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Sacha Llorenti, un represor-embajador elegido por “aclamación”

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tribuna

Manuel Gonzales Callaú

Julio 2019

El mes pasado fue elegido por “aclamación” el embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Sacha Llorenti Soliz, para ejercer la presidencia de la Primera Comisión de ese organismo, instancia encargada del Desarme y la Seguridad Internacional.

Ser electo por aclamación en un grupo de personas supone el beneplácito y apoyo incondicional de todos los integrantes hacia el elegido; supone que éste no tiene tacha de ninguna clase, es decir, que el elegido es el sumun de la perfección, de la integridad, de la honestidad, de la honradez…, casi podríamos decir que se trata de un ser casi divino, al menos eso suponemos.

Los anteriores conceptos son corroborados por el Diccionario de la Real academia de la Lengua española que define a la aclamación como la “muestra de entusiasmo y aprobación que da una multitud a una o más personas, generalmente mediante voces y aplausos” y ser aprobado o electo por aclamación “se aplica al hecho que se lleva a cabo por decisión o acuerdo ostensible de todos los componentes de un grupo, sin necesidad de votación ni discusión.”

Sin embargo, la aclamación es también un recurso utilizado en ciertos grupos, para aprobar temas “cocinados”, es decir, temas comprometidos con antelación, en cabildeos, donde funciona el toma y daca: hoy por mí y mañana por ti. Pero, en esos grupos, también puede haber ciertas condicionantes que van desde el miedo a los que controlan el evento e incluso la complicidad, lo que hace que la lealtad hacia la jerarquía sea total e incondicional. Recordemos como por años y años fueron reelegidos por aclamación varios dirigentes sindicales, entre ellos Juan Lechín Oquendo, máximo dirigente de la antigua Central Obrera Boliviana o el mismo Presidente de las Seis Federaciones de Cocaleros del Chapare, Evo Morales.

Pero, volvamos al caso del “aclamado” embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas. Si revisamos el pasado de Sacha Llorenti, encontramos muchos hechos censurables donde él, como autoridad gubernamental, fue principal responsable en la vulneración de derechos humanos.

-          En mayo de 2010, como Ministro de Gobierno del gobierno de Evo Morales y cabeza de sector de la Policía, autorizó la represión a los pobladores de Caranavi que pedían el cumplimiento a una promesa electoral de Evo Morales: instalar en esa localidad una planta para procesar cítricos, promesa incumplida hasta hoy. En esta causa, la Fiscalía excluyó a Llorenti del caso, como también al ex Viceministro de Régimen Interior, Gustavo Torrico y al ex Comandante de la Policía, Oscar Nina, todos responsables de esa masacre.

-          En septiembre de 2011, también como Ministro de Gobierno, reprimió a los indígenas marchistas en Chaparina, durante la VIII Marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En esta causa también fue excluido del caso por la Fiscalía.

-          El 2012, en el Congreso de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia fue expulsado con ignominia de esa institución, de la que fue presidente y activista.

Los pormenores en esas dos represiones, en tiempos de la llamada “Revolución Democrática y Cultural”, son indignantes y suficientes para descalificar a Sacha Llorenti en ese cargo.

En la represión de Caranavi la Policía dispersó también con brutalidad a los manifestantes, al extremo de provocar 26 heridos y la muerte de dos jóvenes, que además eran partidarios del Gobierno: ambos fallecieron por impactos de bala; también se procedió a allanamientos ilegales de domicilios y se aprehendió a cerca de 80 personas[1].

Ante esos hechos, Sacha Llorenti tuvo el cinismo de afirmar que las víctimas fueron asesinadas por infiltrados, con el propósito culpar de esos crímenes a la Policía y al Gobierno[2]; también mintió cuando señaló que había una inminente intervención de los cooperativistas auríferos y que para evitar ese enfrentamiento se tuvo que proceder el desbloqueo.

Durante la represión en Chaparina se separaron a los niños de sus madres, como lo hicieron los nazis en el régimen de Hitler; se amordazó con cintas adhesivas a mujeres dirigentes; se enmanilló y apaleó a muchos marchistas; se obligó a los indígenas a abordar movilidades, con la intención de retornarlos a sus lugares de origen.

Llorenti quiso justificar la represión con coartadas infantiles como aquella que los policías habrían sido atacados por los indígenas y en defensa propia tuvieron que hacer uso de la fuerza; luego al fracasar su intento de hacer retornar por la fuerza a los marchistas, inventó la versión de que se habría roto la cadena de mando, haciendo recaer la responsabilidad sobre mandos medios. La verdad es que no hubo tal autonomía de los mandos ejecutores de la represión, ya que la orden fue dada por el Primer Mandatario, es decir, por Evo Morales Ayma, orden que fue acatada por Llorenti y la Policía, donde también intervinieron militares.

Días después Evo Morales mintió ante una cadena periodística estadounidense señalando que ni él ni el Vicepresidente ni Llorenti conocían el operativo contra los marchistas y que la represión fue ejecutada solo por la Policía: “Lamento mucho decir que algunas decisiones tomaron unilateralmente la Policía nacional y sin ninguna instrucción”, declaró el Presidente a CNN. Sin embargo, testimonios de los jefes policiales que ejecutaron la represión, videos de la preparación del operativo y declaraciones del Viceministro Marcos Farfán desmienten a Evo Morales, quien como sus inmediatos subalternos trataron de evadir su responsabilidad.

Es preocupante que los diplomáticos de otros países desconozcan esos hechos sangrientos y compartan felices con un violador de los derechos humanos, como lo es Llorenti.

Pero, no solo esta última designación por “aclamación” de los embajadores ante las Naciones Unidas es indignante; ya antes los diplomáticos ante este organismo multilateral tuvieron otra vergonzosa participación. En octubre del 2014, un tercio de la Asamblea de la ONU designó al represor-embajador de Bolivia, es decir a Sacha Llorenti Soliz, nada menos que como miembro del Consejo de Derechos Humanos de ese organismo para la gestión 2015-2017. Es paradójico que un cínico represor se haya convertido en vigilante de los derechos humanos de todo el orbe, y nada menos que con el beneplácito de muchos diplomáticos.

Resulta incomprensible que la diplomacia ante organismos internacionales opte por mantener el statu quo, conviva con inculcadores de los derechos humanos y aplauda a transgresores del estado de derecho.

A este paso, en pleno siglo XXI, los conculcadores de los derechos humanos nos seguirán gobernando en estados totalitarios maquillados como “democráticos”, pisando una vez más la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano conquista de la Revolución Francesa en 1789 y la Declaración de los Derechos Humanos aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948.

Estos crímenes que pretendieron eludir Evo Morales, García Linera y varios de sus ministros, entre ellos Sacha Llorenti (desde luego con la sumisa complicidad de la Fiscalía y el Órgano Judicial), son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben, los que serán juzgados tarde o temprano por la Corte Penal Internacional.


[1]http://eju.tv/2010/08/otro-informe-apunta-a-ministro-llorenti-y-polica-por-violencia-en-caranavi/

[2]https://www.radiofides.com/es/2017/11/07/oscar-farfan-sacha-llorenti-armo-una-mentira-sobre-la-intervencion-a-caranavi-en-2010/

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