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Maligno ajedrez

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Roger Cortez Hurtado

Es un hecho irrebatible que las energías de los principales funcionarios y los más encumbrados dirigentes del MAS se concentran hoy en tratar de derrotar, humillar y asfixiar al movimiento social que abrió cauce al proceso constituyente.

 

El rediseño del equipo de ministros se ha montado, antes que nada, sobre el ansioso deseo de contar con las personas y recursos que permitan aniquilar las conquistas obtenidas por la VIII marcha indígena y el movimiento popular que bloqueó el proyecto de construcción de una carretera a través del TIPNIS; sólo en segundo lugar, el recambio del gabinete apunta a agilizar la atención de demandas y conflictos y mejorar la gestión administrativa.

Entender las razones y fuerzas que han convertido la construcción de una carretera en la mayor de las prioridades estatales sigue desafiando la capacidad de análisis, pero después de re examinar toda la oferta de explicaciones me quedo como primera causa, con la centralidad que tiene dentro del nuevo bloque de poder un grupo de especuladores de tierras, cuyo designio para el TIPNIS es convertirlo en la primera área de expansión de sus actividades comerciales y especulativas de tierras agrícolas.

Desde ese punto de vista, más importante que los cambios en los "ministerios políticos" es la continuidad de quienes administran las concesiones de tierras y el entorno íntimo presidencial. Los demás funcionarios, incluyendo la Vicepresidencia, trabajan en función de la demanda y los intereses que se gestionan en torno a ese núcleo duro; pagando, de paso, los errores teóricos que cometieron cuando postulaban que la visión autonómica indígena tenía sello e impronta andina.

El segundo factor que empuja a sobredimensionar el esfuerzo por recuperar el proyecto de construcción de la carretera, dividiendo imprescindiblemente al Parque Nacional, resulta de la combinación de territorialidad cocalera chapareña (más que de la necesidad de expandir ilimitada y continuamente los cocales) y la muy peculiar consistencia y densidad de la jefatura que ejerce el Presidente del Estado. Los otros motores del conflicto, como los intereses brasileños y los beneficios de maniobras corruptas resultan secundarios en este contexto.

La mayor parte de los ministros, jerarcas parlamentarios, máximos dirigentes de organizaciones sociales de confianza, no creen ni comparten los bríos con que el supremo conductor encara y reaviva el conflicto y tampoco usufructúan directamente las ganancias y beneficios del sector que lucra con la especulación de tierras, pero ninguno de ellos sueña siquiera con contradecir a la jefatura, porque jamás arriesgarían el mayor bien que define a la burguesía burocrática, que es su cuota de poder y su carrera política.

Por el contrario, todos se esmeran en sobresalir por encontrar fórmulas de triunfo imposible como la exhumación de la consulta "previa", el diálogo a palos entre los nuevos marchistas y la dirigencia de CIDOB, o exigir la primera prueba de lealtad al flamante Tribunal Constitucional. Absorbidos por esa competencia, ni siquiera los privilegiados tecnócratas de Hacienda u otros componentes "técnicos" se atreven a hacer notar la desmesura que resulta el que cuatro de cada seis iniciativas estatales de las últimas semanas, se relacionen con la reactivación del conflicto del TIPNIS.

En cualquier caso, todos carecen de la capacidad e independencia para reconocer que la anulación de la "ley corta", o cualquier otra fórmula similar, sólo profundizará la derrota estratégica que cosecharon en 2011.

 

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