo que va madurando, que es inevitable, porque uno ve que el problema es muy grande, que no hay para pagar salarios, entonces la decisión resulta inevitable: renunciar”.

Humberto Vacaflor, analista económico.

"El artículo (de crítica al Gobierno) no se publicó. Llamé a la persona que se comunicó conmigo días antes y  me respondió: ‘estamos rompiendo la relación contigo’”.

Enrique Salazar, periodista y presentador de televisión.

"Hace poco más de 24 horas tuvimos un impasse con la Ministra de Comunicación y, bueno, me dijeron  ‘no queremos que siga en la red’”.

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