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Programa neoliberal a la medida de los empresarios

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Programa Nacional de Empleo.

Masas

El “Programa Nacional del Empleo” aprobado por el gobierno transitorio mediante decreto supremo 4272, es todo un programa gubernamental neoliberal. Sus disposiciones se orientan esencialmente a salvar a las empresas privadas ampliando los mecanismos de apoyo financiero, a imponer la disciplina fiscal a través de la reducción del gasto público, a limitar la participación estatal en el empleo y a la privatización de empresas y proyectos públicos.

 

En el programa, la generación de empleo a cargo del Estado es la parte menos importante. Se limita, por un lado, a repetir la experiencia del PLANE: creación de empleos eventuales en pequeñas obras a cargo del FPS y financiado con hasta 100 millones de bolivianos en obras de rehabilitación de infraestructura de salud, educación, agua y otras realizadas por los municipios y gobernaciones. Por otro lado, los municipios y gobernaciones que actualmente tienen algún plan de empleo o administren algún servicio de intermediación laboral (las famosas “bolsas de trabajo”), deben reorientarlos hacia sectores productivos o de servicios de las micro, pequeñas y medianas empresas; asimismo, deben priorizar la contratación de mujeres, jóvenes, discapacitados y personas en “riesgo de perder su empleo”.

Contrariamente, el gobierno crea varios fondos para salvar a las empresas privadas endeudadas con los bancos y que son responsables del despido de miles de trabajadores. Primero, crea el fondo FORE de 12.000 millones de bolivianos para que los bancos reprogramen hasta el 50% de cada crédito que las empresas privadas no pueden pagar. Segundo, establece otro: FEGASEC, de 1.100 millones de bolivianos, para garantizar también el 50% de nuevos créditos y títulos de deuda que contraigan las empresas a partir de la fecha. En ambos casos, los recursos que provendrían del Tesoro de la Nación y de préstamos externos, serían administrados por los bancos, que tendrán garantizada la obtención de ganancias por prestar dinero.

Pero el plan de apoyo a los capitalistas va más allá. Se establece la titularización de las carteras de crédito de los bancos; es decir, se permite que, mediante la emisión de títulos de deuda, los bancos obtengan recursos frescos para continuar prestando, transfiriendo los riesgos a los inversionistas de bolsa, entre los que destacan en nuestro país las AFP, que administran los recursos de jubilación.

Para las empresas pequeñas y medianas dispone otro fondo, FA-BDP, para garantizar nuevos créditos, sumándose al programa creado en abril de este año, pero que no ha funcionado hasta el momento.

Asimismo, se establece el FOGAVISS como fondo para garantizar créditos de vivienda social, en base a un fideicomiso de hasta 5.000 millones de bolivianos que estará vigente por 30 años. Los recursos iniciales provendrán de la Agencia Estatal de Vivienda, 500 millones y luego del 70% del aporte patronal de vivienda. En ambos casos serán los bancos PYME, cooperativas de ahorro y mutuales los que administrarán los recursos que provienen del salario diferido de los trabajadores.

El plan gubernamental incluye otras medidas sectoriales, como la inmediata disposición de créditos para las cooperativas mineras con los saldos del FOMIN. Sin embargo, destaca la “habilitación” de la categoría de semilla certificada B (que no requieren certificación de origen genético) para las campañas agrícolas de este año; medida que coincide con las políticas de apoyo a la agroindustria, mediante la ampliación de la frontera agrícola a título de garantizar la “seguridad alimentaria”.

Repitiendo el discurso del ajuste neoliberal y contradiciendo el mismo nombre del programa, se determina la reducción del gasto corriente que afectará el empleo público. Las entidades del gobierno deben reducir en 15% sus saldos presupuestarios no ejecutados a la fecha, excepto el Magisterio, Salud, FFAA, Policía y empresas públicas. Se debe restringir gastos de pasajes y viáticos. Aunque no se toca el ítem de Servicios Personales, sí se reducirán acefalías y el 20% de personal eventual y de “consultores en línea” que no tengan financiamiento externo.

La cereza en la torta es la intención de privatizar diversas áreas estatales. Primero, se determina que las empresas 100% estatales, deben presentar un Plan de Factibilidad de corto plazo (proyección a marzo 2021) para determinar si son o no sostenibles, plan que no debe contemplar ningún apoyo estatal adicional. Con ese plan, los ministerios cabeza de sector aplicarían medidas de reducción de gastos, optimización de recursos y reestructuración administrativa, lo que constituye una amenaza de cierre de las empresas. Segundo, se promueve la inversión privada mediante “concesiones”, es decir, cesión de la construcción, mantenimiento y operación de obras a las empresas privadas (probablemente caminos); por otro, a través de “alianzas estratégicas” que no son más que contratos de inversión conjunta, al pleno estilo de los joint ventures de la capitalización gonista. Finalmente, se determina que en 90 días se aprobará un cronograma de “conversión” de las empresas públicas al régimen de la Ley de la Empresa Pública, aprobada durante el gobierno de Evo Morales, que permite la incorporación de capitales privados a las Empresas Corporativas, como sucedió con Yacimientos de Litio Boliviano y como se pretendía con COMIBOL.

(Publicado en Masas Extra, periódico del Partido Obrero Revolucionario, el 29 de junio de 2020)

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