
En riesgo de extinción
Roger Cortez Hurtado*
- 15/04/2013
Al leer el titular “Indígenas oficialistas amenazan tomar bienes de la Iglesia en el TIPNIS”, publicado en este diario la semana pasada, sentí que ese encabezamiento estaba profundamente equivocado.
¿Se puede llamar indígena, con propiedad, al dirigente del Conisur, vocero de esas amenazas e instrumento principal de la política antiindígena y antiambiental del Gobierno?
No se trata de un error sintáctico u ortográfico ni legal porque la Constitución consagra en su segundo artículo lo “indígena-campesino” como el pilar del nuevo orden estatal del país. Pero los hechos relacionados con el TIPNIS en los últimos tres años son la prueba concluyente de que indígena y campesino son identidades que se han bifurcado y que tienden a alejarse cada día más.
Hablo de identidades históricas, no de categorías generales, ni de generalidades porque todavía hoy es cierto que la mayor parte de los campesinos tiene origen y mantiene prácticas culturales indígenas. Eso es tan cierto como que lo indígena es hoy en Bolivia una realidad social minoritaria que, entre pueblos de tierras bajas y tierras altas, no alcanza al 5% de la población, en tanto que los campesinos superan cómodamente el 50%.
Indígena y campesino eran identidades intercambiables y, hasta cierto punto, nombres de una realidad única hasta los años 70 del siglo anterior, que es cuando empiezan a manifestarse con fuerza y de manera crecientemente amplificada los efectos de la reforma agraria de 1953. Las consecuencias de aquella medida afectaron a la mayor parte de los indígenas que habitan la región andina y marcaron la ruta propia de la clase social campesina nacida con su aplicación.
Las diferencias que ostentan los campesinos con los indígenas no se limitan ciertamente al tipo de propiedad que predomina entre unos y otros: individual entre los primeros, colectiva entre los segundos. Mucho más relevantes son las relaciones que mantienen con el mercado del trabajo los campesinos, que trabajan como asalariados en el campo y principalmente las ciudades, aunque no es infrecuente que temporalmente muchos de ellos paguen salarios para labores de cosecha, dentro de una dinámica fluida propia de las prácticas de pluriempleo que se han generalizado entre ellos. Más aún, existen reducidos grupos de campesinos exitosos en lo económico, como algunos medianos soyeros y cocaleros que contratan constantemente cantidades significativas de asalariados y lo mismo puede decirse de prósperos importadores, de indiscutible origen campesino, que requieren un número creciente de trabajadores para apoyarlos en sus florecientes actividades. En cambio, los indígenas, ya sean urus, chimanes, chipayas, weenhayek o guaraníes, no pueden pagar salario a nadie y si intervienen en el mercado laboral alguna vez es a título de mano de obra.
las migraciones ya que, contrariamente a lo que se predica en las escuelas, los verdaderos nómadas del siglo XX y XXI en Bolivia son los campesinos; ellos no sólo han hecho crecer las principales ciudades del país, si no que emigran a otros países, sea como zafreros, constructores o sastres. Los pueblos indígenas, inclusive los con fama de nómadas, son realmente sedentarios, en el sentido de que se arraigan profundamente en sus territorios.
Los campesinos piensan en términos de tierra; los indígenas en territorio. Es por eso que el Gobierno actual, como indiscutible representante de los sectores campesinos más prósperos (sea que actúen como comerciantes de tierras, empresarios del transporte, dirigentes cooperativistas, importadores o gestores políticos), respalda las amenazas de “redistribuir tierras”, de manera que se las resten a los indígenas (que “tienen demasiada”, según algunos dirigentes de organizaciones campesinas) para entregarlas a sus bases.
Lo empresario representa en nuestra experiencia histórica nacional el impacto concreto del capitalismo sobre lo indígena y ese impacto es real, sensible y verificable. Las contradicciones entre campesinos e indígenas existen, a pesar de la historia compartida de humillaciones, discriminación y exclusión, que determinó la compacta alianza entre ambos gracias a la cual se hizo posible el nuevo ciclo histórico por el que atravesamos. Los conflictos entre ambos no son antagónicos, por necesidad o naturaleza, pero pueden alcanzar ese rango si se deja que el Gobierno los continúe conduciendo como hasta ahora.
Roger Cortez Hurtado es investigador y docente.
secreto de fuente informativa
En riesgo de extinción

Roger Cortez Hurtado*
Martes, 13 de mayo de 2014
Desde que las más altas autoridades decidieron echar humo y sombras sobre la investigación referida al control que ejercen sobre una amplia red de medios de difusión privados, dejaron claro que se iban a emplear a fondo en conseguir su objetivo. El intento de hundir la credibilidad del autor de Control remoto alcanzó el nivel propio de un linchamiento mediático.
Sin embargo, el dispositivo para proyectar la imagen de Raúl Peñaranda como un malévolo agente extranjero encubierto, no consiguió ningún éxito y, por el contrario, su aparatoso despliegue ha llamado la atención del público que se informa a través de los principales medios de la "red paraestatal”, alimentando una susceptibilidad previamente difusa y muy localizada.
Una pizca de humor, o estudiada indiferencia de los personeros del Gobierno, acompañada de una instrucción para que sean los responsables legales de tales medios y no ministros, viceministros y voceros oficiales y oficiosos, quienes respondan lacónica o sarcásticamente a tales versiones habría cubierto el asunto con mucha mayor eficacia. Prefirieron el tremendismo y la alharaca y cosecharon un best seller y una víctima que arranca solidaridad y empatía.
Para remediar el fracaso de los escopetazos, deciden recurrir a los cañonazos, al sugerir la posible comisión del delito de espionaje por parte esta vez de….. La Razón, probablemente el medio más prominente de la red. Así, el procurador del Estado ha puesto en marcha, con pompa y teatralidad, un juicio contra la directora y un periodista de ese matutino, lo que se ha cumplido con tal diligencia que el juez de la causa ha decidido ejercer máxima presión para que los imputados "revelen las fuentes” de la "información confidencial” sobre la estrategia boliviana en La Haya, publicada por ese medio.
Con lo que ha pasado con las redes de extorsión, en las que los acusados de haber sido sicarios judiciales oficiales fueron primero abandonados y luego transformados en parias, no puede saberse si la representación para demostrar que el Gobierno no guarda ningún vínculo secreto con los medios escrutados, se zafa de las manos y lleva al sacrificio de al menos uno de los acusados, con el beneficio de la credibilidad que aportaría al montaje. Se supone, en principio, que tal posibilidad está descartada, pero nunca se sabe qué criatura puede nacer al mezclar un enardecido gesto de acusación de la cúpula del poder político con los procedimientos de un aparato judicial desquiciado y los comportamientos de jueces y fiscales.
La inocencia del periodista y cualquier otro imputado por la misma cuestión está fuera de cualquier duda y el procedi miento judicial es forzado y absurdo, pero el hecho de que el Vice se haya visto forzado a aclarar que la persecución es contra un "infidente estatal” y no contra el periódico amigo, puede tomarse como señal de que el proceso podría tener víctimas colaterales.
La huida hacia adelante, que aparentemente se repite con la intención de tapar la red de medios amigos que arropan al Gobierno, no le ha resuelto ningún problema y se los ha complicado siempre. Así ocurrió con el proyecto de carretera al TIPNIS, cuya existencia se trató de negar en principio y se enredó con las supuestas siete alternativas de diseño, la represión y persecución de los indígenas, la consulta postiza y póstuma y la promesa de construir una carretera ecológica, con túneles fantásticos y puentes sobre los árboles.
La inclinación a la grandilocuencia y la propensión de recubrir todos sus actos, aun los más ruines, con un barniz épico incrementa la propensión al ridículo y al agravamiento de las faltas y delitos cometidos. Eso lleva a que la decisión de aferrarse al poder se incremente, como prueba lo que se conoce del nuevo mapa electoral que ayudaría a fabricar una mayoría de 2/3, allá donde no existe, tal como se previno desde esta columna hace mucho más de un año.
Negar y ocultar son ejes motores de la estrategia para prolongar la sensual y abusiva utilización del poder y prevenir que la rendición de cuentas y la exigencia de responsabilidades lleguen alguna vez.
*Es investigador y director del Instituto Alternativo.
Alejandro Almaraz
Martes, 10 de septiembre de 2013
Es muy frecuente y razonable que en el debate político se compare la gestión de gobierno, y sus resultados, con los de gobiernos anteriores. Más aún si el gobierno en cuestión, como el presente, proclama su carácter revolucionario y promete profundas transformaciones en la sociedad y el Estado. En el último tiempo, los resultados de este ejercicio han sido cada vez más pobres y reprobatorios para las expectativas del oficialismo, y, a falta de muestras concretas y tangibles de los cambios revolucionarios, algunos de sus voceros analíticos han tenido que conformarse con afirmar que las cosas no están tan mal como antes. Pero a estas alturas, ni siquiera a ese patético consuelo puede acudir el oficialismo si es mínimamente veraz, pues en varios ámbitos institucionales fundamentales para el devenir global de la sociedad, el sentido real del cambio pregonado por el Gobierno es el del franco retroceso. Este es el caso, entre varios otros de igual importancia, del sistema de justicia.
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Redacción de Aquí
Desde antes del amanecer del miércoles 11 de septiembre vías estratégicas de la ciudad de la Paz ya estaban bloqueadas con piedras y escombros; las que estaban custodiadas por vecinos del lugar. Desde que la Asamblea de la Paceñidad, el pasado 26 de agosto, convocó al paro cívico, el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) descalificó a la medida, tipificándola de una acción “política” de su rival Movimiento Sin Miedo (MSM); además, adelantó que los bloqueadores serían funcionarios de la municipalidad paceña dirigida por Luis Revilla, militante del MSM.
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- 16/04/2013
“Un par de horas antes de la presentación tuvimos la oportunidad de conversar”, comenta Silvio, en referencia al presidente Evo Morales, con quien se reunió en Santa Cruz. A continuación, fragmentos del texto que el cantautor puso en su blog Segunda Cita.
silvio rodríguez
El histórico concierto del lunes en Santa Cruz, el antes y el después
MÚSICA La capital cruceña acogió una inusual movilización en torno al arte. Detalles y entretelones.
Martin Zelaya / Santa Cruz - 16/04/2013
Martes 16 de abril, 11:37. En una de las mesas del café bar del hotel Los Tajibos de Santa Cruz, una joven mujer de pelo castaño y enormes ojos claros revisa unos papeles mientras toma sorbo a sorbo un café puro.
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Para el poder, descubrir la fuente de información se constituye en una obsesión.
http://www.la-razon.com/bbtfile/3002_20140120lpbUBl.jpg" >

La Razón (Edición Impresa) / Lourdes Montero
12 de mayo de 2014
Recuerdan ustedes la película clásica All the President's Men. En 1976, Alan J. Pakula cuenta la historia de dos intrépidos reporteros del Washington Post que se atrevieron a desafiar el poder de la Casa Blanca en un caso que hoy se conoce como Watergate. Uno de los ejes del relato se centra en los esfuerzos de los protagonistas por ocultar la identidad de sus confidentes, en especial de Garganta Profunda, la fuente clave de toda la trama.
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Nada de lo que está en el reportaje de Ricardo Aguilar es de utilidad alguna para el ‘enemigo’.
http://www.la-razon.com/bbtfile/3002_20140428PrCYIG.jpg" >

La Razón (Edición Impresa) / Rafael Archondo
00:00 / 12 de mayo de 2014
Estoy entendiendo que no solamente hay un periódico prochileno, hay dos periódicos prochilenos. Los abogados verán qué acciones van a tomar”. Evo Morales pronunció la temible advertencia un día después de haber entregado, ante el máximo tribunal de La Haya, la memoria que contiene la demanda marítima de Bolivia.
Leer más...Vamos a andar
Rafael Puente*
Hace siete años, cuando Evo Morales decide liberar a Bolivia del omnipoder petrolero y obliga a todas las empresas a firmar nuevos contratos que cambian radicalmente las condiciones de la producción de hidrocarburos en nuestro país, formula adecuadamente la nueva situación con la frase: Queremos tener socios, pero no jefes. De esa manera quedaba claro que lo que se estaba nacionalizando era la propiedad del recurso, no las empresas que lo producían, que pasaban efectivamente a la calidad de asociadas del Estado boliviano y dejaban de ser las propietarias del gas y petróleo que extraían (como había establecido en su momento el gobierno del llamado Goni).
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