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Una nueva mirada a nuestra herida histórica

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En una conferencia de prensa realizada en la sede nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, un grupo de organismos de derechos humanos presentó una carta en la que llamó a organizaciones similares y al movimiento popular en su conjunto a reunir sus fuerzas para que el venidero 24 de marzo, fecha en que se conmemora otro trágico aniversario del golpe de estado que en 1976 diera inicio a la última dictadura argentina, se empiece a centrar el reclamo de Justicia sobre el poder económico que promovió el golpe, administró y abultó las cuentas de los genocidas, garantizó la impunidad de los asesinos durante mucho tiempo y sobrevivió a la caída de los dictadores, indemne, hasta nuestros días.

 

La carta abierta lleva la firma de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comisión por la Memoria de Campo de Mayo, Movimiento por la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos (MoPaSol), Trabajadores de Ford y Asociación Vorwärts.

La presentación corrió por cuenta de un panel integrado, entre otros, por las presidentas de la LADH, Graciela Rosemblum e Iris Pereyra, y su secretario, José Schulman. Vale destacar que Iris Pereyra es también madre del niño Floreal "Negrito" Avellaneda, bestialmente torturado y asesinado por los funcionarios del régimen genocida en 1976.

En el documento, presentado el pasado viernes, las mencionadas organizaciones llamaron a que "en este 24 de marzo denunciemos al Imperialismo que nos amenaza; exijamos juicio y castigo para el Poder Económico que ayer gestó y se benefició del Genocidio y que todavía sigue siendo el Poder Real para expoliarnos, destruir el medio ambiente e imponer leyes represivas como la llamada Ley Antiterrorista, mientras la corporación judicial sigue entorpeciendo el proceso (...) que debe hacer realidad nuestras comunes banderas históricas de Verdad, Memoria y Justicia".

En el pliego también se destaca que el pedido se realizó en función de una iniciativa de los concurrentes al "Primer Encuentro Sudamericano sobre Empresas y Terrorismo de Estado" (que se realizó en la ex Esma en noviembre pasado) y en él también se denuncia que el poder económico del Genocidio Argentino "tuvo nombre y apellido", punto en el que explicita: Ford, Mercedes Benz, ACINDAR y Ledesma. Agrega que este poder "fue mucho más que la pata civil de la dictadura" y que "sigue siendo el centro del Poder Real". Asimismo, declara: "ese Poder ayer nos desaparecía y hoy busca imponer ajustes como en Grecia o Italia y ocupa nuestras Malvinas con una base militar de la OTAN, mientras conspira contra los pueblos americanos y siembra de bases militares y fuerzas especiales todo el continente".

El punto de la Liga

En el marco de la presentación de la carta con que los organismos de derechos humanos llamaron a unir fuerzas para que el 24 de marzo próximo se empiece a poner más firmemente las miras de la Justicia sobre los responsables económicos del terrorismo de estado, José Schulman, secretario de la LADH, tomó la palabra y manifestó, entre otras cosas, que al poder económico responsable del Genocidio, no basta sólo con enjuiciarlo y "ponerlo de relieve", sino que también es necesario "discutir cómo revertimos todos los cambios que ese poder impuso en la Argentina y de los que se sigue beneficiando".

Schulman agregó que desde el organismo del que es secretario nacional "impulsamos los juicios contra la Ford, contra Mercedes Benz y contra ACINDAR; apoyamos otras iniciativas y estamos convocando junto con los trabajadores de la Ford a un acto en homenaje a los compañeros desaparecidos de esa empresa, en la puerta de la Ford en Pacheco, para el 20 de marzo y un acto en homenaje a las víctimas de Campo de Mayo", el cual, como se sabe, fue el mayor campo de concentración que los genocidas funcionales al gran capital instalaron en nuestro país.

Ocho juicios abiertos en febrero

Durante los últimos días comenzaron en Córdoba y Tandil dos juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En el primero de los casos se juzga a los ex policías

Pedro Nolasco Bustos, Jorge Woroná y José Filiberto Olivieri; en tanto que en la ciudad bonaerense los imputados son los ex militares Julio Tommasi, Roque Pappalardo, José Ojeda y los civiles Emilio y Julio Méndez.

El Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba, empezó a sustanciar el juicio a ex miembros del Comando Radioeléctrico de la policía provincial por el fusilamiento de los militantes de la Juventud Peronista, Jorge Manuel Diez, Ana María Villanueva y Carlos Delfín Oliva, ocurrido el 2 de junio de 1976.

Por su parte, a Tommasi, Pappalardo, Ojeda, Emilio y Julio Méndez, se los juzga por la privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos y homicidio, en perjuicio del abogado Carlos Alberto Moreno. De este modo, con los debates de Córdoba y Tandil, son ocho los juicios orales que se llevan a cabo en el país.

En Bahía Blanca, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal local sustancia el proceso judicial abierto en el marco de la causa denominada "Bayón, Juan Manuel y otros", donde se investigan crímenes contra los derechos humanos cometidos en perjuicio de 90 víctimas en el área del Quinto Cuerpo del Ejército.

En la ciudad de Buenos Aires, tiene lugar ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 el juicio abierto por la causa conocida como "Plan Sistemático", a Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y otros seis imputados, por 34 casos de apropiación de menores durante la última dictadura.

Por su lado, en La Plata el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 encabeza el juicio en el que se investigan delitos perpetrados en el "Circuito Camps", en la que hay 26 imputados por la comisión de delitos contra 280 víctimas.

Asimismo, en Mar del Plata, se sustancian dos juicios, uno con 17 imputados por crímenes en perjuicio de 85 víctimas cometidos en las comisarías cuarta y primera, en el Centro Clandestino de Detención "La Cueva" y en la Subcomisaría Villa Díaz Vélez, de Necochea. El restante, se realiza por delitos que se perpetraron en los centros clandestinos de detención que funcionaran en la Base Naval de esta ciudad, en la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y en la sede local de la Prefectura Naval.

Rosario y San Juan

En Rosario y ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, se desarrolla el juicio oral contra el ex jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, Ramón Díaz Bessone, y otros cinco imputados, en el que se investigan crímenes ocurridos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Sección Informes de la Jefatura de Policía de esta ciudad, en perjuicio de 86 víctimas.

Y, en San Juan, el Tribunal Oral Federal de la capital provincial, lleva a cabo un debate donde son juzgados Jorge Antonio Olivera, Orlando Martel, Alejandro Manuel Lazo, Daniel Gómez y Horacio Julio Nieto. En este proceso se investigan delitos cometidos en perjuicio de 60 víctimas.

Piden que separen del cuerpo al Consejero represor

El Consejo Ejecutivo del SUTEBA Lomas de Zamora, tal como lo advirtiera en las vísperas de la elección de autoridades del Consejo Escolar, insistió que, en términos educativos, la presencia de Raúl Magallanes en ese cuerpo "resulta nociva y perjudicial al conjunto de la comunidad educativa lomense".

Y recalcó que, además de las ya confirmadas denuncias, asumidas por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos, "Magallanes debe ser desplazado por la política mediante los mecanismos institucionales vigentes en nuestra provincia". Por tanto, Suteba-Lomas reclamó al cuerpo de consejeros escolares la inmediata convocatoria a una sesión extraordinaria para separar de su cargo al ex agente de la policía bonaerense durante la dictadura y el período de la maldita policía duhaldista.

Tras lo que consideró que "los consejeros escolares, a su vez, deben renunciar a las funciones asignadas en la sesión constitutiva del cuerpo, para que se reconstruya institucionalmente éste en una nueva sesión extraordinaria, reivindicando así ante la Comunidad Educativa su compromiso con la Verdad, Memoria y Justicia".

Entre otros, firmaron esta petición la titular de la gremial Adriana Gandoli, el secretario gremial Pedro Ponce Carrasco, su par de Organización Hernán García y Luis D'andrea, quien es secretario de Salud.

Antonio y Ana María, presentes

En la madrugada del 19 de febrero de 1977, cuando volvía de estudiar en casa de un compañero y se dirigía hacia el domicilio de su tía en el barrio porteño de Caballito, el joven militante comunista Antonio Alberto Garbarino fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura. Garbarino se había formado en un colegio de Lomas de Zamora y a temprana edad se incorporó como trabajador al movimiento cooperativo. Así, al tiempo que comenzaba sus estudios en la carrera de Física Nuclear en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, empezó a desarrollar una importante labor en su lugar de trabajo, la cooperativa El Hogar Obrero.

Su secuestro y desaparición, que tuvo lugar cuando sólo contaba con veinte años de edad, movilizó rápidamente a distintos sectores de la sociedad. Desde diversos lugares, incluso la Iglesia por medio del cura de Nuestra Señora de Pompeya, se exigió la aparición con vida del joven comunista. Pese a los incesantes esfuerzos de compañeros, familiares, amigos y vecinos, así como las gestiones efectuadas ante diversos organismos oficiales e instituciones, Antonio Alberto Garbarino permanece al día de hoy desaparecido por la acción del terrorismo de Estado genocida.

En similares circunstancias, actuando al amparo de la noche y con la misma metodología terrorista, un comando vestido de civil, fuertemente armado, cuyos integrantes procedieron a identificarse como miembros de la Superintendencia de Seguridad Federal, irrumpió en el domicilio de otra joven militante comunista: Ana María Aguirre de veintiséis años de edad.

El episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Lanús, el 23 de febrero del mismo año. Luego de interrogarla, los policías la llevaron por la fuerza. Los familiares de Ana María se movilizaron con rapidez, interpusieron una acción de Hábeas Corpus y reclamaron a la Superintendencia de Seguridad Federal que brindara noticias sobre su paradero. Pese a estos esfuerzos, la acción judicial obtuvo resultado negativo. Habían pasado apenas cuatro días de la irrupción del grupo de tareas policial en la vivienda de Ana María, cuando otro comando terrorista, esta vez identificado como integrante del Ejército, asoló el domicilio de la militante donde interrogó violentamente a su hermana y golpeó a familiares que se encontraban allí.

Hoy, a treinta y cinco años del secuestro y desaparición de estos compañeros comprometidos con la lucha por la vida, la solidaridad y el socialismo, las ideas que alumbraron su pelea y prédica se multiplica en miles que exigen juicio y castigo a todos los responsables del genocidio y claman por el fin de la impunidad.

(Del boletín exterior del Partido Comunista de Argentina)

 

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